PSOE y Junts se reúnen por cuarta vez en Suiza y pasan a una nueva fase tras la aprobación de la amnistía

Era uno de compromisos firmados por PSOE y Junts en su acuerdo político del pasado noviembre. Una reunión mensual con mediador internacional. La primera se celebró el 2 de diciembre en Suiza, rodeada de una enorme expectación mediática, y de ella salió el nombre del verificador: el salvadoreño Francisco Galindo. De las dos siguientes ninguno de los dos partidos informó posteriormente. El cuarto de los encuentros se produjo ayer viernes, 15 de marzo, también en Suiza, y tras él sí hubo esta vez un comunicado. Una breve nota conjunta de apenas dos párrafos. La cita tiene el valor de que, superada la montaña de la ley de amnistía, ahora los dos partidos se disponen a hablar tanto del reconocimiento nacional de Cataluña como de una nueva financiación, los dos asuntos que vertebran el pacto suscrito en noviembre. Además, los negociadores se vieron apenas dos días después de que Pere Aragonès fijara las elecciones catalanas para el 12 de mayo.

El comunicado, remitido a las 12 horas de este sábado, señala que las delegaciones de PSOE y Junts mantuvieron su cuarta reunión en el país helvético. En la cita, se puso en valor "la aprobación de la ley de amnistía, que era una de las condiciones pactadas para poder abordar la resolución del conflicto político".

Una vez que el pleno del Congreso validó el nuevo dictamen y lo remitió al Senado para su tramitación parlamentaria, entienden los dos partidos que se abre una nueva fase en sus relaciones. La aprobación de la ley "permitirá a las partes poner en marcha los equipos de trabajo en los dos grandes ámbitos acordados".

La aprobación de la ley de amnistía, dice la nota, "permitirá a las partes poner en marcha los equipos de trabajo en los dos grandes ámbitos acordados"

La nota no lo explica, pero remite a la letra del acuerdo de noviembre, rubricado en Bruselas por el secretario de Organización de Pedro Sánchez, Santos Cerdán, y el secretario general de Junts, Jordi Turull. Entonces se pactaron dos mesas de trabajo. Una, sobre el "reconocimiento nacional" de Cataluña. Las posiciones de partida son antagónicas. Junts plantea un referéndum de autodeterminación amparado en el artículo 92 de la Constitución española. Y el PSOE apuesta por un "amplio desarrollo" del Estatut de 2006, "así como el pleno despliegue y el respeto a las instituciones del autogobierno y a la singularidad institucional, lingüística y cultural de Cataluña".

La otra mesa abordará el déficit de financiación de la comunidad. De nuevo, con posturas muy distanciadas. Los posconvergentes buscan una modificación de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) que permita "la cesión del 100% de todos los tributos que se pagan en Cataluña". En cambio, los socialistas quieren medidas que persigan "la autonomía financiera y el acceso al mercado" de la comunidad, y un "diálogo singular sobre el impacto del actual modelo de financiación", caducado en 2014, sobre Cataluña. También se incluye aquí un plan para facilitar la vuelta de las empresas que se marcharon en pleno procés.

Por tanto, ahora se empezará a trabajar en esas dos mesas —reconocimiento nacional de Cataluña y nueva financiación—, aunque con escasas posibilidades de acercamiento, dadas las posiciones de partida tan divergentes. Ambas "se añadirán a las que ya existen en el ámbito de la lengua catalana y de la ley de delegación de competencias en inmigración, y asegurar el cumplimiento del acuerdo de Bruselas".

Limitaciones a la delegación de competencias

Los de Carles Puigdemont han sido muy insistentes, desde que comenzaron las conversaciones para la Mesa del Congreso, con el reconocimiento del catalán. Ya se modificó el reglamento de la Cámara baja para ampliar el uso de las lenguas cooficiales, pero la oficialidad del catalán en la Unión Europea tardará mucho más en llegar, pese a que el Gobierno sí ha ejercido presión, especialmente en su semestre de presidencia del Consejo de la UE. La delegación de competencias en inmigración fue uno de los acuerdos alcanzados en enero con Junts, en el pleno de los decretos. Los posconvergentes quieren una gestión integral de la inmigración, pero el propio presidente dejó claro que el control de fronteras y la lucha contra la migración irregular son una potestad exclusiva del Estado que no cederá.

Puigdemont, Turull y Nogueras fueron pillados este sábado en Zúrich. Por la parte socialista, acudieron a la cita Cerdán, Serrano y Garzón

La nota de PSOE y Junts no detalla quiénes participaron en la reunión, pero fuentes de Ferraz sí confirmaron que hasta Suiza se desplazaron Santos Cerdán y su adjunto en Organización, el diputado Juanfran Serrano, y el coordinador del área, Eladio Garzón. La delegación de los posconvergentes ha estado compuesta hasta ahora por el expresident Carles Puigdemont, Jordi Turull y la portavoz del partido en el Congreso, Míriam Nogueras. No se especifica en el comunicado si acudió al encuentro el mediador internacional, el salvadoreño Francisco Galindo. Tampoco se aclara la ciudad, aunque este sábado los tres negociadores juntaires fueron pillados desayunando en un hotel de Zúrich, como publicó ElNacional.cat.

El hecho de que tras esta cuarta reunión hubiera un comunicado goza de relevancia. Porque tras la primera cita en Suiza, rodeada de cámaras y periodistas, no se había dado cuenta de ninguna más. Pero se han celebrado tres más, una por mes, lo que indica que el acuerdo de noviembre se está cumpliendo escrupulosamente en cuanto a ese compromiso de entrevistas mensuales. El anterior encuentro tuvo lugar, según adelantó El País, el 23 de febrero, y en él se empezó a despejar el pacto sobre la ley de amnistía y quedó claro que los posconvergentes querían apuntalar la legislatura.

Esta cuarta reunión llega justo tras la aprobación por el pleno del Congreso de la ley de amnistía —ahora dormirá dos meses en el Senado, hasta que vuelva a la Cámara baja para su respaldo definitivo— y apenas dos días después del anuncio del adelanto de las elecciones catalanas, que se celebrarán el 12 de mayo. Los socialistas, por tanto, quieren demostrar que la relación con Junts continúa y se va consolidando, incluso en tiempo preelectoral. Señal que también le sirve a los de Puigdemont en su eterna pugna con ERC.

Así lo evidenció, de hecho, Laura Borràs, presidenta del partido, este sábado en declaraciones a los medios: "Nosotros las reuniones [con el PSOE] las hacemos puntualmente, las hacemos mensualmente y las hacemos para abordar los temas que ya hemos explicado en su momento. Hay quienes no saben cuándo se reunirán", señaló, aludiendo implícitamente a ERC. Borràs rechazó dar detalles de las negociaciones porque se necesita "máxima discreción" para que lleguen "a buen puerto". Es la norma, añadió, para "poder continuar trabajando con discreción, con rigurosidad, con profesionalidad y con solvencia".

Borràs aprovecha para arremeter contra ERC: "Hay quienes no saben cuándo se reunirán". La cita en Suiza ha llegado también tras el adelanto de las catalanas al 12-M

Sánchez se ha visto obligado a renunciar a los Presupuestos de 2024, pero desde su equipo ya advertían el pasado jueves de que no se paralizan otras leyes en tramitación en el Congreso. Los independentistas, indicaban fuentes del máximo nivel, no han trasladado el mensaje de que quieran bloquear todas las iniciativas hasta pasadas las elecciones. Es decir, que las negociaciones se mantendrán abiertas para todas las leyes que están ya tramitándose en la Cámara baja, donde se toman decisiones cada semana. El Gobierno, por tanto, busca lanzar el mensaje de que la relación con sus socios —incluso la que es más complicada y conflictiva, la que le liga a Junts— goza de buena salud y se va consolidando. Sánchez necesita dejar claro que la estabilidad está garantizada y que su mandato se extenderá, según ha pregonado, cuatro años.

La número dos del PP, Cuca Gamarra, acusó este sábado a los socialistas de abordar, en su reunión con Junts, "cómo va a ser el referéndum de autodeterminación". Los socialistas han negado una y mil veces que vaya a aceptar un plebiscito de independencia. También insiste en que no habrá pacto fiscal para Cataluña, tampoco una financiación "singular", como le exige igualmente ERC. El pasado miércoles, de hecho, el presidente respondió a la portavoz de los republicanos en el Senado, Sara Bailac, que su Ejecutivo entiende la necesidad de que el nuevo sistema de financiación autonómica tenga una "respuesta multilateral". No bilateral.

Queda pendiente aún la reunión de Sánchez y Puigdemont. También con Oriol Junqueras, líder de ERC. Pero en la Moncloa ya añadían esta semana que el presidente cumplirá su compromiso, pero siempre después de que se apruebe de manera definitiva la ley de amnistía. No antes, por tanto, de finales de mayo o primeros de junio. O sea, después de las elecciones catalanas del 12-M.