El PP descarta plantear un "conflicto institucional" por la amnistía al TC como le pide Vox

La respuesta de Vox al informe negativo de los letrados del Senado por la amnistía no se ha hecho esperar. Santiago Abascal, presidente de la formación, abría la lata a primera hora de la mañana apuntando que "los letrados de Senado también confirman el golpe a la Constitución" que, a su juicio, "está dando este presidente corrupto", en referencia a Pedro Sánchez. Corrupción política, matizó en el pleno que el jueves aprobó la amnistía, por "cambiarla por siete votos". Antes del medio día, desde el Congreso de los Diputados, la portavoz parlamentaria, Pepa Millán, retomaba una idea sutilmente lanzada en la rueda de prensa posterior al Comité de Acción Política del lunes: el "conflicto institucional".

Millán hacía referencia al "durísimo y extenso" informe emitido por el equipo jurídico del Senado, incidiendo en que "se admite la inconstitucionalidad" de la amnistía siguiendo la línea marcada por la Comisión de Justicia de la Cámara Baja en el mes de enero. Es más, remarcó que el documento expresa que esta es "una reforma constitucional encubierta" y "un fraude de ley". Porque "ataca el sentido de la constitución, que es la unidad" y la igualdad.

En ese sentido, Millán apuntó que "los letrados vienen a dar la razón a Vox de lo que llevamos diciendo meses y por lo que se nos ha ridiculizado". Dijo que "no hay un modo legal de dar un golpe de Estado", que es lo que Vox atribuye al Gobierno de coalición, en especial a la cuota socialista. Y, tras ello, volvió a lanzar la reclamación que desde finales del año pasado viene haciendo a los populares: "no abordar desde la normalidad algo que no lo es en este momento". Se pide, a conciencia, no atender a los mecanismos para contrarrestar una norma que no sigue los cauces adecuados a ojos de los letrados.

Vox no solo pide al PP que paralice la tramitación de la ley de amnistía en el Senado, algo que sería claramente inconstitucional y que en uno de los informes emitidos en el Senado recalca que es obligatorio. De hecho, los populares ya tienen asumido desde noviembre que deberán tramitar sí o sí la norma, aunque con el plazo de dos meses ya vigente tras su reforma del Reglamento para alargar a voluntad el proceso. Ahora los de Abascal solicitan de nuevo que se declare un "conflicto institucional" entre el Congreso y el Senado para que sea el Tribunal Constitucional quien tenga que resolver. O bien mediante la convocatoria previa de pleno en la Cámara Alta para pedir al Congreso que retire la iniciativa, o bien siendo el PP quien acuda directamente al Alto Tribunal solicitando el amparo. "Está previsto en la ley, le pedimos valentía", trasmitió Millán. Son dos fases previstas en el informe de 69 páginas de los letrados del Senado.

Vox se ampara en el artículo 2.1.d de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional para que se pronuncie antes de que se apruebe la ley

"El PP tiene que ser valiente y usar sus mayorías absolutas" [el propio nacimiento de Vox se atribuye al desistimiento del Gobierno de Rajoy a abordar cuestiones ideológicas con su mayoría]. Millán cuestionó que Génova solicitase en la Cámara un informe para "ver las consecuencias de no admitir la ley". Y aunque el PP lo hizo para tener constancia de todos los escenarios posibles, Vox plantea que fue por "estar más preocupados de sí mismos" que de la propia amnistía. En Vox, pese a ser conscientes de que la no tramitación sería inconstitucional, fuentes del grupo consideran que pesa más la inconstitucionalidad que ha trasladado el Congreso al Senado.

"Esta ley ha llegado de forma ilegal, se cambió al letrado para dar luz verde; se han saltado informes de asociaciones y jueces; y el trámite parlamentario debió caer en la anterior votación" por el rechazo de Junts, ejemplificó algunas de las razones Millán. "Hay un Congreso que dice sí habiendo manipulado los controles previos de las instituciones" y "un Senado que dice que no a la ley", añadió.

En referencia a ese "conflicto institucional", Millán comentó que "el PP estaba dispuesto a hacerlo con la senda de déficit para los Presupuestos", al no compartir la propuesta del Gobierno. "Ahora puede hacer lo mismo con la ley de amnistía". Se confía así en el artículo 2.1.d de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, el cual establece que este órgano atenderá en caso y forma "los conflictos entre órganos constitucionales del Estado". Entre ellos, las dos cámaras.

El PP sigue abogando por ir al TC cuando se apruebe

Pasadas las doce y media de la tarde, el portavoz del PP, Miguel Tellado, comparecía de manera posterior a la Junta de Portavoces del Congreso. Éste, preguntado por el órdago de Vox, recalcó la posición popular. "Creo que el informe es tremendamente claro. Por lo tanto, sólo podemos actuar contra la ley de amnistía dentro del marco legal que tenemos. El segundo informe es tremendamente claro al resaltar la inconstitucionalidad de la ley, y se coincide con los letrados de la Comisión de Justicia. Si se ha podido aprobar, es con la connivencia del letrado mayor y bajo las exigencias de Armengol", dijo Tellado. El gallego cargó contra Fernando Galindo, calificándole de ser un "letrado seleccionado a la carta" frente "al resto de letrados" posicionados "en contra".

Tras ello, Tellado aclaró que una vez avalada la inconstitucionalidad en el Senado eso no quita que la ley "pueda ser combatida a continuación". El PP irá al TC y presentará un recurso de inconstitucionalidad. Pero asegura que no procederá en contra de la legalidad. En esa línea, el portavoz socialista, Patxi López, recalcó que si hay algo que dice el informe es que "hay que validarla". "Es el TC quien decide si una cosa es constitucional o no lo es. Nadie más".

Ante esta negativa Vox no contempla movilizaciones en las calles. Pero sí, como ya viene anunciando, estudia querellas a los miembros de la Mesa, con mayoría al PP. Algo que ya hizo evitando incluir a los populares cuando se querelló contra Armengol y el resto cargos de la Mesa del Congreso del PSOE y Sumar.