Las normalmente rutinarias reuniones de la Mesa del Senado se han transformado hoy en un debate de fondo sobre la controvertida ley de Amnistía. El órgano de Gobierno de la Cámara Alta le ha dado trámite, pero con el sorpresivo rechazo de los socialistas, por entender que las consideraciones que los letrados hacen en el texto respecto a las dudas de constitucionalidad de esta proposición debieran haber ido en un documento anexo y no en el texto de admisión a trámite. No deja de ser paradójico que dicha admisión haya sido posible sólo por el respaldo del PP, entre otras cosas porque los letrados habían advertido del riesgo de cometer un delito de prevaricación en caso contrario.

"Era una trampa. Así no", arguyeron fuentes socialistas para justificar su posición. Creen que el texto presentado por el presidente del Senado, Pedro Rollán, tiene mucho de reproche al Congreso y a su comisión de Justicia, encargada de los dictámenes de la ley en la Cámara Baja. A partir de este punto hay dos versiones claramente contradictorias. Los mismos medios aseguraron que habían decidido no votar, pero los letrados de la Mesa aseguran que los socialistas sí votaron, y lo hicieron en contra. En fin, todo lo galimatías para un texto que inicia su andadura en el Senado y cuyo trámite parlamentario debe culminar como muy tarde el 16 de mayo.

El PSOE llama califica de "trampa" los términos en que se ha presentado la admisión a trámite

En el Grupo Socialista arguyen que las admisiones a trámite son actos poco menos que automáticos conforme al artículo 104 del Reglamento del Senado, por lo que no necesitan de votación y que, además, nunca se incorporan observaciones de índole político o jurídico a esas admisiones. Dicho artículo, en su apartado dos, señala, respecto a los proyectos y proposiciones de ley que llegan del Congreso, que la Mesa del Senado, "en la primera sesión siguiente a su recepción, declarará la competencia de la comisión que haya de conocer" dicha ley y dispondrá la apertura del plazo de presentación de enmiendas. En cambio, los populares, con mayoría en dicho órgano, replican que "estamos continuamente votando mociones, peticiones de comparecencia en pleno y proposiciones de ley por asentimiento" hasta el momento en que alguien presenta objeciones, como ha sido el caso.

Y respecto a si en el texto de tramitación de la ley podrían haberse ahorrado las consideraciones de los servicios jurídicos de la Cámara, admiten que "es la primera ley que viene del Congreso con estos antecedentes y no hay precepto que impida a los letrados explicar sus consideraciones". Además, "si no hubiera consideraciones jurídicas parecería que los letrados están a favor", matizan los mismos medios.

El Senado fusionará sus comisiones de Justicia y de Constitucional por las que irán desfilando distintos expertos para expresar su opinión sobre la ley de Amnistía. En principio, los populares tienen previsto agotar el plazo de dos meses, aunque habida cuenta de que las elecciones catalanas tienen lugar el 12 de mayo, quizá les interese adelantar el pleno que decidirá el destino de la ley antes de volver al Congreso. Además, han pedido sendos informes al CGPJ y a la Comisión General de Comunidades Autónomas, todavía pendientes.

Otra de las vías a explorar por el Grupo Popular es presentar un "conflicto de órganos constitucionales", esto es, pedir un pleno del Senado para que éste requiera al Congreso la retirada ley.