El Gobierno español volvió a autorizar la venta de material antidisturbios a la policía marroquí tras quince años de parón. La reanudación de las exportaciones coincidió con el histórico cambio de posición en el conflicto del Sáhara y se produjo en el año de la tragedia del salto a la valla de Melilla en el que el uso excesivo de la fuerza por parte de los guardias de fronteras provocó la muerte de menos 37 migrantes.

Es una de las conclusiones que denuncia Amnistía Internacional en el análisis y las recomendaciones al informe anual de ventas de armas del Gobierno español, que pone también el foco en unas exportaciones de material de defensa a Israel, Egipto, Perú o Senegal que despiertan dudas por la falta de respeto a los derechos humanos de los países destinatarios. El Gobierno ha informado este martes de las exportaciones de 2022 y el primer semestre de 2023 en la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados, en un asunto sobre el que Amnistía denuncia la falta de transparencia.

Cartuchos lacrimógenos y grilletes

La organización internacional subraya el hecho de que no se habían producido exportaciones de material antidisturbios a la policía de Marruecos en los últimos quince años. Las últimas databan de 2007. En 2022, en plena recomposición de las relaciones diplomáticas tras la crisis del año anterior, el Ejecutivo de Pedro Sánchez exportó cartuchos lacrimógenos y grilletes por valor de 221.099 euros. En los datos de 2023, el Gobierno aprobó la exportación de grilletes de cadena por un importe de 140.000 euros.

"Las exportaciones a Marruecos se permitieron además pese a los informes que alertaban de que la tortura y otros malos tratos continuaron impunes tanto dentro como fuera de las prisiones, especialmente contra activistas saharauis y del el uso excesivo de la fuerza contra manifestantes en todo Marruecos", alerta la organización.

El primer envío coincidió con el año en el que Madrid recuperó relaciones con Rabat a cambio del giro copernicano en el litigio del Sáhara Occidental, vulnerando el derecho internacional. Amnistía recalca, además, que se hizo en un 2022 marcado por la tragedia de Melilla. En junio de aquel año la represión de las fuerzas de seguridad marroquíes y españolas convirtió el salto a la valla en una masacre, con 37 muertos identificados pero la sospecha fundada de que el número real de fallecidos alcanzó el centenar. Se autorizaron tres licencias de exportación de material policial a Marruecos por valor de 353.700 euros, "el grueso del valor de las licencias con posterioridad a la tragedia", precisa Amnistía.

Negocio tras la matanza de Melilla

La actuación policial a ambos lados de la frontera fue defendida por el ministerio del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Inicialmente también obtuvo el plácet de Sánchez, que la calificó de "bien resulta" para rectificar más tarde, con las dramáticas imágenes de los cadáveres amontonándose junto a la verja.

El episodio ha quedado huérfano de investigación. Hasta 80 migrantes, en su mayoría sudaneses, siguen desaparecidos mientras la morgue de Nador almacena algunos de los cadáveres y las familias se quejan de las trabas que han impedido localizar y dar el último adiós a las víctimas, denunció en junio pasado Amnistía. En julio de 2023 el Comité contra la Tortura, en sus observaciones finales sobre España, instó a investigar cualquier posible responsabilidad de las fuerzas de seguridad en los incidentes ocurridos en la valla fronteriza de Melilla y a tomar todas las medidas necesarias para garantizar que no se repita en el futuro una situación similar.

El informe de Amnistía desveló consideró la actuación de las fuerzas de seguridad marroquíes como constitutiva de tortura y "podría haber dado lugar a homicidios ilegítimos". Según el Informe Anual de AI 2022, las autoridades del país vecino "siguieron violando los derechos de activistas independentistas saharauis mediante arrestos domiciliarios arbitrarios, malos tratos y hostigamiento".

Entre las recomendaciones emitidas, Amnistía pide al Gobierno "revocar las licencias autorizadas en 2022; no autorizar ninguna licencia de exportación de material policial y de seguridad, incluido el material antidisturbios, hasta que se investiguen de forma exhaustiva e independiente todas las denuncias de graves crímenes de derecho internacional como uso excesivo de la fuerza, tortura y desaparición forzada de las personas migrantes por parte de las fuerzas de seguridad marroquíes, la justicia procese a los responsables y las fuerzas de seguridad demuestren en la práctica que utilizan ese material de acuerdo con las normas internacionales sobre el uso de la fuerza".