La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil indaga entre diversas derivadas que el 'caso Koldo' tiene en la Administración Pública. Los agentes preguntaron a Michaux Miranda, el director general de gestión de personas de ADIF (acrónimo de Administrador de Infraestructuras Ferroviarias) sobre la filtración de exámenes.

El 21 de febrero a las nueve y cuarto de la mañana, Miranda acudió a las dependencias oficiales de la Benemérita en Tres Cantos (Madrid) para declarar como testigo en un asunto que él no sabía de qué iba, puesto que permanecía bajo secreto de sumario. Horas después estallaría conociéndose como 'operación Delorme'. Un operativo en el que fueron detenidas una veintena de personas entre ellas el que fuera asesor del ministro José Luis Ábalos (Koldo García), así como su hermano y una serie de empresarios por el cobro de comisiones ilegales, blanqueo de capitales y tráfico de influencias en los contratos de mascarillas durante la pandemia.

Miranda ostenta el cargo de director general desde 2018, año en el que el Gobierno del PSOE llegó al poder, y ha sobrevivido a los distintos ministros de Transportes que han pasado por la etapa del presidente del Gobierno Pedro Sánchez. ADIF fue una de las entidades dentro de ese Ministerio que adjudicó un contrato millonario a una de las empresas de la trama, Soluciones de Gestión, propiedad de Víctor de Aldama.

El alto cargo trató de explicar por qué el contrato se dio a esa compañía señalando que en 2020 "era complejo comprar mascarillas, que era difícil encontrar suministradores que garantizasen la entrega del producto, que en España no había, que había que acudir a China y eso complicaba la logística" y que, por eso, desde su Dirección "establecieron contactos con varios organismos para intentar encontrar una empresa que suministrase las mascarillas".

Miranda señaló que fue Puertos del Estado quien se puso en contacto con la empresa Soluciones de Gestión y que a partir de ahí él habló directamente con Íñigo Rotaeche, uno de los investigados en la Audiencia Nacional. "En cuanto al procedimiento para firmar el contrato, cree recordar que, no está seguro si por el subdirector de prevención de riesgos laborales o por el subdirector de coordinación territorial, se eleva al director de recursos humanos, posteriormente se lo suben al manifestante a la firma y, finalmente, debido al importe, se eleva a la Presidenta de ADIF, Isabel Pardo de Vera", refleja el informe.

Cabe recordar que esta última, como avanzó El Independiente, expresó que el ministro la había presionado para adjudicar con premura los contratos, si bien no había hecho esa presión para que fuera una empresa en concreto. Miranda manifestó que "no hubo muchos contactos telefónicos y por correo electrónico" con la empresa de De Aldama, y "que no se mantuvo ninguna reunión ya que estaban en el punto más álgido de la pandemia". Ni siquiera un encuentro online, dijo.

Este cargo explicó que sí conocía a Koldo, a través de Ábalos, pero que era una relación "estrictamente profesional y que coincidió con él de manera puntual". En cambio, reflejó que no sabía ni quién era el hermano (Joseba García) o el sobrino (Aner García).

Acto seguido, la UCO le preguntó si en sus competencias como director General de Gestión de Personas tiene acceso a los exámenes de oposición de acceso a ADIF, a lo que él contestó "que de él depende la Subdirección de Organización y Gestión Directiva, que son los que preparan los exámanes. Tanto los de oferta de empleo público como los de movilidad interna".

Los investigadores cuestionaron entonces si había facilitado alguna vez un examen para trabajar en el organismo público "directamente o por recomendación de alguien". La respuesta de Miranda fue breve: no. Este cargo señaló también que no sabía quién era Juan Carlos Cueto, uno de los empresarios a quien la Fiscalía Anticorrupción confiere el papel de cerebro de la trama.