El Parlament ya está disuelto y Cataluña camina ya oficialmente hacia las elecciones autonómicas del 12 de mayo. Los partidos engrasan las maquinarias. Y ERC quiere hacer bandera de una de sus promesas: arrancar una financiación "singular" para Cataluña. Este martes presentó su propuesta: que la Generalitat recaude la totalidad de los impuestos, en lugar del actual 9%, y que a cambio transfiera al Ejecutivo central dos partidas: una, por los servicios que el Estado presta a la comunidad y otra a modo de contribución "a la equidad entre territorios". El objetivo es reducir el déficit fiscal de Cataluña, cifrado en 22.000 millones de euros, y alcanzar una "soberanía fiscal plena", salir del régimen común de financiación —en el que están todas las autonomías, salvo País Vasco y Navarra— e ingresar el doble. De los 25.600 millones captados en 2021 se pasaría, si el Govern recauda y gestiona el 100% de los impuestos que se pagan en Cataluña, a unos 52.000 millones, según los cálculos del Ejecutivo de Pere Aragonès.

El Gobierno de Pedro Sánchez, sin embargo, rechaza ese modelo. Con nitidez, aunque en sus declaraciones públicas se ande con más tiento porque ha de calibrar cada palabra que dirige a sus socios de ERC y porque Cataluña está ya en periodo electoral. En el Ejecutivo apuntan que el modelo planteado por Aragonès, una especie de cupo catalán, no cabe en la Constitución —el concierto económico en Euskadi y Navarra sí está recogido en la Carta Magna—, ni sería sostenible económicamente. Hacienda, además, aspira a reformar el sistema de financiación autonómica, caducado desde 2014, con el PP, que preside 11 CCAA y cogobierna en una más, Canarias.

Montero incide en que el Gobierno quiere un "acuerdo con el PP" para reformar la financiación autonómica, un rediseño del modelo "en su globalidad", sin sacar a Cataluña del régimen común

A lo que sí está dispuesto el Gobierno, según recalcan fuentes muy próximas al presidente, es a reconocer ciertas "singularidades" de los territorios, a compensarles por sus competencias extra. Es decir, que cabría inyectar más recursos a Cataluña, por ejemplo, porque tiene poderes propios como Mossos d'Esquadra, prisiones o en materia judicial, igual que Hacienda está dispuesta a tener en cuenta el factor de insularidad en el caso de Canarias y Baleares. El Ejecutivo, por tanto, se abre a lanzar guiños a Cataluña en el marco de una reforma global y multilateral del modelo autonómico, pero no sacará a la comunidad del régimen común ni diseñará un sistema propio para ella.

En sus declaraciones públicas, tanto la vicepresidenta primera y responsable de Hacienda, María Jesús Montero, como la ministra portavoz, Pilar Alegría, y el titular de Economía, Carlos Cuerpo, evitaron responder con un sonoro portazo a Aragonès. "Desde el comienzo de legislatura ya dijimos que vamos a impulsar una reforma del sistema de financiación autonómica que permita la excelencia en la calidad de los servicios públicos, evidentemente con una financiación adecuada y vamos a trabajar en el marco de la Constitución y de los estatutos de autonomía", apuntó Montero en los pasillos del Senado pasadas las cuatro de la tarde, advirtiendo que no había podido leer en profundidad la propuesta catalana, pues hacía escasamente unas horas que se había presentado. La responsable de Hacienda recalcó que la "vocación" del Gobierno es llegar a un "acuerdo con el PP". El Gobierno persigue, por tanto, "una reforma del sistema en su globalidad, y por tanto para todas las comunidades autónomas del régimen común, incluida Cataluña".

Montero sí adelantó que "las necesidades de Cataluña y del resto de territorios estarán bien delimitadas en ese nuevo modelo". Una formulación bajo la que se escondía la disposición del Gobierno a atender las "singularidades" de las CCAA. Pero nada será posible, añadió, si el PP no se aviene al acuerdo, y eso es justo lo más difícil. "Necesitamos consenso, fundamentalmente en la parte del PP, que es donde hay mayores diferencias según hable un presidente autonómico u otro", recalcó.

El papel también de Feijóo

La propuesta de Cataluña, y del resto de territorios, señaló Cuerpo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes, debe abordarse en el marco del "diálogo ante todas las comunidades autónomas". "Ojalá fuera posible un acuerdo con el PP", rubricó Alegría, y para ello "sería deseable y positivo" que los gobiernos regionales conservadores y su líder, Alberto Núñez Feijóo, trasladasen una posición conjunta en este asunto. El Gobierno quiere cargar las tintas en el PP a sabiendas de que no existe una postura única. La financiación autonómica es una cuestión divisiva en los dos grandes partidos, porque sus barones defienden el modelo que más beneficia a su territorio. Los colores, aquí, se diluyen.

El Ejecutivo cree que la propuesta no es sostenible tampoco, porque no se trata de solidaridad tan solo, sino de garantía de la prestación de servicios públicos en toda España

Fuentes del equipo de confianza de Sánchez reiteran que la idea de un cupo catalán directamente, no cabe en la Constitución y ni siquiera está recogido en el Estatut de 2006. Cosa que no ocurre con País Vasco y Navarra, porque el respeto al régimen foral está contemplado en la disposición adicional primera de la Carta Magna y el sistema de concierto (en Euskadi) y convenio económico (en Navarra) consta en sus respectivos estatutos. También Canarias tiene por escrito su régimen económico y fiscal en la Ley Fundamental de 1978, en la disposición adicional tercera. El Estatut de 2006 no sacaba a Cataluña del régimen común, y sí hablaba de una Agencia Tributaria de Cataluña, consorciada con la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), pero desde el Ejecutivo se señala que "no se ha hablado" de este tema con el Govern. "Ahí no hemos avanzado nada", inciden.

Pero desde el Gobierno añaden que el modelo planteado por Aragonès no sería "sostenible" económicamente para el Estado. "Lo que hay que pensar es si el sistema de financiación que se persigue para España pasa por que cada territorio se quede con la parte que le corresponde", razonan. No basta, para Hacienda, que el Govern proponga, además del pago a Madrid por los servicios prestados por el Estado a Cataluña, la creación de un fondo interterritorial para participar en la solidaridad. "El modelo de financiación", advierten, "no solo se basa en la solidaridad entre territorios, que es un principio constitucional, sino que es la garantía de la prestación de los servicios públicos en toda España".

La consellera de Economía, Natàlia Mas, y la portavoz del Govern, Patrícia Plaja, no quisieron desvelar las cuantías de esas dos partidas que se enviarían a Madrid, porque serían precisamente objeto de la "negociación política". Las cantidades se acordarían y revisarían periódicamente en el marco de un "mecanismo bilateral" entre el Estado y la Generalitat. "No iremos a una negociación multilateral, porque tenemos un histórico de 40 años que indica que esto no lleva a ninguna parte", apuntó Mas, pese a que Sánchez ha repetido que el nuevo modelo de financiación debe ofrecer una "respuesta multilateral".

La Generalitat exige una negociación bilateral, y no una multilateral, como defiende el Ejecutivo, porque no lleva "a ninguna parte"

Ahora bien, el Gobierno central sí cree que en la nueva arquitectura de financiación autonómica se pueden reconocer "singularidades" en las "competencias propias", las que unas comunidades tienen y otras no y que, por tanto, requieren una inyección extra de recursos. "Con todas las CCAA siempre intentamos recoger las peculiaridades que cada una tiene. Pasa con Canarias, por su condición de región ultraperiférica, pasa con las que están afectadas por el reto demográfico. Pero recoger cada singularidad en un único modelo imposible".

Lo que decían los acuerdos con ERC y Junts

En el círculo de Sánchez recuerdan que, en sus acuerdos suscritos con ERC y Junts, no figura el compromiso de montar un sistema de financiación propio para Cataluña. Con los republicanos, los socialistas firmaron la puesta en marcha de una comisión bilateral Estado-Generalitat para estudiar cómo "lograr una financiación adecuada que garantice la suficiencia financiera de los servicios públicos en Cataluña" y cómo "asegurar el cumplimiento de los compromisos de inversión" contenidos en el Estatut. En las "cuestiones singulares de Cataluña" que son tratadas bilateralmente, escribieron PSOE y ERC, "regirá el principio de suficiencia financiera", y en concreto sobre la financiación de los Mossos y de los servicios penitenciarios o la actualización de los módulos de valoración de los nuevos órganos judiciales.

En la Moncloa no prevén ninguna reunión de la mesa de diálogo Gobierno-Generalitat: "No vamos a hacer nada que pueda aprovechar alguien electoralmente"

Junts, a su vez, pide "la cesión del 100% de todos los tributos que se pagan en Cataluña". Algo semejante, por tanto, a lo planteado por ERC. Pero en su acuerdo con los posconvergentes, los socialistas indicaron que ellos defenderán medidas que persigan "la autonomía financiera y el acceso al mercado" de la comunidad, y un "diálogo singular sobre el impacto del actual modelo de financiación", vencido en 2014, sobre Cataluña. También buscan un plan para facilitar la vuelta de las empresas que huyeron por el procés.

"Las competencias singulares claro que hay que reconocerlas", admiten en Hacienda. "Y si hay una especificidad del territorio, también. Mossos, prisiones, Justicia, o la insularidad de Canarias, por supuesto", rematan estas fuentes de máximo nivel.

En todo caso, el diálogo sobre una nueva financiación queda postergado al fin de esta primavera electoral, que arranca el 21 de abril con las vascas, que seguirá el 12 de mayo con las catalanas y que acabará el 9 de junio con las europeas. Por esa misma razón, en el Gobierno no prevén que se pueda reunir la mesa de diálogo Gobierno-Generalitat, como ha exigido el Govern —Sánchez y Aragonès se comprometieron a convocarla en el primer trimestre de 2024 en la entrevista que mantuvieron en el Palau el pasado diciembre—. "No vamos a hacer nada que pueda aprovechar alguien electoralmente", argumentan fuentes muy próximas al presidente.

Acuerdo de legislatura de PSOE y ERCDescarga

Si tras el 12-M el nuevo president es el socialista Salvador Illa, lógicamente ese foro de diálogo entre los dos gobiernos estaría desprovisto de toda tensión. En la Moncloa no creen que la legislatura pueda flaquear por el hecho de que ERC se viese desalojada de la Generalitat. "Sus votos en el Congreso serían los mismos [siete de los republicanos y siete de Junts], y sus incentivos para pactar con nosotros son los mismos que los que tienen los que no viven ahora en la Generalitat", resumen desde el equipo de Sánchez. Es decir, que aunque ERC y Junts estén fuera del Govern, harán valer sus votos igual y les interesa entenderse con Sánchez, porque si sufren un varapalo el 12-M no tendrán apetito por provocar la caída del Ejecutivo y unas nuevas elecciones generales. El análisis, pues, es que la estabilidad del Gobierno no peligra.

La 'clave Puigdemont'

Un elemento clave de estas elecciones del 12-M es Carles Puigdemont. En el círculo del presidente hay quienes defienden que, pese a que se dé por hecho que lanzará su candidatura este jueves en el sur de Francia, no está tan claro, porque puede que no obtenga "los resultados esperados" y porque sería "un poco fraude" que se postulase también para las europeas. Las encuestas, subrayan, siguen dando vencedor al PSC en las autonómicas, y muy cerca ERC y Junts. Para el expresident, según el análisis de la cúpula socialista, sería un riesgo encabezar una lista que quedase tercera en las elecciones. "Entonces ya no podría invocar el maléfico poder del Estado que le amordaza y le encarcela. El poder de las urnas es incontestable".

Para el equipo de Sánchez, no es tan seguro que Puigdemont se presente, porque se arriesgaría a ser derrotado en las urnas

Los socialistas estiman que Puigdemont ha perdido parte de su aura para el votante independentista, que ya no es una figura "tan icónica", que los catalanes han visto que su proyecto era "viaje a ninguna parte". De ahí que no vean con malos ojos que incluso se llegase a presentar, para que sean las urnas las que lo derroten definitivamente.

A fin de cuentas, dando por descontado que el PSC ganará los comicios, las dos grandes incógnitas de estas autonómicas del 12-M son, para la Moncloa y Ferraz, es si bloque independentista suma mayoría parlamentaria y quién queda primero en el campo separatista, si ERC o Junts. Respuestas aún difíciles de calcular. En casi dos meses, el escenario puede voltearse varias veces.