A la legislatura le está costando arrancar. La debilidad parlamentaria del Gobierno es evidente y la tortuosa tramitación de la ley de amnistía ha actuado como un poderoso freno de mano. Ahora se suma la triple convocatoria electoral: vascas en abril, catalanas en mayo, europeas en junio. Y la renuncia a sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado de este año. Pero el Ejecutivo quiere evitar a toda costa la imagen de parálisis. De inacción. Por eso lanzó este martes su Plan Anual Normativo (PAN) de 2024, en el que lista las 198 iniciativas que pretende aprobar en este ejercicio. La Moncloa recalca que su hoja de ruta es "ambiciosa" y a la vez "realista", que contiene normas que buscan un "consenso muy amplio", para las que debería haber "mayoría". Es decir, iniciativas en las que no espera el choque con sus socios —especialmente con ERC y Junts— y ensanchar fronteras por su perfil menos ideológico. En el paquete entran, lógicamente, las cuentas de 2025, y en ellas se jugará la continuidad del mandato de Pedro Sánchez y sí se incentivará la competición de las formaciones nacionalistas e independentistas.

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, desgranó este martes las principales cifras del plan normativo del Ejecutivo, cuyo texto completo aún no se ha publicado. La mayoría de las 198 iniciativas que se pretenden impulsar este 2024 son reales decretos (149, el 75,25% del total). Es decir, textos de desarrollo reglamentario cuya potestad de aprobación recae exclusivamente en el Gobierno. El resto, 49, son leyes, que han de pasar por las Cortes: seis de carácter orgánico —en las que se requiere mayoría absoluta del Congreso— y 43 ordinarias. Del total de 198 iniciativas, aproximadamente la mitad responden a compromisos con la Unión Europea: 36 con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), para el cumplimiento de los hitos que conllevan desembolsos de fondos europeos, y 62 para incorporar al Derecho nacional normas que hoy son Derecho europeo.

Del total de 198 iniciativas, la mitad responden a compromisos con la UE: 36 con el plan de recuperación y 62 para trasponer normas comunitarias

Los tres últimos planes normativos arrojan una proporción similar. El de 2020, en plena pandemia, proyectó 172 iniciativas, el 66,28% reales decretos; el de 2021, 144 propuestas normativas en total, y de ellas el 76% reales decretos; el de 2022, el Gobierno planeó 368 iniciativas, y el 75% de desarrollo reglamentario.

En 2023, año electoral, ya se previó un bajón en la intensidad: 117 disposiciones, y el 69% reales decretos. Bolaños presentó a la vez el informe de cumplimiento del PAN 2023, que lógicamente se resintió del anticipo de las generales. El año pasado solo fue hábil, a efectos de actividad normativa, hasta el 21 de mayo, ya que los plenos en Congreso y Senado siempre se suspenden una semana antes de cualquier convocatoria electoral, y el 28 de mayo se celebraron autonómicas y municipales y al día siguiente, lunes 29, Sánchez disolvió las Cámaras para poner rumbo a las legislativas del 23-J. Hasta finales de noviembre el nuevo Gobierno no entró a funcionar y la actividad parlamentaria ordinaria no arrancó hasta mediados de diciembre. Así, el 52% de las 117 normas incluidas en el PAN 2023 fueron aprobadas (47 de ellas, un 40%) o se encuentran en tramitación (son 14, un 12% del total). Además, el Ejecutivo aprobó 219 normas no contempladas en el plan anual, además de ocho reales decretos leyes, que sí tienen rango legal.

Bolaños marcó las prioridades de las 198 iniciativas incluidas en el PAN 2024. Primero, la modernización verde y digital, capítulo en el que integra la Ley de Industria —que ya en la pasada legislatura dejó muy avanzada la ministra Reyes Maroto antes de salir del Gabinete para asumir la candidatura a la alcaldía de Madrid— y la del Cine. También las leyes de ciberseguridad y ciberresiliencia.

Las prioridades son la agenda verde y digital o la mejora de las instituciones públicas

El segundo eje de actuación será la reforma, mejora y modernización de las instituciones públicas para poner a punto el servicio que ofrecen.

El Gobierno incorpora a este apartado la Ley para la Transformación de la Administración Pública, la Ley de la Administración Abierta o la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), que data de 1882 y que ha de "adaptarse ya al siglo XXI".

Avance de derechos

La tercera prioridad del Gabinete de coalición es el avance en derechos para toda la ciudadanía, con iniciativas como la Ley Orgánica de Medidas Complementarias para Reforzar la Protección frente a la Violencia de Género, la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita o la Ley Integral contra la Trata y la Explotación de Seres Humanos, entre otras.

La cuarta palanca es la "mejora de las condiciones del empleo", siguiendo la estela de la reforma laboral de la que el Gobierno siempre saca pecho por la bajada de los índices de temporalidad, la principal lacra que perseguía al mercado de trabajo. El PAN incluye medidas como la modificación del Estatuto de los Trabajadores o la ampliación por ley del nivel asistencial de la protección por desempleo. La agenda legislativa culminará con la aprobación de los Presupuestos de 2025, en los que el Ejecutivo ya está trabajando, y que desde luego es el proyecto más sensible para Sánchez, el que le puede conceder un oxígeno de dos años y otorgar estabilidad a la legislatura.

Mejora de las condiciones del empleo, derechos o propuestas para los jóvenes completan el rango de acción del Ejecutivo. Pero el gran proyecto son los PGE

El ministro también enfatizó el abanico de iniciativas puestas en marcha por el Gobierno para los jóvenes. Ya están aprobadas la Ley de Vivienda, el aumento de las becas, la subida del salario mínimo o la citada reforma laboral. Ahora se lanzarán normas como la Ley de Juventud, para favorecer su acceso al mercado laboral, o disposiciones para proteger a los jóvenes de potenciales peligros, como la ley para la protección de los menores en los entornos digitales (frente a la pornografía, por ejemplo) o la ley de prevención del consumo del alcohol. También se aprobará un estatuto de las start ups de estudiantes y otro de las personas en formación práctica no laboral en las empresas.

"El Gobierno suma y sigue en su proyecto progresista —celebró Bolaños—. España lidera en la Unión Europea tanto en el ámbito económico, como en el empleo, como en el ámbito social y de refuerzo del Estado de bienestar. Y esta es la senda que queremos continuar transitando en 2024". El ministro se apoyó en las cifras de crecimiento de la economía española en 2023 —un 2,5%, cinco veces más que la media europea, según confirmó este martes el INE—, los 21 millones de ocupados o la "reducción récord en desigualdad".

Bolaños subraya que el plan es “ambicioso” y “realista” y saca pecho de las cifras económicas y del liderazgo de España en el conjunto de la UE

Bolaños definió el plan como "ambicioso y realista". Fuentes del Gobierno señalaban que esas 49 leyes, las que exigen tramitación parlamentaria, son "importantes y deberían generar un consenso muy amplio". Son "de mayorías", insistieron, como la de asistencia jurídica gratuita o la de protección a los menores en Internet, en las que no prevé resistencias de los grupos. "Debería haber mayoría, y trabajaremos para que la haya", recalcaban. Ya tras la convocatoria de las elecciones catalanas del 12-M, en el equipo de Sánchez insistían en que la actividad legislativa no se parará, y confiaban en que podrían aprobarse iniciativas de menor calado ideológico. Un ejemplo: la Ley de Enseñanzas Artísticas salió el pasado 14 de marzo del Congreso camino del Senado con el apoyo del PSOE y sus socios y la abstención del PP (también con el voto en contra de Vox).

No habrá cambios en el Código Penal

Una reforma más sensible es, con todo, la de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Sánchez, en la tramitación de la amnistía, ofreció a Junts acortar los plazos de la instrucción judicial. Finalmente, esa medida salió de la negociación. Bolaños no aclaró si el Gobierno retomará esa idea, muy polémica, y que supondría enmendar la propia posición del PSOE. "Está en una fase muy inicial de trabajo [...] y una vez que conozcamos cuál es la opinión que tiene el Consejo del Poder Judicial sobre la Ley de Enjuiciamiento Criminal volveremos a analizar la norma y tomaremos decisiones sobre distintas cuestiones", señaló. El ministro recordó que el CGPJ no se ha pronunciado sobre el proyecto de reforma de la LECrim que el Gobierno le remitió hace tres años.

El ministro no aclara si la reforma de la LECrim incluirá el recorte de los tiempos de instrucción judicial, que se ofreció a Junts para la amnistía y se acabó desechando

En el Ejecutivo ha molestado que el órgano de gobierno de los jueces, cuyo mandato venció hace más de cinco años, se haya dado prisa para pronunciarse dos veces sobre la ley de amnistía —la primera, cuando aún no se conocía la redacción de la proposición socialista—, y en cambio no haya dicho una sola palabra sobre la reforma de la LECrim, hasta tal punto de que Justicia le requirió la semana pasada por escrito que le remita el informe pendiente desde 2021.

"No podemos estar luchando y juzgando delitos del siglo XXI con una norma procesal del siglo XIX. Y, por tanto, creo que es fundamental que seamos capaces de impulsar y de aprobar una Ley de Enjuiciamiento Criminal", justificó Bolaños durante la rueda de prensa. El eje central de la modificación proyectada por el Gobierno es que la instrucción pasa del juez al fiscal. Es decir, que cuando la reforma entre en vigor será el Ministerio Público el que dirija las investigaciones, aunque con la intervención puntual de un juez de garantías para autorizar las medidas que impacten en los derechos fundamentales, informa Europa Press.

El PAN 2024 no incluye, según aclaró el ministro a los periodistas, "ninguna modificación del Código Penal". Recordó, eso sí, que "hay en tramitación parlamentaria algunas iniciativas que suponen adaptaciones al Derecho europeo y que ya se han aprobado por el Consejo de Ministros hace escasas semanas".

No se incluye una nueva ley de secretos oficiales. Se partirá del texto del PNV y del proyecto que elaboró el Ejecutivo la pasada legislatura

¿Y la ley de secretos oficiales? El titular de Presidencia respondió que no figura en el PAN 2024. Sí figuraba esta norma en la agenda anterior, la de 2023. Explicó que el PNV tiene registrada su proposición de ley y se puede trabajar a partir de su redacción y de la que su ministerio elaboró en la legislatura pasada. Sobre esa doble base, la iniciativa del PNV y el anteproyecto de ley de información clasificada del Gobierno, se puede trabajar para actualizar la normativa, que es de 1968. Sin embargo, será difícil llegar a un consenso para una ley tan sensible. La redacción que hizo el Ejecutivo en 2022, de hecho, se topó con el rechazo de los socios y no llegó a ver la luz.

Pospuesto el acuerdo que se iba a celebrar en Madrid

Durante la rueda de prensa en la Moncloa también volvió a emerger la renovación pendiente del CGPJ. Para este miércoles estaba prevista una nueva reunión de Bolaños con el vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, y con el comisario Didier Reynders como mediador. Sin embargo, el PP pidió más tiempo y el resultado fue que ese encuentro, que se iba a producir en Madrid, queda aplazado. Sin fecha.

El ministro, sin embargo, evitó durante su comparecencia culpar expresamente al PP del nuevo retraso. Se limitó a incidir en que la Comisión Europea ha dejado claro que ni por su parte ni por la del Gobierno había problemas para que la cita en Madrid hubiera tenido lugar. El Ejecutivo, sostuvo Bolaños, negociará "todo el tiempo que sea necesario" y agotará todas las posibilidades de entendimiento con el PP para lograr el relevo en el órgano de gobierno de los jueces.

El Gobierno alega que la Comisión es un órgano colegiado y ahora tendrá que decidir quién continúa con la labor de mediación. Bolaños no se levantará de la mesa

El problema añadido es que Reynders ha pedido una excedencia remunerada en la Comisión para dedicarse a su candidatura como secretario general del Consejo de Europa. Bolaños explicó que, no obstante, el Ejecutivo comunitario es un órgano colegiado y ahora, por tanto, tendrá que decidir quién continúa con la labor de mediación comenzada por Reynders.

El comisario había concedido a las partes un plazo de dos meses que justo expiraba esta semana, aunque abrió la puerta a una prórroga. Por parte del Gobierno, insistió el ministro, el diálogo continuará. "Nos vamos a dar más tiempo en esta mesa de negociación, seguimos sentados en esa mesa", sancionó.

Ni la Moncloa ni el PP han detallado en qué punto se hallan las negociaciones pero lo cierto es que el acuerdo no existe. Fuentes del Ejecutivo confían en que se pueda llegar a un consenso antes de las elecciones europeas, porque estas determinarán la composición de la nueva Comisión Europea, que empezará su mandato (2024-2029) a finales de este año.

La Justicia está “al límite” y el bloqueo cuesta dinero, recuerda el ministro: más de 12 millones para pagar refuerzos

Por el momento, el Gobierno tampoco se plantea acudir al plan propuesto por el presidente suplente del CGPJ, Vicente Guilarte. Este planteaba, como vía para facilitar la renovación, mermar atribuciones al órgano, para que así los partidos tuvieran menos apetito en él. Bolaños rechazó hablar de un plan b. "Hablemos del plan a, que es solicitar que se cumpla la ley y que se cumpla la Constitución sin ninguna condición. Ese es el plan a y es agotar todas las vías de diálogo, de acuerdo, de negociación. Seguiremos trabajando el tiempo que sea necesario".

El ministro, como en anteriores ocasiones, insistió en que la situación de la Justicia es "límite", porque ya se acumulan 25 vacantes en el Tribunal Supremo, hay plazas sin cubrir en muchos otros tribunales y se cierran opciones de promoción a los magistrados. Además, "el bloqueo cuesta dinero a los españoles": más de 12 millones de euros que se destinan a pagar refuerzos. La mayoría conservadora del CGPJ, afeó, está "desprestigiando" al órgano con sus informes y actuaciones. El novelón por entregas de la renovación del Poder Judicial dista de acabar.