Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, ha anunciado este lunes que el Gobierno, si el ejecutivo autonómico de Aragón no rectifica, llevará al Tribunal Constitucional la ley aprobada por el PP y Vox que deroga la ley de Memoria Democrática de esa comunidad.

En declaraciones a TVE, Torres ha informado de que el ejecutivo actuará de la misma forma con las proposiciones de ley de "concordia" que se están preparando en Castilla y León y la Comunidad Valenciana, donde también gobiernan en coalición el PP y Vox, aunque en estos casos lo "importante" es que esas proposiciones "decayeran" sin llegar a ser aprobadas, según ha dicho el ministro.

Lo que pretende el PP, "obligado y cediendo" ante Vox, es "blanquear la dictadura" e "igualar cuatro décadas de ausencia de libertades, de desapariciones y torturas" con un periodo democrático, ha continuado.

Torres también ha adelantado que comunicará al ejecutivo aragonés la interposición del artículo 33.2 de la ley orgánica del Tribunal Constitucional, para convocarle a una comisión bilateral donde abordar esta discrepancia y tanto "si se niegan" a acudir esa reunión como si no acepta modificar la nueva norma autonómica, "automáticamente" el Gobierno presentará recurso.

El titular de Memoria Democrática ha reconocido que es "complicado" que puedan llegar a un acuerdo en este ámbito, y ha explicado que una vez convoquen al Gobierno de Aragón para una comisión bilateral, hay un plazo de 30 días para intentar llegar a un acuerdo, pero si no lo logran en ese plazo o si el ejecutivo autonómico se niega a hablar, acudirán de forma inmediata al Tribunal Constitucional.

"Leyes de concordia"

Ha aclarado que el Gobierno se reserva la posibilidad de recuperar con el paraguas de la Ley de Memoria Democrática aspectos de la ley autonómica de Aragón derogada, como por ejemplo el mapa de fosas o los lugares de memoria. "Si hay comunidades autónomas que intenten poner freno al desarrollo de leyes (autonómicas de memoria), vamos a coger lo que ellas deroguen", ha añadido en alusión a otros casos como los de la Comunidad Valenciana y Castilla y León, donde el PP y Vox (que gobiernan en coalición en ambos casos) acaban de presentar leyes de "concordia" en sustitución de las de memoria.

Aragón se convirtió el pasado 15 de febrero en la primera comunidad en derogar una ley autonómica de memoria democrática con el apoyo de los tres grupos presentes en el Gobierno: PP, Vox y PAR. A continuación, PP y Vox presentaron el 21 de marzo en la Comunidad Valenciana, donde gobiernan en coalición, una proposición de ley de la "concordia" que sustituirá a la actual ley autonómica de memoria y que, según Vox, eliminará los términos "guerracivilistas" y mantendrá la reparación de todas las víctimas.

En la misma línea, el PP y Vox, que gobiernan juntos en Castilla y León, presentaron allí el 26 de marzo una proposición de ley de la "concordia" para sustituir el vigente decreto autonómico de memoria histórica. Esta nueva norma no recoge una condena expresa a lo ocurrido entre la Guerra Civil y la Constitución española de 1978, al tiempo que suprime la palabra "dictadura" para referirse únicamente como franquismo al periodo comprendido entre 1939 y la llegada de la democracia.