El nombre de la presidenta del PP de Madrid y de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha vuelto a sonar en los pasillos del Congreso de los Diputados en la tarde del martes. Los socios minoritarios del Gobierno, al calor del amago del PSOE y su portavoz parlamentaria, Esther Peña, que lo sugería un día antes públicamente, han pedido abiertamente que la popular sea llamada a declarar en la comisión de investigación que abordará los contratos de material sanitario durante la pandemia del coronavirus. Es el caso de Sumar, ERC y Junts. A diferencia de la configurada en el Senado, ésta, ya constituida en la tarde de este martes y presidida por el socialista Alejandro Soler, busca ampliar el foco y centrarse en contratos de administraciones como la madrileña o la gallega. En la anterior legislatura, con Feijóo como presidente de la Xunta.

La justificación del PSOE para ampliar la mirada, parte de la investigación que Hacienda hace a la pareja de Ayuso, Alberto González Amador, por fraude fiscal. Y que está sirviendo en parte a Ferraz y a Moncloa de cortafuegos ante el escándalo de la trama Koldo, que salpica al exasesor del exministro José Luis Ábalos y al ministerio de Transportes. González Amador, presuntamente, no declaró comisiones de hasta dos millones de euros por intermediario en la compraventa de material sanitario. No obstante, de los negocios conocidos, ninguno se ha hecho con la Comunidad de Madrid. Sí se apuntan a vínculos con la empresa sanitaria Quirón, que se ha beneficiado de asignaciones comunitarias de hasta 400 millones de euros. Ayuso está dispuesta a presentarse en la Cámara Baja, con todo.

Preguntado por el deseo de comparecencia de Ayuso, el diputado y vicesecretario de Coordinación Local y Autonómica del PP, Elías Bendodo, integrante, invitaba a esperar a que se den los primeros encuentros de la Mesa y los portavoces de la comisión para poder valorar una convocatoria real. Aunque dejaba la posibilidad en el aire afirmando que "ni confirmamos ni descartamos a nadie". Lo que sí dejan patente fuentes cercanas a Bendodo, desde Génova, es que, en ningún caso, se entrará en "una cuestión de causa-efecto" en lo que respecta a las comisiones. Es decir, de convocarse a Ayuso, no habrá una respuesta política sin base motivacional más allá que la mera confrontación política. En este caso, se descarta que ante esa posible llamada el PP opte por convocar a la esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, para rendir cuentas de sus vínculos con Air Europa tras el rescate del Estado a la aerolínea en 2020.

"No vamos a proceder en función a lo que haga el PSOE con las parejas de nadie. Lo haremos sobre las informaciones que se van sabiendo"

"De darse, no será por reacción. No vamos a proceder en función a lo que haga el PSOE con las parejas de nadie", explican fuentes nacionales del PP. En todo caso, de considerarse necesario un llamamiento a Gómez, solo será motivado "por las informaciones que se van sabiendo". Los populares, por consiguiente, siguen deshojando la margarita en este sentido y no aclaran si el movimiento está ya previsto o no. Sobre todo, tras valorarse como difícil la situación de la 'primera dama' a raíz de la información publicada este martes por El Confidencial, que asegura que Gómez firmó una carta para que dos empresas -vía UTE- se llevaran un contrato del Gobierno por valor de siete millones de euros. Uno de los accionistas de la UTE es Carlos Barrabés, quien creó el máster que hoy dirige ella de Transformación Social Competitiva en la Universidad Complutense de Madrid.

"Lo que se va viendo va complicando las cosas", apuntan desde Génova, que, sin embargo, no despejan qué modalidad y cómo materializarán la investigación parlamentaria sobre el rescate de Air Europa que anunció en la última sesión de control Feijóo. Horas antes de conocerse esta publicación sobre Gómez, los populares descartaban crear otra aparte y veían la posibilidad de ampliar la temática de la del Senado o incluirla en la ya constituida en el Congreso. Pero ahora, no se cierra la puerta a que tenga estructura propia, más posiblemente en el Senado. "No ha cambiado nada, seguimos analizando todo para tomar una decisión", valoran fuentes nacionales.

Por el momento, el Grupo Popular ha pedido en el Congreso "la remisión inmediata del expediente completo de adjudicación de esos siete millones concedidos" por Nadia Calviño, "la exvicepresidenta económica". El PP indica que "el dinero se le concede por intermediación de la mujer de Sánchez" y que "supuso el 90% de la facturación del ejercicio anterior", tal y como explica la información publicada. "La explicaciones ya no es que sean urgentes: son imprescindibles", aseguran, pero orientados más al presidente que a su mujer. Se advierte que no cesarán en la petición de responsabilidades.

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Consultadas fuentes del entorno de la presidenta de la Comunidad de Madrid, éstas aseguran que Ayuso no tiene ningún problema en acudir a una hipotética comparecencia en el Congreso. "Que me llamen a la comisión, que les voy a cantar lo más grande", replican de su posicionamiento. Esto lo habría trasladado en la Junta Directiva Nacional que el PP ha celebrado este martes en Génova como lanzamiento para el ciclo electoral y en el segundo aniversario de Feijóo como presidente. Cabe destacar, con todo, que ante un requerimiento desde la comisión, Ayuso, ni ningún otro actor estaría en disposición de rechazar la asistencia. Es de obligado cumplimiento.

El PSOE mira de reojo las decisiones del PP

Al igual que el PP, los socialistas mantiene silencio sobre las peticiones de comparecientes que harán para su comisión en el Congreso. Ello, pese a jugar con la idea de que Feijóo acompañe a Ayuso en la Cámara Baja. Dependerá del grado que vaya adquiriendo la comisión del Senado, ya elevada tras anunciarse que el PP requerirá a la presidenta del Congreso, Francina Armengol -consultará a los letrados la posibilidad de asistir-, y del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. Ambos, dirigentes regionales de Baleares y Canarias durante la pandemia, y cuyos gobiernos compraron lotes de mascarillas a Soluciones de Gestión, la empresa utilizada por la trama de Víctor de Aldama y Koldo García para embolsarse comisiones millonarias.

El PP cree que los temas regionales deben tratarse en comisiones parlamentarias en los territorios, no colapsar el Congreso"

Un agravante considerable para iniciar la ofensiva contra Génova será si el PP decide convocar al presidente del Gobierno, Sánchez. Así lo han transmitido fuentes de Ferraz a la Agencia EFE, declaraciones que recoge este diario. Desde el Congreso, en cambio, la idea es que el trabajo sea lo más trasparente posible. El presidente electo de la comisión, el socialista Alejandro Soler, ha pedido que el trabajo se desarrolle "con el mayor respeto" posible y que esté centrado en conocer la verdad. Integrantes del Grupo Socialista no quieren reducir la comisión a una pasarela de comparecientes. Algo que, por su parte, Sumar tampoco quiere. La idea de traer a Ayuso molestaba internamente, ya que se consideraba que eso embarraría la función del órgano. No quieren que se traspase ya más allá esa línea. El nombre de Feijóo no gusta y se ve desproporcionado.

En una rueda de prensa de este martes, el portavoz socialista, Patxi López, desde el Congreso, normalizaba la amplitud de la comisión tras conocerse "casos de irregularidades en Madrid, Galicia, Andalucía" y otras comunidades autónomas. Por lo que, no cerraba la posibilidad de convocar al gallego. Por su parte, fuentes nacionales del PP, ven desproporcionado dar cabida a cuestiones autonómicas [diferencian a Armengol y Torres por tener competencias nacionales ahora] en la comisión del Congreso o el Senado. Porque dicen que "para eso están ya las comisiones previstas en los territorios". Al margen de Canarias y Baleares, no hay otra prevista. El PSdeG ha amenazado con solicitar una junto a la exigencia ya pública del BNG para auditar los contratos de Feijóo.

El PP ya denunció, en relación al rescate de Air Europa, la no inhibición de Sánchez en el Consejo de Ministros que votó a favor de ello por tener lazos, a través de su esposa, con la compañía. La Oficina de Conflicto de Intereses rechazó la denuncia y así se lo remitió a Génova. Fuentes populares aseguran que pidieron la documentación aportada por el Gobierno al organismo por la que se ha archivado la denuncia. El miércoles pasado, se remitió un solo folio en el que ésta hacía referencia a que el Ejecutivo "menciona que no hay caso". Recurrirán "a ver hasta dónde se llega".