A estas alturas y con al menos cuatro renovaciones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) frustradas, pocos de sus miembros tienen esperanza en que esta vez, Didier Reynders mediante, vaya a ser la vencida. Un calendario electoral apretadísimo deja el ánimo por los suelos y algunos temen que el ultimátum del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, sobre el pacto sea en realidad la piedra inicial del camino hacia una rebaja de las mayorías para elegir a los vocales.

"La prueba de que no hay nada es que el PSOE ha dado un ultimátum", expone un miembro del Poder Judicial. El jefe del Ejecutivo se refirió este lunes en Jordania a cómo iban las negociaciones para cerrar un acuerdo que dé paso a nuevos miembros del CGPJ, algo que debió haber sucedido en 2018. Sánchez exigió a Feijóo sellar el pacto este mes de abril después de que el comisario de Justicia europeo, Reynders, que actúa como mediador tuviera que suspender un viaje la semana pasada para asistir a una reunión que no se produjo entre el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, y el vicesecretario del PP, Esteban González Pons.

Ambos llevan meses tratando de acercar posiciones para la renovación sin demasiado éxito por el momento. "Las posturas están totalmente encalladas", dice un vocal. "Con tantas elecciones yo creo que está la cosa complicada", admite otra. "A corto plazo no lo veo", reconoce un tercero.

El desaliento es general. "Si no se han puesto de acuerdo nunca, no creo que se vayan a poner de acuerdo ahora con las elecciones", reflejan. Lo cierto es que el calendario electoral no ayuda. El 18 de febrero se celebraron elecciones en Galicia y fue a partir de ese punto, cuando el resultado estaba claro, cuando las conversaciones entre los partidos pudieron empezar a fructificar.

Pero la convocatoria de comicios primero en el País Vasco y luego en Cataluña ha supuesto un nuevo zarandeo del tablero político cuyo eco ha llegado sin duda al Poder Judicial. Las elecciones en Euskadi serán el próximo 21 de abril, mientras que las catalanas se han agendado el 12 de mayo. Pero por si fuera poco, las europeas se celebrarán el próximo domingo 9 de junio.

Con todos estos frentes abiertos, las posibilidades de una fotografía de acuerdo entre los dos grandes partidos son más bien escasas. O así lo creen en el CGPJ. El presidente interino del órgano, Vicente Guilarte, en su lucha por buscar una solución participará este jueves 4 de abril en un coloquio que organiza el Consejo General de la Abogacía Española cuyo título es: "Salidas para la renovación del Poder Judicial".

Él ha compartido ya varios artículos en los que propone que se puedan vaciar ciertas funciones del Consejo para que sea menos "atractivo" para los políticos, por ejemplo, eliminar de su ala los nombramientos a las cúpulas judiciales. "Ocurrencias", dicen en el CGPJ, donde muchos no comparten estas opciones.

Algunos proponen otro tipo de tácticas como que se haga un proceso electoral dentro de la carrera judicial. "Que se cambie la Ley Orgánica del Poder Judicial y que se hagan elecciones en la que nosotros votemos a los que se presentan", cuentan. De esta forma el peso de las asociaciones no sería tan grande como ahora, aclaran, y podrían salir perfiles de todo tipo porque la mitad de la carrera no está asociada. "Sería un avance. El sistema electoral tendría que garantizar unas mayorías".

Esta fórmula "ni pa ti ni pa mí", la proponen habida cuenta de que el principal escollo de las negociaciones entre PP y PSOE está en el cambio del sistema de elección de los vocales porque el partido de Feijóo defiende que sean los jueces los que elijan a sus pares, algo que concuerda con buena parte de la opinión de la carrera, mientras que la formación de Sánchez teme que de esta forma el ala progresista deje de tener representación.

Informe de la LECrim

Por otro lado, el Consejo ha recibido indicaciones para reactivar el informe que deben redactar sobre la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim). Una vez terminado el que había solicitado el Senado sobre la amnistía, el Gobierno quiere ahora que desempolven el documento para opinar sobre una norma crucial para la Justicia que dará la batuta de la investigación a los fiscales y no a los jueces.

Esta LECrim cuya aprobación fue una promesa que el exministro de Justicia Juan Carlos Campo no llegó a cumplir corrió igual suerte con su sucesora Pilar Llop. Su equipo se escudó en que faltaba el informe del CGPJ para que pudiera ir al Consejo de Ministros. A pesar de que Bolaños ni siquiera nombró esta norma el día que contó en el Congreso su plan en materia de Justicia para la próxima Legislatura, ahora el Poder Judicial planea entregar el informe que se espera "largo y muy voluminoso".

La elección de cuatro vocales para desarrollarlo da la medida de la complejidad. Serán Roser Bach y Clara Martínez de Careaga del lado progresista y José Antonio Ballesteros y Juan Manuel Fernández del lado conservador los encargados. La previsión inicial es poder aprobarlo en el pleno de mayo.