El Gobierno vuelve a rechazar el referéndum y tacha de electoral la propuesta de Aragonès

Un no otra vez. El Gobierno rechaza de nuevo la propuesta de un referéndum de autodeterminación para Cataluña, porque "en absoluto" casa con la hoja de ruta de Pedro Sánchez. Y cree que si el president de la Generalitat relanza esta idea es porque está en campaña, porque él es "el candidato Pere Aragonès".

La portavoz del Ejecutivo central, Pilar Alegría, volvió a expresar este martes la negativa de los socialistas al plebiscito soberanista. La pregunta al Gabinete de coalición era obligada porque apenas unos minutos antes Aragonès había defendido la celebración de un referéndum acordado con el Estado bajo el amparo del artículo 92 de la Constitución española, en el que la pregunta que debería plantearse a los catalanes sería esta: "¿Queréis que Cataluña sea un Estado independiente?". El president daba así su aval al informe que le entregó el director del Institut d'Estudis d'Autogovern, Joan Ridao. "Las conclusiones son claras: votar sobre la independencia es posible en el actual marco legislativo y solo es cuestión de voluntad política", explicó el jefe del Govern.

El 12-M hay elecciones en Cataluña, y muchos planteamientos de los candidatos tienen ese objetivo", dice Alegría

"Vamos a lo básico. El 12 de mayo hay elecciones en Cataluña, y muchos planteamientos que realicen distintos candidatos tienen ese objetivo [el del referéndum soberanista]. La posición que ha trasladado Aragonès es su posición, pero no es la del Gobierno ni la de la mayoría de la sociedad catalana", respondió Alegría en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes.

La celebración de una consulta sobre la secesión de Cataluña es "clara y radicalmente contraria" a las políticas que está impulsando el Ejecutivo de Sánchez, dijo, desde que llegó a la Moncloa, que son las de la "unidad, el reencuentro", la "concordia", el "avance" para Cataluña, políticas "refrendadas y respaldadas por la mayoría de la sociedad catalana", como lo demuestra que en las pasadas generales el PSC quedara como primera fuerza, con 19 diputados, a mucha distancia de ERC y Junts, cada una con siete escaños en el Congreso.

La portavoz insistió, por tanto, en que la propuesta de referéndum "en absoluto está en la hoja de ruta del Gobierno", y lo viene demostrando desde la pasada legislatura. Pero también añadió que esta pretensión de ERC —que coincide con la de Junts, el otro socio imprescindible para Sánchez— no condiciona la marcha de la legislatura: "Nos quedan tres años y medio, muchas políticas por aprobar y aplicar. Somos conscientes de la composición del Congreso y que la aprobación de leyes pasa por establecer diálogo y contacto con distintos grupos políticos", y ese "diálogo constructivo" es el que el Ejecutivo seguirá desplegando.

La ministra recuerda que la amnistía que defendían ERC y Junts era "muy diferente" a la que está tramitándose ahora en el Senado

Preguntada la ministra si la propuesta de Aragonès es "electoralista", Alegría señaló que no es quién para adjetivar un planteamiento de un partido, pero sí remarcó la "evidencia" de que el 12 de mayo hay elecciones y cuando las urnas son tan próximas "los candidatos lanzan sus propuestas". "Como me preguntan si va en la línea del Gobierno, ya les digo que no. Es antagónica. Es la posición que saben y conocen y que no quiere la mayoría de la sociedad catalana". Fuentes del Ejecutivo, en privado, sí admitían abiertamente que la idea de Aragonès es puramente "electoral".

Antes del 23-J, los socialistas, empezando por su líder, el propio Sánchez, negaban también que la amnistía pudiera llevarse a cabo. Por eso los independentistas reiteran que se trata de "voluntad política", y que igual que antes el Gobierno rechazaba la medida de gracia y al final acabó accediendo, lo mismo pasará con la consulta. Alegría, preguntada por esta posible falta de "credibilidad" del Ejecutivo, argumentó que la posición de los socialistas es "de sobra conocida" y es "clara, radicalmente contraria" a la del referéndum. Y recordó que la ley de amnistía que está ahora tramitándose en el Senado y que se acabará aprobando emana de un texto redactado y registrado por el PSOE, "muy diferente" al que en 2021 presentaron los independentistas.

Mapa de fosas o lugares de memoria

Alegría compareció en la Moncloa con los titulares de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y de Ciencia, Diana Morant. El primero reforzó el mensaje de Gobierno y PSOE contra los gobiernos de PP y Vox en pleno periodo electoral. El ministro canario adelantó que el Ejecutivo incluirá "de oficio" en la ley estatal de memoria democrática todo lo que los ejecutivos de derecha y ultraderecha eliminen de sus normas, como ha ocurrido en Aragón.

El Gobierno incluirá "de oficio" en la ley estatal de memoria democrática todo lo que los ejecutivos de PP y Vox eliminen de sus normas autonómicas

Torres señaló que su departamento propondrá a los gobiernos regionales que aprueben leyes que puedan tener sospecha de inconstitucionalidad sentarse a negociar para limar discrepancias y forzar la modificación de esos textos y, si persistiera el desacuerdo, acudir al Tribunal Constitucional. El requerimiento se va a formalizar a Aragón, que ya ha adelantado que no asistirá a la bilateral. Pero, al margen de esa negociación, Torres confirmó que el Ejecutivo trasladará a la ley estatal cuestiones como el mapa de fosas o los lugares de memoria que han sido borrados de la normativa autonómica en Aragón. Y lo mismo ocurrirá con los textos que lleguen a aprobarse, como los que PP y Vox quieren tramitar en Valencia y Castilla y León, que han llamado leyes "de concordia".

"Donde haya una normativa autonómica que sea restrictiva con respecto a lo que son derechos internacionales y derechos humanos, el Gobierno de España lo incluirá en la ley de memoria democrática", garantizó Torres, que lanzó el mensaje a los presidentes autonómicos de que han de entender que la "reparación" de las víctimas que fueron "ejecutadas por defender un orden democrático" tiene que ser "un principio y un pilar fundamental que no haya discusión".

Respecto a la negativa de Aragón a negociar, el ministro anticipó que esa actitud sería "algo anormal", pero que el Ejecutivo regional debe pronunciarse de manera "oficial" cuando el ministerio convoque formalmente esa comisión bilateral. Pese a las palabras de rechazo a sentarse, el ministro volvió a "tender la mano".

La lectura del Gobierno es que el PP se ha entregado a Vox aceptando unas leyes que en la práctica igualan la dictadura con la democracia de la II República. Pero, pase lo que pase, el Ejecutivo continuará con las exhumaciones, ya que "la recuperación de las victimas que están en fosas comunes es un principio irrenunciable y una reclamación justa". El siguiente paso del ministerio llegará el 23 de abril, cuando Torres lleve al Consejo de Ministros el acuerdo que establece la ley estatal para crear una comisión de trabajo sobre la memoria y la reconciliación con el pueblo gitano en España.