Tras meses sumergidos en el laberíntico debate de la ley de amnistía, y tras semanas sin poder ver la luz por el pozo del caso Koldo, Gobierno y PSOE encontraron un asidero desde el que empezar a construir la narrativa de esta superprimavera electoral. El mismo que se convirtió en el eje de la campaña de las pasadas generales del 23 de julio: el miedo a PP y Vox, su acción conjunta en los gobiernos autonómicos y municipales de todo el país, el combate a la "ola reaccionaria" de derecha y ultraderecha. Una potente percha servida, de nuevo, por sus protagonistas, por PP y Vox. Hace un año, el PSOE advertía del recorte de derechos, de la censura cultural, del "retroceso" frente al "avance" que encarnaba el Ejecutivo de coalición de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz. Ahora, el argumento es la memoria democrática, una materia muy sensible para la izquierda, médula de las guerras culturales con la derecha. La derogación de las leyes autonómicas de memoria en Aragón —ya consumada—, en Comunidad Valenciana y en Castilla y León —en camino— han facilitado a los socialistas su primer material de campaña para las elecciones vascas, catalanas y europeas.
En los últimos días, saltaron las luces de alarma para los socialistas en Valencia primero y en Castilla y León después. En ambas, PP y Vox, que gobiernan en coalición, presentaron sus respectivas leyes "de concordia" —así las llamaron— con muchos elementos en común. Parten de la idea, y así lo expresan textualmente, de que "nunca ha habido un relato consensuado sobre la Segunda República, la Guerra Civil y el franquismo", y que por tanto las nuevas generaciones "han recibido en muchas ocasiones una visión sesgada de ese conflicto cuya única finalidad es alimentar una división partidista en la sociedad".
Las leyes de concordia de Castilla y León y Valencia comparten parte de la redacción y sostienen que se ha ofrecido una "visión sesgada del conflicto" para alimentar la "división partidista"
La proposición de ley valenciana [aquí en PDF], registrada el 21 de marzo, reconoce a "todas las víctimas de la violencia social, política, del terrorismo o la persecución ideológica y religiosa acaecidas en el territorio de la Comunitat Valenciana durante el periodo histórico comprendido entre 1931 y hasta nuestros días". La propuesta castellanoleonesa [aquí en PDF], presentada unos días más tarde, el 26 de marzo, y que copia párrafos enteros del texto valenciano, reconoce a quienes "padecieron persecución o violencia por motivos ideológicos, religiosos y sociales desde el año 1931 hasta el año 1978". Es decir, que se homologa en ambos casos la II República, el golpe de Estado y la Guerra Civil y la posterior dictadura. Es más, el texto de Castilla y León ni siquiera cita la palabra dictadura. Sí lo hace el valenciano, pero de nuevo para equiparar todos los periodos históricos: "Una convulsa Segunda República, una Guerra Civil, una dictadura y el azote del terrorismo etarra e islámico". La proposición de ley castellanoleonesa, en caso de que vea la luz, supondría la liquidación del decreto 9/2018, de memoria histórica y democrática y que el anterior presidente de la Junta, el popular Juan Vicente Herrera, pactó con la oposición en las Cortes.
Pero antes, el 29 de febrero, el Boletín Oficial de Aragón publicaba la ley 1/2024, que directamente deroga la ley de memoria democrática que impulsó el Gobierno del socialista Javier Lambán en 2018, que entonces lideraba una coalición con Chunta Aragonesista. A diferencia de los textos de Valencia y Castilla y León, a los que les queda todo el recorrido parlamentario, la norma aragonesa ya es una realidad desde hace algo más de un mes.
Por eso fue Aragón en quien el Gobierno se fijó este mismo lunes de vuelta del parón de Semana Santa. El Ejecutivo, desde primera hora de la mañana, y el PSOE después, calzaron en la agenda del día el combate a la derogación a la normativa sobre memoria histórica impulsada por PP y Vox en las tres comunidades, pero a la que afecta la acción de la Moncloa es Aragón, ya que es la que ha ido más lejos por ahora. La ley podría caminar en contra de la ley estatal de memoria democrática, aprobada por Congreso y Senado en 2022 con el impulso de PSOE y Unidas Podemos y sus socios de legislatura.
Para Torres, PP y Vox consuman un "blanqueamiento de la dictadura", igualando la República con el franquismo
Fue el titular de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, el que abrió el lunes anunciando el recurso del Gobierno ante el Tribunal Constitucional de la ley aragonesa si el Ejecutivo autonómico no acepta modificarla. También su departamento actuará contra las proposiciones de Castilla y León y Valencia si llegan a término aunque, en este caso, lo "importante" es que ambas "decayeran" antes de ser aprobadas. Para el ministro, lo que demuestran las tres CCAA es que el PP opera "obligado y cediendo" ante Vox, y lo que se consuma es un "blanqueamiento de la dictadura", "igualar cuatro décadas de ausencia de libertades, de desapariciones y torturas" con un periodo democrático.
La vía del artículo 33.2 de la LOTC
Torres adelantó que, antes de interponer el recurso de inconstitucionalidad, el Ejecutivo tiraría de una herramienta que ofrece el artículo 33.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), y es convocar a la comunidad afectada a una comisión bilateral para abordar la discrepancias y buscar que cambie los artículos que, a ojos del Gobierno, podrían contravenir la Carta Magna. Y tanto "si se niega" a acudir a esa reunión el Gabinete del popular Jorge Azcón como si no aceptar modificar la normativa autonómica, entonces el Gobierno central presentará "automáticamente" la impugnación.
El Gobierno aragonés se niega a acudir a la comisión bilateral ofrecida por el ministro y le emplaza a que acuda directamente al Constitucional
Horas después, el Gobierno aragonés de PP y Vox rechazó, en efecto, asistir a la comisión bilateral propuesta por el ministro. "No hay ninguna base" en las discrepancias jurídicas que se plantean y por tanto el Ejecutivo de Azcón no acepta participar en una reunión de este tipo, aseguró la portavoz de Azcón, Mar Vaquero. "Si están tan seguros de la supuesta inconstitucionalidad de la derogación de la ley de memoria democrática pueden acudir directamente al Tribunal Constitucional", sostuvo la dirigente, para quien la norma aragonesa es "jurídicamente intachable".
No lo es en absoluto para el ministerio, que cree que la ley aragonesa "invade competencias del Derecho internacional" y "vulnera derechos humanos", ya que elimina el mapa de fosas, por lo que las exhumaciones se dificultan; se retiran lugares de memoria, y se suprime una disposición sobre homenajes a personas asesinadas en campos de concentración nazis, informa EFE.
El PSOE recogió el testigo de la argumentación del Gobierno, y este martes lo retomará de nuevo el Ejecutivo, ya que Torres comparecerá junto a la ministra portavoz, Pilar Alegría, para dar cuenta de los estudios jurídicos que han llevado a su departamento a buscar la paralización de la ley aragonesa y a alarmar sobre los textos de Comunidad Valenciana y Castilla y León.
Los socialistas, dijo la portavoz de la ejecutiva, Esther Peña, pondrán "todos los recursos" contra "la ola reaccionaria" de los gobiernos de PP y Vox. "No nos vamos a convertir en un país sin memoria y no seremos un país que olvide a los que lucharon por la democracia", advirtió la responsable federal. Ella misma se dirigió a todos aquellos que buscan a sus seres queridos en las cunetas de todo el país: "No os vamos a dejar solos frente a la coalición del olvido". El PSOE, incidió, no tolerará que les "vilipendien y abandonen" de nuevo. Para Ferraz, el PP y Alberto Núñez Feijóo llegan "muy lejos en sus pagos a la ultraderecha". Ahora, "tirando por tierra el consenso avanzado" en materia de memoria democrática. "Vuelven a insultar a miles de familiares en este país, disparan al corazón de la Constitución".
El PSOE advierte de que usará "todos los recursos" para combatir la "ola reaccionaria" que pretende dejar España como un "país sin memoria"
La dirección de Pedro Sánchez subrayó la trampa que, a su juicio, suponen las leyes llamadas "de concordia" por el PP, porque suponen una relectura del pasado y desprecian que "en España ya tenemos una ley de concordia, que es la Constitución española". "La España constitucional es la España democrática, avanzada y moderna [...]. Quieren enterrar la memoria". Un objetivo, sostuvo Peña, que es posible hoy porque el PP compra los "postulados" de Vox. La portavoz afeó al actual presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que incluso pretenda revertir un decreto de 2018 que impulsó el que entonces era presidente regional, Juan Vicente Herrera, de su mismo partido. "Me gustaría saber qué está pensando el PP de Herrera frente a lo que está haciendo el PP de Mañueco", zahirió.
La respuesta a los pasos dados por las tres comunidades fue coordinada, obviamente, con la Moncloa y con Ferraz, como reconocían en el ministerio y en el partido. Se activó la alerta al máximo para situar el foco en la memoria democrática con fines, también, electorales.
"No podíamos dejarlo más"
Porque lo que pretende el Gobierno es recuperar el marco de la campaña de las generales que tanto funcionó a Sánchez el año pasado, y que le permitió frenar el avance que parecía cantado de PP y Vox. La cúpula y el ministerio admitían que la semana pasada no era propicia para activar la alerta, por el parón vacacional. Así que era obligado, entienden, actuar ya. Justo cuando se enfilan las tres elecciones de corrido. "No lo podíamos dejar más. Siempre nos gusta que Feijóo muestre su verdadera cara antes de unas elecciones. La del moderado que abrió las puertas de par a la ultraderecha, y que en Europa está del lado de los que quieren pactar con los ultras y no de sus propios compañeros que quieren ponerles un cordón sanitario. Este es el PP de verdad y es de agradecer que se muestren como son antes de que se abran las urnas", señalaban fuentes de Ferraz.
Siempre nos gusta que Feijóo muestre su verdadera cara antes de unas elecciones. Este es el PP de verdad y es de agradecer que se muestren como son", subrayan en Ferraz
Los socialistas están convencidos de que este tema, la memoria histórica, es una cuestión que puede alarmar a los votantes más templados, los que en el último momento bascularon hacia Sánchez el 23-J. "Esto hace que el centro o no vote o se vaya hacia la izquierda. A los más de derechas es cierto que les da igual, pero por el centro es un golpe. Hay mucha gente ahí, que incluso a veces no vota, pero que estas cuestiones no las tolera", explicaban.
Es decir, que el PSOE vuelve a tocar una tecla que sí que le funcionó hace un año, pero que en anteriores ocasiones no siempre había operado. Y en Ferraz están convencidos de que este grito les vale no solo para las europeas del 9 de junio, las más lejanas del ciclo y las que obviamente tienen un cariz más nacional, sino que también les permite meterse en la campaña de las vascas del 21 de abril y de las catalanas del 12 de mayo. "Este domingo, Salvador Illa decía en El País que la ultraderecha es algo a parar en Cataluña también. Tanto por el lado de Vox como por el lado de los nuevos partidos independentistas ultras", recordaban. Es decir, que la memoria democrática es una cuestión lo suficientemente relevante como para convertirse en objeto de debate electoral en estas dos autonómicas. De hecho, la campaña de los comicios en Euskadi comienza este mismo viernes, 5 de abril.
"Nada es gratis", apuntalaban fuentes próximas a Torres. "Evidentemente que no podemos negar el cariz electoral —añadían en Política Territorial—, pero el Gobierno tiene que reaccionar también ante un ataque contra una de sus políticas bandera. Y el PP tendrá que explicar ciertas cosas. No solo que pretenda derogar el decreto de Herrera de 2018 en Castilla y León, sino también que en Aragón presentó enmiendas a la ley que promovía Lambán y el PSOE se las aceptó, enmiendas que ahora el PP deroga".
Un debate "artificial" para el PP
Génova, mientras, rehúye profundizar en un debate que tacha de "artificial" en plena investigación del caso Koldo. "No vamos a poner el foco ahí", advierten fuentes nacionales del PP, que remarcan que su "prioridad es darle oposición al Gobierno" en un momento en el que la amnistía está aprobada y afloran posibles casos de corrupción. Los populares creen que hay una necesidad repentina por cambiar el marco dialéctico hacia la memoria democrática, pero eluden jugar esa mano. En la comparecencia de prensa posterior al comité de dirección del partido de este lunes, el portavoz, Borja Sémper valoró como positivo que se ensanche el resguardo "de las víctimas", en referencia a la ampliación de la norma en Castilla y León hasta 1931. "Todo lo que sea avanzar, ensanchar y llegar a más gente nos parece muy bien y nos parece razonable", dijo.
Génova da respaldo a la ofensiva de sus gobiernos contra la memoria democrática, aunque reconoce que el franquismo fue "una dictadura"
Es más, apuntó que el hecho de no condenar o incluir la palabra dictadura expresamente en la proposición de ley para suplir al decreto de 2018 es porque "se da por hecho". Procedió a calificar de "dictadura" al franquismo después. Pero al "desconocer el texto", eludió profundizar instando a los periodistas a preguntarle una vez esté aprobado. En el partido, fuentes nacionales explican que "no se puede considerar que se avale la dictadura por no incluirse expresamente". "Son interpretaciones. Lo hemos dicho muchas veces y la hemos condenado hasta en el Congreso". Ante la diferencia de pareceres que existen en esta línea con Vox, su socio de gobiernos autonómicos y quien ha potenciado estas cuestiones, el PP evita profundizar en los idearios de otros partidos. No ven que, de cara a una campaña electoral como la vasca, la catalana y la europea, esto vaya a tensionarles.
Desde el PSOE y desde el Gobierno niegan que esta sea una "cortina de humo" como lo viste el PP: "No somos nosotros", defienden en el entorno del ministro, "los que hemos apoyado leyes de derogación ni propuestas de ley en diferentes CCAA. No es oportunismo. Este es un asunto que el presidente Sánchez tiene muy en cuenta, es uno de los hitos de la pasada legislatura, y se trata de defender lo aprobado. Y lo haremos siempre que suceda". El Ejecutivo de Cantabria, agregan, también anunció la derogación de la ley autonómica de memoria democrática, de la mano de Vox. Y si se da el paso finalmente, el Gobierno de Sánchez, avisan, también intentará frenarlo.
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