Cuando Víctor de Aldama se enteró de que el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno había autorizado un software espía en su teléfono le pareció una medida "excesiva y desproporcionada". La Fiscalía ha confirmado que esa suerte de Pegasus, que se introduce en el móvil y es capaz de robar todo tipo de datos además de activar el micrófono o saber la localización, nunca llegó a penetrar en el dispositivo del empresario implicado en el 'caso Koldo'. El magistrado, por su parte, ha señalado que la autorización estuvo bien motivada.
La defensa del que fuera presidente del Fútbol Club Zamora interpuso un recurso para saber cómo se había justificado esa medida de registro remoto de los dispositivos electrónicos y qué software específico había sido. "La posibilidad de interceptar comunicaciones telemáticas que brinda la diligencia de registro remoto de equipos informáticos es una técnica de ordinario, bastante más compleja que otras formas de interceptación de comunicaciones, como así ha ocurrido en el presente caso ya que por difigultades de tipo técnico no puedo llegar a ejecutarse", reconoció el fiscal el pasado 25 de marzo en un escrito al que ha tenido acceso El Independiente.
Sobre el porqué no se especificó cuál era el programa utilizado, el Ministerio Público dice que "es porque no es un programa de acceso público, se trataba de un troyano --un software que permitiera de forma remota y telemática, el examen a distancia y sin conocimiento de su titular o usuario de la extracción de la información contenida o almacenada en el dispositivo". Además, se ampara en la Ley de Secretos Oficiales por la que las técnicas operativas que utilizan los policías para combatir la delincuencia son reservadas. Recuerda igualmente que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) no llegó a entrar por lo que qué más da ahora cuál fuera el procedimiento usado.
El juez Moreno --que autorizó este software también para el asesor de José Luis Ábalos, Koldo García, así como para el empresario Juan Carlos Cueto-- está de acuerdo con el fiscal y este mismo martes ha desestimado el recurso interpuesto por Aldama. Para él la medida fue proporcional.
La Sala decidirá sobre los vehículos intervenidos
Por su parte Aldama ha recurrido a la Sala de lo Penal la negativa de Ismael Moreno de devolverle sus vehículos. Su defensa señala que "la aprehensión y depósito judicial de los vehículos (decomiso cautelar) no puede ser adoptada como medida de aseguramiento civil, porque los delitos atribuidos en la práctica totalidad de resoluciones que acuerdan la adopción de medidas cautelares de naturaleza real, a saber, delitos de cohecho, organización criminal, tráfico de influencias y blanqueo de capitales, no generan responsabilidad civil", en un documento al que ha tenido acceso también este medio.
Explica que no se motivó el alcance de esta medida y que es una desproporción que le hayan retirado todos los coches y que se le prohíba la posiblidad de vender, gravar o disponer de éstos. "El comiso solo puede recaer sobre bienes adquiridos con posterioridad a la fecha de los hechos atribuidos, con exclusión de los anteriores", cuenta.
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