Abril o abril. El Gobierno se da este mes para cerrar la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Debe ser ahora, "sí o sí", en palabras del presidente, Pedro Sánchez, pero no porque sea un "ultimátum", como lo califica el PP, sino porque en la Moncloa entienden que es la propia Comisión Europea la que ha puesto ese tope temporal, a fin de que el mediador, Didier Reynders, pueda cerrar la carpeta antes de afrontar de lleno su candidatura a la secretaría general del Consejo de Europa.

El serial del relevo en el órgano de gobierno de los jueces no concluye nunca. Ya acumula más de cinco años con el mandato vencido. En su reunión del pasado 22 de diciembre en la Moncloa, fue Alberto Núñez Feijóo quien sugirió al jefe del Ejecutivo la vía de la mediación europea, y este la aceptó. Bruselas tardó unas semanas en contestar, pero finalmente situó al comisario de Justicia, Didier Reynders, como el puente entre las partes, y este les concedió un plazo de dos meses para llegar a un entendimiento desde la primera reunión. Un tiempo que se agotaba el 31 de marzo.

Hasta el momento se han producido tres encuentros a tres. El último, el 13 de marzo. La última cita, la programada para el pasado 27 en Madrid, se canceló a petición del PP

A la mesa, el comisario Reynders, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y el vicesecretario de Institucional de los populares, Esteban González Pons. Se sucedieron tres encuentros a tres —los dos primeros en Bruselas, el 31 de enero y el 19 de febrero; el tercero, en Estrasburgo, el 13 de marzo—, y el cuarto, programado para el miércoles 27 de marzo en Madrid, se canceló porque el PP pidió un aplazamiento dado que no había avances. El pasado domingo tenía que haber expirado su cometido de mediación entre Gobierno y PP, porque justo el lunes 25 la candidatura de Reynders para la secretaría general del Consejo de Europa se hizo oficial, pero la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, le dio un pequeño margen. Su excedencia no remunerada comenzará a partir del 25 de abril "y hasta el día de la elección del nuevo secretario general del Consejo de Europa", que tendrá lugar entre el 24 y el 28 de junio en Estrasburgo, a fin de que el nuevo alto cargo tome posesión de su puesto el 18 de septiembre.

Sánchez, este pasado lunes, en conversación informal con los periodistas que le acompañan en el viaje a Oriente Próximo, subrayó que la renovación del CGPJ debe producirse este mes porque la Comisión ha concedido esa prórroga de un mes y por tanto no hay más lugar a excusas y ha prescrito que ha de llegarse a un acuerdo "sí o sí" en abril.

"No suena nada democrático"

La advertencia no sentó bien al PP. Según su portavoz en el Congreso, Miguel Tellado, Sánchez "no está en condiciones de dar ultimátums" para el relevo del Poder Judicial y esto "no suena nada democrático". El dirigente, exponente del ala dura del partido, llegó a comparar sus avisos con aquellos que daba ETA cuando mataba. "Eso de los ultimátums, [que] se lo guarde para Junts, para ERC y, especialmente, para los amigos de Bildu, que eran los que daban ultimátums al presidente del Gobierno" para que acercara los presos al País Vasco o de lo contrario "asesinaban a un concejal del PP".

Para el Gobierno, es "absolutamente indigno" que el PP use la memoria de las víctimas de ETA. "Y no lo vamos a tolerar", rubrica la ministra portavoz

La portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, exigió a Feijóo, por un lado, una "rectificación inmediata" de las palabras de Tellado, y por otro, "una disculpa y un perdón a las víctimas" del terrorismo. "Querer comparar la obligación constitucional de renovar el CGPJ con los ultimátums que ETA daba a sus víctimas es absolutamente indigno y, desde luego, no lo vamos a tolerar", "es indigno el uso de la memoria de las víctimas para tapar la falta de argumentos que permiten [al PP] seguir bloqueando la renovación", denunció la ministra.

Pero más allá del nuevo cruce de reproches, pesa la duda de si será posible conseguir un pacto que ha estado cerca en otras tres ocasiones pero que nunca se ha logrado rematar. A priori, parece difícil que se pueda culminar en apenas un mes, y en medio de tres procesos electorales, las vascas del 21 de abril, las catalanas del 12 de mayo y las europeas del 9 de junio.

El Gobierno, ante los micrófonos y detrás de las cámaras, insiste en que "no hay un plan b". Que no baraja otra opción que el acuerdo. "No contemplamos otra cosa que la renovación —sentenció Alegría—. Los tiempos, la mediación y el interlocutor los propuso el PP, y nosotros aceptamos las reglas del juego. No cabe ninguna excusa más para cumplir la Constitución".

Fuentes del Ejecutivo insisten en que no es Sánchez el que impone un ultimátum, sino la Comisión. "Reynders iba a empezar su periodo de excedencia voluntaria el 31 de marzo para poder competir como candidato a la secretaría general del Consejo de Europa, pero la Comisión ha decidido ampliar el plazo un mes más", indican desde la Moncloa.

"Situación límite"

¿Cabría la opción de que en mayo, cuando el comisario sí tenga que acogerse a esa licencia sin sueldo, Von der Leyen sitúe como mediador a otro miembro de su equipo, como a Věra Jourová, vicepresidenta de Valores y Transparencia? "Sí, podría asumirlo otro, pero se ha dado un mes más para que sea Reynders, que es quien se sabe la carpeta, remate", explican fuentes muy próximas al presidente.

En la Moncloa insisten en que no hay un 'plan b', que solo cabe el acuerdo y que hay que aprovechar la "oportunidad" de la prórroga de un mes

Para el Gobierno, este tiempo extra tasado es "una oportunidad" que hay que aprovechar para intentar alumbrar el pacto. "La Comisión Europea y nosotros hemos hecho todo lo que estaba en nuestra mano en dos meses. Y ahora vamos a trabajar en este plan a. La situación es tan límite que todos tenemos que hacer un esfuerzo", señalan desde la Moncloa, donde se muestran, más que optimistas, "realistas". O sea, cautos.

En el Ejecutivo recalcan que no están echando "presión" encima del PP, sino simplemente "constatando una realidad", que es la prórroga que ha concedido Bruselas y que no se puede estirar por la sucesión de elecciones en apenas 70 días.

Nada ha trascendido de los detalles de las negociaciones. Reynders ha recordado que la Comisión, en sus recomendaciones anuales, urge a España a renovar con carácter prioritario el CGPJ para iniciar "inmediatamente después" el proceso de reforma del sistema de elección de los vocales del turno judicial (12 de los 20 miembros del órgano, porque los otros ocho son juristas de reconocido prestigio). El PP quiere cerrar ambas cuestiones a la vez, en paralelo, mientras que el Gobierno insiste en que el relevo en el CGPJ no se puede condicionar a nada ni ligar a una modificación futura de la ley, porque los populares no tendrían además mayoría parlamentaria para acometerla.

El PP reclama, en línea con Bruselas, que los vocales jueces sean elegidos por sus pares, mientras que el Gobierno defiende el sistema actual —y que los populares no cambiaron ni cuando disfrutaban de mayoría absoluta—: que Congreso y Senado elijan a esos 12 miembros del CGPJ a partir de una lista acotada y cerrada propuesta por la carrera judicial. Las posiciones siguen enconadas aunque Reynders, tras la tercera reunión, dijo ver "posibilidad" de acuerdo y se comprometió a "seguir trabajando" para "estabilizar" la situación. Ahora las partes tienen un mes más para intentarlo. Nada indica, eso sí, que esta vez sea la definitiva.