Si uno de los focos de interés de la reunión este lunes en el Senado de la Comisión General de Comunidades Autónomas era la presencia e intervención del presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha sido la madrileña Isabel Díaz Ayuso, el principal contrapunto al discurso del catalán, que esta vez ha decidido quedarse a escuchar a sus homólogos del PP. La presidenta madrileña niega la existencia de un "conflicto de convivencia entre España y sus regiones" y acusa al Gobierno central de una "política de tierra quemada" que ha hecho "bandera del frentismo, de la mentira y de traicionar el mandato de las urnas, de las instituciones y de la Constitución". En definitiva, "estamos ante un golpe de la unidad nacional, la democracia y el estado de derecho que será imparable si no reaccionamos a tiempo", ha alertado.

Sentadas estas bases, recuerda que si bien el artículo 92 de la Constitución permite que se consulte a los ciudadanos sobre cuestiones de especial relevancia, ha subrayado que alude "a todos los españoles", en los que reside la soberanía del país. Significa que lo que pasa en cualquier de los territorios apela a toda España. "Cataluña, señor Aragonès, es de todos los españoles", le ha espetado al presidente de la Generalitat. "La amnistía nos rompe a todos y a ustedes también, señores del PSOE. Lo que ocurre en cada comunidad nos afecta a todos. España es de todos y somos representantes del Estado", ha agregado con un fondo y una forma algo más atemperadas que en otras ocasiones.

Hipoteca de 342.000 millones de euros

Tras denunciar que las cesiones al secesionismo vienen justo cuando pasa "por sus horas más bajas", invita a Aragonès a que "comience por una gestión eficaz del agua", para agregar que la independencia fiscal que exige la Generalitat llevaría a una "hipoteca" de 342.000 millones de euros y, además, "no podrían cobrar sus pensiones 240.000" jubilados catalanes, datos que posteriormente, en declaraciones a la prensa, ha desmentido el presidente de la Generalitat.

Bien es cierto que no ha sido solo Ayuso quien ha dejado clara su posición contra la ley de amnistía, el referéndum de autodeterminación, una financiación a la carta o cualquier otro tipo de cesión generador de ciudadanos de primera y de segunda. "No voy a consentir que los murcianos paguen la factura independentista, que se juegue con sus recursos financieros, para unos servicios públicos que prestamos con grandes sacrificios", ha dicho el presidente murciano, Fernando López Miras.

"La ensoñación de los Países Catalanes ni existe ni existirá", ha sentenciado, por su parte, el valenciano Carlos Mazón, quien ha defendido que al conjunto de España "no se le trolea", en alusión al término empleado por el propio Aragonès para explicar su presencia este lunes en la Cámara alta. "La amenaza y el chantaje tienen un pátina progresista y ahora la amnistía y luego el referéndum tienen carta de naturaleza", ha alertado en otro momento.

"Quien quiera reírse de los aragoneses demuestra su enanez política", ha arrancado fuerte el presidente Jorge Azcón y, parafraseando a Mazón, ha apelado a la Corona Aragonesa como antídoto contra los Países Catalanes que reivindica el nacionalismo. Por su parte, la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, considera que "la ley de amnistía es la legitimación de una ruptura, no una decisión de futuro sino una deslealtad, con Pedro Sánchez a la cabeza y un gobierno pretoriano que ha hecho de la mentira su idioma". Alfonso Fernández Mañueco, presidente del ejecutivo de Castilla y León, ha llegado a calificar la ley de amnistía de "gran fraude constitucional" y anunciado que su territorio dará "un paso adelante" para defender la igualdad de todos los ciudadanos.

No ha acudido, entre otros, el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, que inauguraba las obras de ampliación del metro de Sevilla, ni el gallego Alfonso Rueda, en su caso por estar centrado, según él mismo explicó, en la preparación de su discurso de investidura, que arranca este martes.

Nueva ausencia del Gobierno y de los presidentes socialistas

Como en la reunión del pasado mes de octubre de la comisión general de Comunidades Autónomas, a la cita de hoy no ha acudido ningún presidente autonómico socialista, ni siquiera el castellanomanchego Emiliano García Page, a pesar de ser contrario a la amnistía y a la autodeterminación. Tampoco, como aquella vez, lo ha hecho ningún miembro del Ejecutivo. Ha sido el socialista Juan Espadas, portavoz en el Senado, el que ha tomado la palabra en nombre del Gobierno de Pedro Sánchez y de su Grupo Parlamentario.

El ministro de la Presidencia y de Justicia, Félix Bolaños, se ha limitado a aludir al encuentro del Senado a través de su cuenta de Twitter. Tras referirse al "numerito" del PP en el Senado con la amnistía, insiste en su tesis de que el informe de la Comisión de Venecia "respaldó la ley de Amnistía". "Como no les gustó nada (...) ahora se piden informes a sí mismos. ¿Qué dirá el informe del PP, pedido por el PP? Qué intriga", ironiza.