El Congreso tramitará la regularización de casi medio millón de inmigrantes sólo con el rechazo de Vox

Ni Junts ni el PP han torpedeado la toma en consideración de una iniciativa legislativa popular (ILP) en el Congreso de los Diputados para regularizar la situación de casi medio millón de inmigrantes que trabajan en España. Los neoconvergentes evitan romper así la mayoría de la legislatura, como en otras ocasiones, y han respaldado junto a PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu, PNV y el BNG la medida, que viene impulsada por distintos colectivos de ayuda a los inmigrantes. También desde el ámbito católico. Primero lo han hecho en el turno de fijaciones y a última hora de la tarde mediante votación. Por su parte, como excepción, el PP se ha sumado al voto favorable, tras debatir la cuestión este lunes en el Comité de Dirección y en la mañana de este martes, en una reunión de grupo. También lo han apoyado Coalición Canaria y UPN rompiendo la dinámica de pactos. En la negativa se ha quedado sólo Vox, que está explotando el combate migratorio electoralmente.

El debate de hoy ha retratado a todos los partidos ante una cuestión de gran sensibilidad. Frente a un tema que agita la ultraderecha en España y Europa, y que la izquierda no ha sabido abordar para contrarrestarlo. Esto, ya aprobada, permitirá debatir el asunto con sosiego más allá de momentos puntuales en los que la cuestión migratoria abarca la agenda. Un ejemplo fue las llegadas masivas a Canarias a finales del año pasado. No supone, en cambio, que entre en vigor desde ya. Y en ello, se apoya el PP para apoyar comenzar este trámite.

Este es un tema que genera enfrentamiento político en términos electorales de cara a los comicios vascos, catalanes y europeos: el PP frente a Vox y Junts frente a nuevas pulsiones independentistas, conservadoras y xenófobas como Aliança Catalana. Hay que mencionar que el PSOE en un primer momento no se mostraba del todo favorable, y como reconocen sus socios de gobierno, dentro de Sumar, ha ido virando en pocos días su posición. Ahora bien, fuentes socialistas sugieren que podrán introducir enmiendas que reformen la propuesta inicial. Se quiere regularizar, pero con cabeza, admiten. Y siguiendo las directrices europeas. Más cuando este miércoles la Eurocámara debate si deporta a inmigrantes ilegales. El PP argumentaba lo mismo horas antes al pleno. "Vamos a conocer el pacto el miércoles, quizá éste no era el momento adecuado" para llevarlo, afirmaban voces autorizadas.

La posición de Junts era la gran incógnita, aunque no había mostrado rechazo inicial ni en las horas previas. Lo era, especialmente, tras haber reclamado al Ejecutivo las competencias de inmigración para Cataluña el pasado enero, a cambio de no tumbar tres reales decretos, caso del anticrisis, de la reforma del subsidio de desempleo y el ómnibus que incluía una modificación de la ley de Enjuiciamiento Criminal en cuanto a las cuestiones prejudiciales europeas. Una demanda de gestión, que viene dada principalmente por el deseo de regular la expulsión de inmigrantes en situación irregular que reincidan varias veces en la comisión de delitos. Desde las asociaciones se niega que exista un vínculo.

En el pleno, los grupos favorables a la regularización han puesto en el foco la cuestión de la "humanidad" y han reivindicado que el aporte también repercutirá en lo económico. Por un lado, sacar parte de la economía sumergida y hacer que esa parte de la población cotice a la Seguridad Social. Por otro lado, han resaltado la necesidad de contar con trabajadores para el sostenimiento de las pensiones por la caída de la natalidad.

El PP aboga por que la apertura de este debate vía ILP sirva para que el Gobierno tome medidas más amplias"

Por su parte, el diputado Josep María Cervera, despejaba la incógnita que ya desde por la mañana fuentes del partido venían vislumbrando: el voto favorable. "Votaremos a favor por el respeto a las 900 entidades y más de 600.000 personas -no beneficiados- que le han dado su aval. Hablamos de personas y de derechos humanos", ha sostenido Cervera, que ha instado a llegar a los siguientes pasos parlamentarios para "hacer los aportes necesarios" que consideren. La cuestión migratoria, ha dicho, es una en las que Carles Puigdemont "ha puesto el acento". Principalmente por tratarse de Cataluña la "tasa más alta del Estado" y la que menos recursos tiene para afrontarla, ha añadido, reivindicando la necesidad de autogestionar la inmigración como se pactó con Moncloa. "Siempre dentro del marco europeo y supeditada a las necesidades de Cataluña", finalizó.

El PP, en su turno de fijación de posiciones, ha abogado por que esta ILP permita abordar una cuestión de forma parlamentaria que debe materializarse por dos vías: por una reforma de ley orgánica o por real decreto ley. La diputada Sofía Acedo ha instado al Gobierno a que tome cartas en este asunto y que, entre otros, ejecute los expedientes de expulsión aún por resolver. Por otro lado, sin oponerse directamente a esta iniciativa, Acedo ha incidido en que su grupo carece de la información "necesaria para tomar una decisión". Y espera que el debate que se abre sirva "para conocer las cifras reales" de inmigrantes por regularizar y los motivos de por qué aún no se ha hecho.

La postura de Vox, por su parte, es la de que esta regularización se hace "por la absoluta vía de la ilegalidad y con la idea subyacente de llevar a cabo una sustitución poblacional, fomentando esa llamada a la inmigración ilegal que está poniendo en riesgo nuestras calles". Así lo declaraba previamente al pleno la portavoz parlamentaria de Vox, Pepa Millán. En el debate, la diputada que ha defendido la negativa de voto, Rocío de Meer, ha enarbolado la defensa de la identidad nacional. En el mismo instante en el que se debatía la cuestión, Vox ha anunciado una campaña en Cataluña, relacionando, igualmente, inmigración -sin detallar ilegal o legal- con delincuencia. Se basan en datos de un informe del CGPJ en el que se indica que, en 2022, el 49% de los encarcelados en la región eran inmigrantes.

El PSOE, como respuesta, le ha reprochado que fomente la discriminación. Los socialistas abogan por dialogar sobre el asunto, pero como Junts, admiten que no "podemos obviar" la demanda social demostrada con la ILP.

Sumar lleva al Gobierno el asunto

En una comparecencia previa al pleno, el diputado y portavoz de Sumar, Íñigo Errejón, ha asegurado que de prosperar la toma en consideración, como ha sido el caso, propondrá en el seno del Ejecutivo la creación de una Comisión de seguimiento para que la propuesta no pase a "quedarse metida en un cajón". A ella podrán adherirse "los grupos interesados" así como los ministerios que tengan relación con la cuestión. Una intencionalidad que nace tras las dudas iniciales del PSOE y por la voluntad, llegado el caso, de cambiar mediante enmiendas la regularización durante la tramitación.

Preguntado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, Errejón ha valorado positivamente los cambios de PSOE, PP y Junts. A su juicio, ésta viene determinada por tres factores: la presión social por la obtención de casi 700.000 firmas favorables a la regularización; "el buen trabajo" y la influencia de la Iglesias Católica; y la "concatenación de fechas electorales".

La ILP propuesta pide que se cambie una disposición transitoria de la ley de extranjería. Una fórmula que ya se empleó con otra regularización amplia y extraordinaria al principio del segundo gobierno de José María Aznar. Y es que el nuevo texto comente: "Se establecerá, en el plazo de seis meses, un procedimiento para la regularización de los extranjeros que se encuentren en territorio español antes del día 1 de noviembre de 2021". En principio, y según los cálculos de las entidades promotoras, se beneficiarían al rededor de medio millón de personas. En su mayoría, de procedencia latinoamericana.