El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón se prepara para citar a la secretaria general de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) Marta Rovira y al resto de investigados por terrorismo en la causa de Tsunami Democràtic, según informan fuentes judiciales, después de que el Tribunal Supremo haya dado el primer paso y haya citado al expresident de la Generalitat Carles Puigdemont y al diputado Rubén Wagensberg el próximo 17 y 21 de junio. Ella ha ubicado su domicilio para recibir las notificaciones judiciales en la sede del partido político en Cataluña, a pesar de que lleva fugada de la Justicia española desde 2018, así que es posible que la citación sea en territorio nacional.

Fue el pasado 21 de noviembre cuando García Castellón emitió una petición a las autoridades de Suiza para que ofrecieran información sobre los datos que permitieran localizar a la dirigente de ERC y sobre los detalles de una cuenta del CIM Banque Privée. La Oficina Federal de Justicia del país helvético negó, sin embargo, su colaboración por advertir un posible "carácter político" de los hechos investigados en Tsunami Democràtic, pero la líder de ERC ha señalado a través de su abogado su dirección en Cataluña.

Si el instructor decidiera citarla en España, bien con videoconferencia a Barcelona o bien en la sede madrileña de la Audiencia Nacional, Rovira tendría que decidir si regresa a territorio nacional tras llevar sin pisarlo desde hace seis años. Las cuentas pendientes de la política independentista con el Tribunal Supremo pueden complicar su llegada, si bien el borrado del delito de sedición del Código Penal simplifica su horizonte.

En el campo de la hipótesis, si Rovira regresara sin la amnistía todavía en marcha, podría ser detenida porque sobre ella pesa una orden de detención nacional por el asunto del procés. Según fuentes jurídicas, su recorrido sería similar al de la exconsellera Clara Ponsatí que fue detenida cuando regresó por sorpresa a Barcelona el pasado año, pero tras declarar ante el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena quedó en libertad.

Los delitos que pesaban sobre ella y sobre Rovira tenían una pena muy superior cuando la sedición seguía vigente, pero tras la despenalización que llevó a cabo el Gobierno de Pedro Sánchez el grueso de su acusación se desvaneció. Ninguna de las dos está acusada por malversación, según han confirmado fuentes jurídicas, y por tanto su pena sólo podría ser de multa y no cabría un tipo de medida cautelar de prisión sobre ella en ese asunto.

Por su parte, el juez García Castellón la ubica en la cúspide de la coordinación de Tsunami. Cree que tras el pseudónimo 'Matagalls' que aparece en las conversaciones de la causa estaba la secretaria de los republicanos. "Se está reclutando a gente para hacer vuestra acción que lo está charlando en la dirección", dice en uno de los mensajes intervenidos el 3 de octubre de 2019, a modo de ejemplo. Su papel, según revela el sumario, concretamente en la pata financiera puesto que se sospecha que a través de ella se pudo conseguir dinero para alimentar supuestamente los altercados independentistas.

El resto de 'Tsunami Democràtic'

Rovira no será la única citada. Las fuentes de la investigación vinculadas a Tsunami aseguran que el asunto en la Audiencia Nacional está prácticamente terminado tras años de análisis de los Servicios de Información de la Guardia Civil a falta de las declaraciones de todos los implicados que hasta ahora no habían declarado porque el sumario estuvo mucho tiempo bajo secreto.

La investigación, que nació en 2019 cuando el magistrado ordenó bloquear la plataforma que originó los disturbios en Cataluña tras la sentencia del procés, ha concluido que Tsunami fue "una organización estructurada, jerarquizada y con vocación de permanencia, integrada por varias personas con roles diversos que excedían su ámbito de actuación en parcelas determinadas y con personas a su cargo, cuya finalidad esencial era subvertir el orden constitucional".

Los otros implicados que desfilarán por la Audiencia Nacional serán Oriol Soler Castanys, empresario catalán y fundador del diario Ara; Xavier Vendrell Segura, exsecretario de organización de ERC y exconsejero de gobernación; Marta Molina Álvarez, persona supuestamente encargada de coordinar la acción impulsada para colapsar el aeropuerto de Barajas en Madrid; Josep Campmajó Caparrós, escritor y empresario; Jesús Rodríguez Sellés, empleado de la web independentista La Directa; Jaume Cabani Massip, titular de 11 cuentas bancarias que estarían vinculadas al Consell de la República; Oleguer Serra Boixaderas, ingeniero electrónico y consejero ejecutivo de Òmnium Cultural; Josep Lluis Alay Rodríguez, mano derecha de Puigdemont y su jefe de gabinete Waterloo; y Nicola Flavio Giulio Floglia, ciudadano italiano del que se hallaron mensajes en la investigación sobre dinero que iba a ingresar a la causa.