La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional no sólo tenía orden de detención contra el empresario venezolano José Rincón Bravo (hijo del magnate venezolano Roberto Rincón investigado en Estados Unidos) y contra Carmen Julia Pérez, supuesta testaferro de una trama de corrupción relacionada con el desfalco a la petrolera de Venezuela PDVSA. También iban a arrestar a Said Cabrera, un exmilitar venezolano afincado en Portugal. Pero no lo encontraron. Los agentes en coordinación con las autoridades portuguesas y las estadounidenses registraron, eso sí, su mansión en un lujoso barrio del país vecino, según confirman fuentes de la investigación a El Independiente.

Esta investigación nació a raíz de las confesiones que el exjefe de la inteligencia venezolana Hugo Armando Carvajal, más conocido como El Pollo, hizo ante el Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional. La UDEF realizó algunas comprobaciones y al revelarse que Carmen Julia Pérez aparecía como receptora de unos fondos que se desviaron de PDVSA se abrió una causa nueva de la que se encargó el magistrado de refuerzo Joaquín Gadea. El asunto estuvo archivado un tiempo tras una petición de la Fiscalía, como reveló este medio, pero el hallazgo de nueva información provocó su reapertura bajo secreto.

El modus operandi de esta trama de corrupción coincide con otra investigación que se lleva en la Audiencia Nacional (en el juzgado de instrucción número 3) igualmente sobre el despilfarro de PDVSA. Coinciden, incluso, algunos nombres porque en el marco de esas diligencias ya se había detenido en junio 2018 a José Roberto Rincón. La UDEF entonces registró una exclusiva finca de 400 hectáreas con viñedos, helipuerto y pista de tenis.

Ese asunto sigue vivo y, por eso, el juez Gadea pidió a la instructora María Tardón (titular del Juzgado de instrucción número 3) colaboración para que le entregara información sobre los investigados. Bajo el foco ahora, hay una trama que supuestamente pagaba a funcionarios de PDVSA para amañar operaciones y que el dinero terminara en España. La Policía ha vuelto a registrar la vivienda de Rincón situada en la urbanización de lujo La Finca, en Pozuelo de Alarcón (Madrid), y también otro piso en el céntrico barrio de Salamanca. Además, como avanza este medio, una casa en Portugal del mencionado exmilitar.

Said Cabrera Abraham es una de las piezas fundamentales de la red, como lo es su firma Plymouth Oversea. La UDEF explica que esta compañía se creó 'ad hoc' para una actuación concreta en la que se desviaron al menos 7 millones de euros entre julio y abril de 2014, un año después de la muerte de Hugo Chávez. La principal accionista era Carmen Julia Pérez y el exmilitar figuraba con tres acciones. Ocho días después de abrir la empresa abrieron una cuenta en La Caixa a la que fueron trayendo el dinero en un corto espacio de tiempo.

La investigación se basa en delitos de organización criminal, cohecho internacional y de blanqueo de capitales, aunque la Fiscalía Anticorrupción ha rechazado hacerse cargo y lo lleva la Fiscalía de la Audiencia Nacional, según fuentes de la causa.

Rincón Bravo

Rincón Bravo no ha ocupado ningún cargo público en el régimen chavista, como otros de los investigados venezolanos en España en los últimos años, pero arrastra el historial delictivo de su padre. En 2016 Roberto Rincón Fernández (padre) se declaró culpable ante las autoridades de Estados Unidos por pago de sobornos a funcionarios de PDVSA que influyeron de manera decisiva en la adjudicación directa de licitaciones por parte de la petrolera a las compañías propietarias o colaboradoras de la familia Rincón. Lo mismo creen los agentes que ha ocurrido en España.

Medios extranjeros refieren además que un documento judicial publicado el 26 de marzo de 2024 señala que su padre cumplió una condena impuesta en enero de 2023 por conspirar para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero y suministrar información falsa en su declaración de impuestos en Estados Unidos.

El juez Gadea dejó a Rincón en libertad provisional este lunes tras acogerse a su derecho a no declarar, de acuerdo con lo solicitado por la Fiscalía, aunque impuso como medida cautelar la prohibición de salir de España. Y lo mismo para Carmen Julia Pérez, además de que ambos tendrán que comparecer cada 15 días en el juzgado. Igualmente, Gadea ha levantado parcialmente el secreto que pesaba sobre el sumario, según fuentes jurídicas. La intención es ahora descubrir el paradero de Said Cabrera sobre el que pesa una Orden Europea de Detención para llevarlo a declarar a la Audiencia Nacional.