Los vocales de la Asociación de Fiscales (AF) que integran el órgano asesor de la Fiscalía (el Consejo Fiscal) han elaborado un borrador del informe de la proposición de ley de amnistía como había pedido el Senado. Lo han hecho a pesar de que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, había denegado la petición a la cámara porque considera que no deben pronunciarse ya que el Ministerio Público será parte activa en la aminstía y tendrán que pronunciarse en cada procedimiento por lo que hacerlo antes podría mermar la imparcialidad de su trabajo.

En un comunicado remitido este mismo martes, los seis fiscales del Consejo que forman la mayoría --Jorge Andújar, Mª Isabel Gómez, Eva María Mas, Miguel Rodríguez, Beatriz Sánchez y Roberto Valverde-- anuncian que han redactado un informe para contestar al presidente del Senado que el 7 de diciembre había requirido tanto a ellos como al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) opiniones jurídicas sobre la norma del perdón. Al presentar esta ley como proposición de ley, el Gobierno conseguía saltarse los informes consultivos de los órganos que asesoran al Estado y esto había generado mucho malestar entre los juristas que consideraban la ley nuclear para definir los límites de la Constitución.

"No podemos compartir los argumentos expuestos por el fiscal general del Estado en las comunicaciones remitidas al presidente del Senado los días 25 de enero y 8 de abril", señalan en relación a las cartas que firmó García Ortiz explicando el porqué no contestaba a la cámara alta. Los vocales explican que pidieron al fiscal general que designara un ponente y elaborara un informe, pero "nuestra petición nunca ha llegado a ser respondida" por lo que se pusieron ellos manos a la obra.

"Nos resulta inconcecible que el fiscal general del Estado estime que las peticiones formuladas por los vocales no merezcan respuesta y desdeñosamente, nos replique con una copia de la respuesta enviada al Senado. Pero si esta muestra de descortesía merece reproche, el mayor de los rechazos debe centrarse en la ocultación al Consejo fiscal de las peticiones formuladas por el Senado", alegan.

En este anuncio reflejan que, a su juicio, la norma que va a perdonar todos los delitos del procés "supone la quiebra del principio de separación de poderes como elemento estructural del Estado de Derecho".

Norma inconstitucional

El escrito de 160 páginas, al que ha tenido acceso El Independiente, señala que la amnistía "no cumple con algunos de los estándares europeos sobre Estado de Derecho" y que "su tramitación urgente ha imposibilitado un estudio sosegado sobre el impacto de la norma para la consecución de los fines que se dicen pretender".

Este perdón tan amplio, a su juicio, no sólo deja sentencias sin efecto, sino que evita "la persecuciónpenal de determinados sujetos" como el propio expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont que está encausado en Tsunami Democràtic por un asunto de extrema gravedad y no poder perseguirlo por terrorismo será un asunto muy complejo, indican. "La exclusión de los delitos de traición, además de parecer dirigida a eximir de responsabilidad penal a personas muy determinadas en detrimento del principio de generalidad de las leyes, supone la omisión del deber de investigar delitos de traición cuando afecta a intereses generales, lo que sería contrario a los principios esenciales de la democracia establecidos", añaden.

"Si la amnistía obedece a una pura razón de convivencia política que, de modo coyuntural, pueda beneficiar a determinados ciudadanos por el mero hecho de alcanzarse un acuerdo político (en este caso, para una investidura), la amnistía así concedida contraviene claramente el principio de igualdad ante la ley", reflejan.