El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, se ha reunido este miércoles con las tres asociaciones de fiscales para que comiencen los trabajos de una reforma del Estatuto Fiscal que dote de más "autonomía" a la Fiscalía y se pueda aprobar así la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) que supondrá un cambio de 180 grados en la investigación y dará la batuta de la instrucción a los fiscales. Fuentes presentes en el encuentro hablan de un clima de "cordialidad" y de la primera piedra del cambio.

Ha sido un encuentro "preparatorio" en el que se han establecido las bases del trabajo. A partir de ahora, cada asociación debe nombrar a dos representantes que vuelvan a reunirse el próximo 7 de mayo y avancen en el asunto, indican fuentes fiscales. Además de García Ortiz, hoy ha estado presente la jefa de la Secretaría Técnica, Ana García León, así como la presidenta de la Asociación de Fiscales (AF), Cristina Dexeus, el presidente de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), Jesús Arteaga, y el presidente de la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF), Miguel Pallarés.

Cada cual ha expuesto sus necesidades y sus sensibilidades, si bien todos están de acuerdo en caminar hacia un sistema más homologable al que existe en la mayoría de los países europeos. No saben si el clima político actual es el propicio, pero algunos de los consultados creen que la voluntad del ministro de Justicia y Presidencia, Félix Bolaños, es clara y esa intención deben aprovecharla para cumplir una reivindicación histórica en el Ministerio Público.

Los trabajos no empezarán de cero. Se tendrán en cuenta trabajos previos existentes, el último de la etapa de Eduardo Torres Dulce como fiscal general del Estado. La jefa de la Secretaría Técnica se ha comprometido a enviarlos para que este sea el punto de partida en cada asociación. Una vez revisados, lo siguiente será "trocear" el Estatuto por temáticas para decidir cómo ir modificando cada apartado.

Según a quién se pregunte las prioridades son unas u otras. Todos coinciden en que es necesario generar un sistema de contrapesos en la carrera que pueda discrepar del fiscal general que designa el Gobierno y esto permita que una sola persona no concentre todo el poder. Especialmente, dicen, en lo que se refiere a nombramientos en las cúpulas judiciales. En la reunión se habló también de cómo abordar las sustituciones, las avocaciones (cuando un subordinado no está de acuerdo con el criterio del superior y se le retira el asunto), etc.

Igualmente, el fiscal general ha dejado claro que se trata de una propuesta y que la decisión final sobre cómo queda el Estatuto la tendrá el Legislativo. Este cambio en la norma que regula el Ministerio Público es necesario para poder aprobar la LECrim y que esta comience a funcionar. Hay consenso en que no se puede dar el liderazgo de la investigación a los fiscales sin haber hecho antes ciertas modificaciones internas que doten de autonomía a la carrera.