El capítulo se titula “Resolución del conflicto”. Es uno de los nueve que conforman su programa electoral, la propuesta con la que EH Bildu concurre el 21-A. La coalición abertzale lo dedica casi en exclusiva a los presos de ETA, al franquismo y a las víctimas “de motivación política”, fundamentalmente las que padecieron torturas y abusos policiales. De las víctimas del terrorismo etarra, ni una palabra. En su diagnóstico sobre la situación actual y la “resolución del conflicto” reconoce que se ha avanzado pero que la “observancia y garantía” de la reparación de “todas las víctimas por igual” sigue pendiente. A lo largo de todo su análisis se refiere a los presos de ETA como “presos políticos” y asegura que se trata de personas que están encarceladas “por motivaciones políticas”.

La coalición que lidera Arnaldo Otegi se felicita de que la dispersión que se venía aplicando a los presos de la banda terrorista haya finalizado. Sin embargo, insiste en que se les continúa aplicando una legislación “de excepción” con la Audiencia Nacional como garante y filtró “restrictivo” que complica su acceso a la libertad. En su programa defienden la necesidad de “impulsar un escenario” en el que no se vulnere “ninguno de los derechos humanos y libertades fundamentales” de los internos.

Subraya que a pesar de que los “presos políticos están haciendo un recorrido, dentro de la legalidad, para culminar el proceso de su vuelta a casa” se les sigue aplicando una legislación “excepcional”. Bildu llama a “terminar” y a adaptar la legislación penitenciaria actual a “las nuevas realidades políticas”. Entre sus propuestas, se compromete a encauzar “el consenso de la mayoría socio-política vasca para que las Cortes españolas den los pasos legales oportunos” para favorecer este cambio.

Considera que la transferencia de la gestión de prisiones a Euskadi facilita impulsar con mayor intensidad una política carcelaria que “conlleve la aplicación temprana de medidas de régimen abierto, progresión al tercer grado y libertad condicional”. Ha sido precisamente esta progresión de grado a régimen de semilibertad uno de los aspectos en los que el colectivo de presos de ETA ha chocado con la Audiencia Nacional, que ha revocado decenas de concesiones de terceros grados a presos de la banda. Ahora, Bildu quiere que el sistema penitenciario fomente el régimen abierto para que las progresiones de grado se produzcan de la manera “más eficaz y rápida posible”. A ello suma un plan estratégico con medidas alternativas “que no priven de libertad” a través de programas que se completarían con “medidas de seguridad y penas que privan de derechos”.

Facilitar vivienda y empleo

Otra de las propuestas en su programa pasa por dar “una solución definitiva” a la situación de los miembros de ETA que fueron “deportados” o fueron “obligadas a exiliarse”, plantea.

A todo ello, en su programa incluye la ejecución de un plan de ayudas o medidas de protección social dirigida a los presos, en particular a aquellos con condenas más largas, como es el caso de los presos de ETA. Se trata de un programa en el que la coalición propone acciones que aseguren y faciliten su reinserción social y familiar. Para ello propone medidas que les ayuden a la “adquisición de una vivienda” y facilitarles la “reinserción laboral”. Entre las medidas para favorecer la resocialización también incluye el impulso del aprendizaje del euskera en las cárceles. Propone “un plan ambicioso” en las cárceles para su aprendizaje al considerarlo una herramienta relevante para la resocialización.

En su capítulo de “Resolución del conflicto” figuran propuestas dirigidas a que las instituciones españolas “asuman sus responsabilidades en las vulneraciones de derechos humanos perpetradas por el Estado”. Además, plantea el compromiso de adoptar medidas para que “las Fuerzas de Seguridad españolas se replieguen” y abandonen el País Vasco. La ‘hoja de ruta’ que dibuja pasa por aplicar una reducción progresiva de sus competencias y efectivos en Eusakdi hasta alcanzar “el repliegue definitivo”. Propone que competencias como medio ambiente, rescate marítimo o el control de carreteras, “que aún realizan sin ningún amparo legal”, para ser asumidas por la Administración vasca.

En este ámbito, en su programa electoral también hace referencia a la necesidad de una “desmilitarización” de la Ertzaintza y las fuerzas policiales en Euskadi. Defiende la disminución en el uso de las armas de fuego. Plantea la elaboración de un catálogo de actuaciones que se prestarían sin armas y revisar y limitar el uso de las ‘armas no letales’, como los lanzadores de foam o los ‘táser’. Propone también la reubicación de la Brigada Móvil de la Ertzaintza a unidades de Seguridad Ciudadana en las comisarías de las tres capitales vascas.

La 'batalla del relato'

EH Bildu también se compromete a reformar la ley aprobada en 2016 en la Cámara vasca y que reconoce y repara a las víctimas de vulneración de derechos humanos “en el contexto de la violencia de motivación política” entre 1978 y 1999. La coalición de la izquierda abertzale quiere que los casos de abusos policiales y torturas sean reconocidos no sólo hasta 1999 sino “hasta el presente”. Defiende que debe mejorarse los procesos de reconocimiento de estas víctimas, revisar las indemnizaciones que cree insuficientes e incrementar los recursos de la Comisión de Valoración del Gobierno vasco que debe evaluar los casos denunciados.

En su diagnóstico al respecto señala que pese a los avances aún existen resistencias y silencios por parte del Estado en lo referente a los abusos perpetrados, “hubo torturados y ejecutados, no hay torturadores ni ejecutores”, asegura Bildu: “Si bien podemos considerar que el debate público en torno a lo que se ha venido en llamar la ‘batalla del relato’ está desescalando, todavía hay un interés por generar tensión y nuevos agravios”, afirma la coalición abertzale en su programa.

Otro de los capítulos está dedicado al llamado ‘Nuevo estatus político’ vasco que debe actualizar el marco de relación con el Estado ahora fijado por el Estatuto de Gernika. Bildu asegura que en los próximo meses y años la ‘cuestión territorial’ tendrá “un protagonismo especial” y será imprescindible debatir sobre “los problemas nacionales que existen en este Estado”. Ve en el actual contexto una “oportunidad histórica para dar pasos en el reconocimiento nacional de Euskal Herria”: “No podemos dejar pasar esta oportunidad. Es el momento de actuar con ambición”.

Bildu recupera una de las medidas que ya planteó el PNV en su ‘hoja de ruta’ por un nuevo estatus; la ‘consulta habilitante’. La coalición de izquierda solicitará la reactivación en un plazo de tres meses de la ponencia parlamentaria de autogobierno constituida en 2014 para alcanzar en ella un acuerdo suficiente que pueda ser ratificado por el pueblo vasco a través de una consulta. La votación debería llevarse a cabo “antes de iniciar cualquier negociación con el Estado” y que permitiría actuar “no como partido sino como pueblo”. El modelo de nuevo encaje territorial se basaría en situar a Euskadi en una relación de bilateralidad confederal con España que anularía cualquier “subordinación” al Tribunal Constitucional, el Congreso de los Diputados y a “los tribunales españoles”.