La pelota está en el tejado de la mayoría absoluta del PP en el Senado. Presentado el conflicto de órganos constitucionales entre ambas Cámaras, inédito en democracia, la decisión de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, de rechazar la petición de la Cámara Alta sin convocar Pleno en el Palacio de la Carera de San Jerónimo ha puesto en pie de guerra a los populares, que no dudan en calificar el hecho de "fraude de procedimiento muy grave". Lo cierto es que Génova no esperaba otra cosa distinta a que el Congreso rechazara dicho conflicto, pero este nuevo enfrentamiento en la Mesa interpela al PP, que debe decidir si sigue hasta el final y lleva el conflicto al Tribunal Constitucional.

El presidente del Senado, Pedro Rollán, sacó ayer una nota en la que incide en los argumentos defendidos este martes por los miembros del PP representados en la Mesa del Congreso, esto es, José Antonio Bermúdez de Castro, Marta González, Guillermo Mariscal y Carmen Navarro. "Las competencias de la Mesa del Congreso de los Diputados son de atribución específica, y concreta, limitadas a la naturaleza del órgano. No tiene atribuidos ni en la legislación ni en la jurisprudencia, poderes o competencias implícitos o inherentes, considerados muy restrictivamente en el Derecho español, que es justamente lo que pretende el escrito y la propuesta de acuerdo", dice la presidencia del Senado.

Rollán apunta ahora a un recurso de reconsideración por la "indefensión" de los Grupos parlamentarios

Las competencias de la Mesa de la Cámara Baja "se establecen en el artículo 31.1 de su Reglamento. En ninguno de sus apartados figura la posibilidad de responder al requerimiento del Senado, requerimiento que fue aprobado por el Pleno de la Cámara Alta en su sesión del 10 de abril" y prosigue que la restricción más importante de las competencias de la Mesa del Congreso, impuesta con carácter general, es la de excluir las que estén atribuidas a un órgano específico en alusión al pleno de la Cámara Baja.

En todo caso Rollán no adelanta si irá al Tribunal Constitucional, para lo que tiene un mes de plazo, aunque sí apunta a un recurso de reconsideración fundado "en la indefensión y en la infracción del derecho al ejercicio del cargo" de los Grupos parlamentarios que no están representados en la mesa del congreso y, por tanto, se les ha hurtado opinar sobre este conflicto.

Por su parte, en el equipo de Armengol defienden la legitimidad de la Mesa para rechazar el requerimiento del Senado y agregan que "varios constitucionalistas dijeron que era una vía muerta, que no iban a conseguir nada y que además iban a fortalecer al gobierno porque solo iban a conseguir forzar un pronunciamiento del TC que tenía que dar la razón al Congreso".

Antecedentes

Y desde entonces los populares "no saben cómo justificar no interponer el recurso ante el TC sin desautorizar a sus letrados y sin dar bazas a Vox". Asimismo se escudan en la existencia de dos antecedentes en los que se presentó un conflicto de atribuciones contra la Cámara Baja. Uno en 1985 a iniciativa del CGPJ y otro en 2016, a iniciativa del Gobierno de Rajoy. La Mesa recibió los requerimientos y contestó sin pasar por el Pleno. Sin embargo, los populares replican que en aquel entonces no se trató de un conflicto contra el Congreso sino contra la Mesa -el de 2016 por un veto presupuestario- con lo que no había que ir al Pleno.

 

En fin, todo un embrollo institucional mientras el Grupo Popular del Senado, quiere esperar a conocer la opinión de los letrados de esta Cámara en respuesta al informe de los juristas del Congreso, que calificaron este conflicto de "improcedente". En principio, la idea era no transitar más por esta vía, sin llegar al tribunal de garantías constitucionales, aunque lo acontecido ayer en la Mesa de la Cámara Baja puede modificar los planes de los populares.

El portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Miguel Tellado, arremetió ayer a través de cuenta de X contra "otra cacicada más de Armengol" al impedir "que el Pleno se posicione sobre el requerimiento del Senado para retirar la Ley de Amnistía. No conforme con retorcer e ignorar el Reglamento del Congreso, ahora lo incumple de manera flagrante en favor de los intereses de Sánchez".

Primeras comparecencias en el Senado para hablar de la amnistía

Mientras tanto ayer arrancaron en el Senado las comparecencias de expertos, en este caso de Derecho Penal, para opinar sobre la ley de impunidad de la que se beneficiará Carles Puigdemont. Abrieron fuego el catedrático de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Enrique Gimbernat Ordeig, y, posteriormente, Manuel Cancio Meliá. De este modo, el PP pretende contrarrestar la decisión del Ejecutivo de elaborar una ley de amnistía a través de una proposición de ley y por la vía de urgencia que elude a los órganos consultivos y las comparecencias de expertos.