La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, reunida en Cádiz, ha acordado este jueves una medida de apoyo para los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción números 1 y 2 de la localidad gaditana de Barbate, consistente en la adscripción de la jueza sustituta María Eulalia Chanfreut.

El objetivo de la medida es reforzar la jurisdicción penal en esos órganos -el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 es el que instruye la causa por la muerte de dos guardias civiles tras ser embestidos por una narcolancha el pasado 9 de febrero- y agilizar el trámite de las macrocausas que en ellos se investigan, conforme al plan de actuación que establezca la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

La medida de apoyo, que cuenta con la preceptiva autorización económica del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, se acuerda por un plazo de seis meses, renovables, desde la incorporación de la comisionada.

Situación en el Campo de Gibraltar

Durante la reunión celebrada en la Audiencia Provincial de Cádiz, los vocales del CGPJ han expuesto las conclusiones del informe del Servicio de Inspección, del que tomaron conocimiento la semana pasada, sobre la situación en los partidos judiciales de Barbate, La Línea de la Concepción y Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz, y los de Ayamonte y Moguer, en Huelva, que son los más afectados por el fenómeno del narcotráfico.

Según los datos recabados por la Inspección, la carga de trabajo global (civil y penal) supera en todos estos partidos los indicadores establecidos por el CGPJ, con la única excepción puntual de Barbate en 2023, donde fue del 96,4%. La carga media global ha sido de un 139% en 2022 y de un 134,2% en 2023.

Además, el rendimiento general de estos Juzgados supera el indicador de dedicación en todos los partidos judiciales, siendo el rendimiento medio de un 174% en 2022 y de un 172,6% en 2023.

Por otra parte, la pendencia en todos los órganos es elevada, ya que en materia civil la pendencia media es de 945,5 asuntos -superior a la media nacional, que es de 765,4- y en materia penal es de 774,4, duplicando la media nacional de 374,2. Esto no es consecuencia de la falta de dedicación o escaso rendimiento, que vistas las cifras anteriores es elevado. También los tiempos de respuesta de los procedimientos penales son superiores a las medias de la Comunidad Autónoma de Andalucía y nacional.

Para dar respuesta a estos problemas, el informe propone unificar los partidos judiciales de Algeciras, La Línea de la Concepción y San Roque; crear un nuevo Juzgado de Primera Instancia e Instrucción en los de Moguer y Sanlúcar de Barrameda; y adoptar medidas de refuerzo extraordinarias, como la aprobada hoy para los Juzgados de Barbate, en los órganos judiciales de este partido y de los de La Línea de la Concepción, Sanlúcar de Barrameda, Ayamonte y Moguer.

En cuanto a la situación de las secciones de la Audiencia Provincial a las que corresponde el enjuiciamiento de los delitos contra la salud pública y de blanqueo de capitales, la Inspección advierte de la elevada carga de trabajo que soporta la Sección 7ª, con sede en Algeciras, que fue del 133% en 2022 y del 120% en 2023, y añade que, pese al elevando rendimiento de sus magistrados (116% en 2022 y 100% en 2023) no se logra absorber la entrada de asuntos, acumulando pendencia e incrementando el tiempo de respuesta.