La grieta creada en la Fiscalía que lleva abriéndose muchos meses, antes incluso de que el fiscal general del Estado fuera Álvaro García Ortiz, parece ser cada vez más honda y la investigación contra la pareja de Isabel Díaz Ayuso por un fraude a Hacienda la ha resquebrajado un poco más. La fisura puede provocar un choque de trenes sin precedentes entre los pesos pesados del Ministerio Público que se reunirán este miércoles para decidir sobre un asunto muy sencillo y a la vez profundamente complejo: si hay que investigar a dos compañeros por haber facilitado datos a la prensa procedentes de unos correos del abogado de Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Todo gira en torno a una supuesta revelación de secretos y a muchos nombres de fiscales (entre investigadores y posibles investigados). Las dos principales enfrentadas son la 'número dos' del fiscal general, Mª Ángeles Sánchez Conde, que no cree que haya que indagar nada porque no se reveló ningún secreto y ha ordenado el archivo, y la fiscal de Madrid encargada del caso, María de la O Silva, que opina justo lo contrario, que hay visos de delito y que al menos hay que ver cómo se fraguó la nota de prensa que llegó a los periodistas con entrecomillados del letrado de González Amador.

Los hechos han sucedido muy rápido y tienen su raíz en la investigación primero de Hacienda y luego de la Fiscalía contra la pareja de Ayuso que está investigado por dos delitos fiscales de 350.000 euros entre 2020 y 2021. Poco antes de que el fiscal del caso, Julián Salto, interpusiera la denuncia contra él y otras cuatro personas había recibido una comunicación del abogado del investigado admitiendo el delito y ofreciendo un pacto. Cuando el asunto se hizo público, esta supuesta petición de pacto se filtró. Pero inicialmente como si hubiera sido la Fiscalía la que había ofrecido llegar a una conformidad primero.

La realidad es que había sido al revés, de ahí que el 14 de marzo el Ministerio Público quisiera atajar la polémica y remitiera una nota de prensa en la que cronológicamente explicaban cómo había sucedido todo paso a paso. El documento incluía entrecomillados de las comunicaciones entre el abogado de González Amador y el fiscal para explicar en qué términos se sucedieron, si bien ya habían sido publicados en las primeras informaciones.

Este hecho, el que hubiera textuales de mails internos, fue lo que provocó dos querellas distintas. Primero, una del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) que vio como un agravio que se saltaran la confidencialidad fiscal-letrado. La querella no se dirigía contra nadie así que se presentó en los juzgados de Plaza de Castilla (Madrid) y terminó recayendo en el número 28. Segundo, la querella directamente del novio de Ayuso que, esta sí, apuntaba con nombres y apellidos al fiscal encargado de sus diligencias Julián Salto y a la fiscal jefa provincial Pilar Rodríguez.

Como los fiscales son aforados, esta denuncia fue presentada ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) y su presidente, Celso Rodríguez, debe decidir si se admite o no, pero está a la espera del informe del fiscal. Y aquí se sitúa el punto de la discordia.

Sánchez-Conde cree que ese informe debe rechazar que se admita a trámite y así se lo ha trasmitido a su subordinada. En realidad, De la O Silva es subordinada de Almudena Lastra, fiscal Superior de Madrid, pero ésta se ha abstenido porque dice que conoció cómo se fraguó todo el tema de la nota de prensa y si eventualmente el caso tiene recorrido no es descartable que ella tenga que declarar como testigo. Por eso, la ha sustituido su 'número dos' en Madrid, Carlos Ruiz de Alegría, quien está de acuerdo con Silva, ambos aseveran que hay que investigar.

Lo cierto es que fuentes de la cúpula fiscal aseguran que Lastra estaba en contra de publicar esa nota de prensa y tal fue su oposición que pidió al fiscal general, Álvaro García Ortiz, que le diera la orden por escrito. Por eso, lo que ha pedido De la O Silva no es casual. Se trata de todas las "comunicaciones, correos y otros documentos" que fueron intercambiados entre los dos fiscales querellados (Pilar Rodríguez y Julián Salto) con la Fiscalía General (García Ortiz) y la Fiscalía Superior de Madrid (Almudena Lastra). "Si ella pide diligencias es porque algo hay por escrito", apunta una segunda fuente fiscal.

Estas comunicaciones internas han provocado que también el fiscal general haya querido dar un paso al lado, porque él también conoció cómo se fraguó la nota de prensa de la controversia. Y ese es el motivo por el que su 'número dos', Sánchez-Conde, ejerce ahora como jefa del Ministerio Público en sustitución. Las órdenes a De la O Silva han partido de ella y el artículo 27 que le ha planteado ésta (un resorte legal para oponerse a la orden de un superior) va contra ella.

La junta de fiscales de Sala con 36 miembros

Este artículo 27 dice explícitamente que "el fiscal que recibiere una orden o uinstrucción que considere contraria a las leyes" o que "estime improcedente" se lo hará saber a su jefe. Si la orden viene del fiscal general como es en este caso (de la teniente fiscal del Supremo en sustitución de García Ortiz que se ha abstenido) "éste resolverá oyendo a la Junta de Fiscales de Sala". Se ha convocado así al generalato de la carrera para este miércoles a partir de las 9 de la mañana.

La prontitud del evento ha sorprendido, si no molestado, a algunos puesto que deben estudiarse toda la documentación del asunto que ayer a media tarde aún no les había llegado. "Lo ha convocado tan pronto por que se quiere quitar de encima el tema. Esto es mucho desgaste para la Fiscalía", admite una fuente de la carrera.

Son 36 los fiscales de Sala (el máximo rango) que se sentarán en la mesa de la Fiscalía General para debatir en una conversación que no se anticipa fácil. No estará García Ortiz porque, como ya se ha mencionado, se ha abstenido. Está apartado porque supo de la intrahistoria de cómo se fraguó el comunicado, pero no ha escondido que él se echa a las espaldas la responsabilidad última. Así lo dijo, de hecho, el pasado lunes: "Sirva esta declaración institucional como respaldo a los compañeros de la Fiscalía Provincial de Madrid, que no han hecho sino cumplir un deber de informar verazmente a la ciudadanía con absoluta transparencia, prudencia y dentro de los márgenes y límites que marca nuestro ordenamiento jurídico [...]. E, insisto, asumo institucionalmente la responsabilidad última de la nota de prensa emitida".

Algunas fuentes dan por hecho que la postura de Sánchez-Conde será la vencedora puesto que entre el mandato de García Ortiz y el de Dolores Delgado como fiscales generales se ha nombrado a muchos miembros de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) a la que pertenecieron, que formarán parte de esta reunión. La propia Delgado estará sentada en la mesa, así como la fiscal jefa de la Secretaría Técnica, Ana Isabel García León, o la de la Inspección fiscal, Mª Antonia Sanz Gaite. Pero también hay miembros de la Asociación de Fiscales (AF) como Consuelo Madrigal, fiscal jefa del Tribunal Supremo, o Jesús Alonso, fiscal jefe de la Audiencia Nacional.

Sin embargo, las miradas están puestas en los "grises", en los fiscales que no se han significado políticamente o no están asociados como Rosa Ana Morán, fiscal jefa Antidroga, o Alejandro Luzón, fiscal jefe de Anticorrupción; y en aquellos que algún día lo estuvieron en el lado progresista como Javier Zaragoza, fiscal del Supremo, o Pedro Crespo, fiscal jefe del Tribunal Constitucional, pero que ya nolo están. Ellos son los que inclinarán la balanza.

Las posturas son dos. La de la teniente fiscal: no cabe investigar porque no hubo revelación de secretos y, sobre todo, por el principio de unidad de actuación de la Fiscalía se debe rechazar el asunto puesto que ya hay un procedimiento prácticamente igual (la querella del Colegio de la Abogacía) en el que han solicitado que ni siquiera se admita. La de la fiscal de Madrid: si no se hace una pequeña investigación inicial para ver de quién partió la orden y cómo se hizo, no podrá aclararse si hay delito. Para algunos, el asunto es jurídicamente inviable, cómo se van a solicitar las comunicaciones del fiscal general, se preguntan. Para otros, hay partido.

La posibilidad de que pase lo que en 'Tsunami'

En cualquier caso, la Junta de fiscales de Sala es consultiva y no vinculante. Como ocurrió con el caso de 'Tsunami Democràtic' la teniente fiscal puede decidir lo que ella crea más razonable de acuerdo a su criterio jurídico y no está atada a lo que indique la votación. Hace unos meses ocurrió cuando la mayoría de fiscales de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo veía visos para investigar a Carles Puigdemont por terrorismo y, sin embargo, ella dedició lo contrario.

Pero, como entonces, la decisión verdaderamente importante la tienen los jueces que son los que tienen la llave para iniciar el procedimiento. El Supremo decidió inicarlo contra el expresident catalán y en este caso el Tribunal Superior de Justicia madrileño puede decidir lo que crea contra los dos fiscales querellados. La clave estará entonces en qué fiscal designa García Ortiz para seguir con el procedimiento puesto que De la O Silva quedará relegada.