Pedro Sánchez ha afirmado en el pleno del Congreso que tras las noticias conocidas hoy sigue "creyendo en la Justicia", después de que se conociese que un juzgado de Madrid, según ha confirmado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad, ha abierto diligencias previas contra su mujer, Begoña Gómez, para investigar sus relaciones con empresas privadas que acabaron recibiendo fondos y contratos públicos del Ejecutivo.

Sánchez ha respondido al portavoz de ERC, Gabriel Rufián, que le ha dicho que entiende perfectamente la situación judicial que está viviendo "en sus carnes con la guerra sucia". El presidente del Ejecutivo ha sido tajante al añadir que "en un día como hoy y después de las noticias que he conocido, a pesar de todo, sigo creyendo en la justicia de mi país".

Tal y como ha adelantado El Confidencial, que cita fuentes jurídicas, el procedimiento lo lleva a cabo el magistrado Juan Carlos Peinado, titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Plaza de Castilla, y gira en torno a la presunta comisión de delitos de tráfico de influencias y corrupción en el sector privado. La citación de varios testigos es una de las primeras diligencias que se ha ordenado.

Begoña Gómez ayudó a dos empresas privadas a obtener una adjudicación pública en 2020, firmando una carta de apoyo durante los meses más difíciles de la pandemia para que estas compañías consiguieran un contrato del Gobierno valorado en siete millones de euros. Uno de los accionistas de la empresa que ganó la adjudicación es el empresario Carlos Barrabés, que fue también quien puso, en 2019, en contacto a Gómez con la aerolínea Air Europa y, más tarde, impulsó el máster que dirige la esposa de Sánchez en la Universidad Complutense de Madrid.

La apertura de diligencias viene motivada por una denuncia presentada por el sindicato Manos Limpias, en la que pide que se cite a Gómez como investigada al mismo tiempo que solicita al juez que se haga con las cartas de recomendación de la mujer de Sánchez a Barrabés. Además, el sindicato también requiere todos los expedientes que se han adjudicado a este empresario.

Según la denuncia, Gómez habría cometido delitos recogidos en el artículo 429 del Código Penal, que sanciona la actuación de aquellas personas que influyen sobre funcionarios públicos o autoridades con el fin de lograr una resolución tanto para ellos mismos como para terceros, de manera directa o indirecta, y que genere beneficios económicos.