Las principales asociaciones feministas de España se han dirigido por carta a la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, Reem Alsalem, para denunciar los casos en que algunos maltratadores se han cambiado de sexo registral para soslayar la aplicación de la ley de violencia de género así como para beneficiarse de la ley para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

Estas organizaciones ponen de manifiesto en su misiva que algunas administraciones con competencias en materia de reparación a víctimas de la violencia de género "vienen denunciando la especial incidencia en esos colectivos vulnerables que se encuentran en los sistemas de protección pública por violencia machista y en mujeres en prisión". Aluden, por ejemplo, a los casos detectados en la Comunidad de Madrid, denunciados por la Consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila-Ponce, a la ministra de Igualdad, Ana Redondo.

En una misiva del pasado mes de marzo le informó de que seis agresores incluidos en el sistema VioGén habían solicitado y obtenido el cambio de sexo en el Registro Civil. "Tres de ellos habían pretendido, además, recibir atención de los servicios comunitarios para mujeres víctimas de violencia acudiendo a los Puntos Municipales del Observatorio de Violencia de Género". Es más, “alguna de las víctimas está siendo atendida en el mismo punto municipal al que pretende acceder su agresor", narraba la consejera a la ministra.

Petición de ingreso en casas de acogida

"Hay que recordar que la posibilidad de solicitar el ingreso en casas de acogida es factible para cualquiera que recurra al cambio registral de sexo, como consecuencia de la aprobación de la referida Ley Trans española que incluye la autodeterminación como elemento central de la norma", dicen en su denuncia a la relatora de la ONU, de modo que la consecuencia directa es "que esto coloca a las víctimas fuera de los sistemas de reparación y medidas de protección específicas" de la ley de Violencia de Género.

Tras subrayar que estos riesgos ya fueron denunciados en su momento, no solo por el movimiento feminista, sino por asociaciones de mujeres juristas y el propio CGPJ, también se hacen eco de la aparición de la asociación 'Trans No Normativos', "integrada por policías y militares que han seguido el procedimiento de cambio de mención registral de sexo". "En la mayoría de casos, conservan su nombre de pila y aspecto y exigen participar como 'mujeres' en oposiciones, promociones internas y acceso a los beneficios establecidos en el marco de las acciones positivas para incentivar la presencia de mujeres en carreras profesionales donde se hallan infra representadas". Asimismo, éstos reclaman acceder al uso de los espacios seguros para mujeres, como baños, duchas, habitaciones o enfermerías en los acuartelamientos.

La ley "está sirviendo a varones maltratadores sentenciados y otros delincuentes para vulnerar los derechos" de las mujeres

Distintas asociaciones y plataformas de todo el país "estamos documentando la variada casuística que demuestra cómo la autodeterminación registral de sexo está sirviendo a varones maltratadores sentenciados y otros delincuentes para vulnerar los derechos, libertades y seguridad de mujeres víctimas de violencia de género y mujeres presas en contextos de alto riesgo, inseguridad y hermetismo". Una realidad "que usted misma, Sra. Alsalem, ha podido investigar, analizar y acreditar en otros países donde se han ido aprobando leyes similares, que vulneran derechos de las mujeres amparados por el sistema internacional de Derechos Humanos universalmente reconocidos".

El artículo 44 de la ley Trans recoge que "el ejercicio del derecho a la rectificación registral de la mención relativa al sexo en ningún caso
podrá estar condicionado a la previa exhibición de informe médico o psicológico relativo a la disconformidad con el sexo mencionado en la inscripción de nacimiento, ni a la previa modificación de la apariencia o función corporal de la persona a través de procedimientos médicos, quirúrgicos o de otra índole". También es cierto que el 46.3 dice que esa rectificación registral "no alterarán el régimen jurídico" que, con anterioridad al cambio fuera aplicable a esa persona conforme a la ley contra la Violencia de Género.

Alertaron también contra la ley "del sólo sí es sí"

La carta está suscrita por la Asociación de Mujeres Juristas Themis -que en su día advirtió al gobierno de que la ley del "sólo sí es sí" conllevaría rebajas de penas y excarcelaciones a cientos de delincuentes sexuales, como así ocurrió-, la alianza contra el borrado de las Mujeres, la Fundación Mujeres, la Federación de Mujeres Progresistas, la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres hasta sumar trece organizaciones, todas ellas muy críticas con la ley Trans de la anterior ministra de Igualdad, Irene Montero, en la que afectaba a la autodeterminación de género y los tratamientos hormonales y quirúrgicos a los menores de edad.