Inmigración ilegal, el arma con la que la derecha quiere ganar en Cataluña

Pere Aragonès ha centrado la campaña electoral de las elecciones del 12M en dar respuesta a la "Cataluña de los 8 millones". Una sociedad que ha crecido demográficamente de forma extraordinaria en la última década, pese a las caídas provocadas por la crisis financiera y el Covid. Y lo ha hecho gracias a la inmigración. Pero este factor es también uno elemento de tensión que fractura la sociedad catalana de forma transversal, imponiéndose en la conversación pública al eje independentista-constitucionalista. Un elemento de tensión en el que la derecha ha visto una oportunidad para romper la prevalencia del discurso progresista.

Uns servicios sociales tensionados tras la Covid y los altos índices de inseguridad alimentan esa tensión contra la inmigración ilegal. También el reparto de responsabilidades como demostró el anuncio por parte del ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, con el Gobierno de Canarias para la redistribución inicial de 2.500 menores no acompañados (mena), entre el resto de las autonomías, acompañado de una financiación de 125 millones de euros para las comunidades acogedoras.

Tanto Junts como ERC han reclamado la cesión de todas las competencias en inmigración, aunque con programas diferentes. Los republicanos se centran las políticas de acogida para "catalanizar" a los recién llegados, Junts habla también de control de flujos, seguridad y expulsiones.

En Cataluña viven 1.361.981 extranjeros, el 17,24% de la población según los datos del Idescat para 2023. De ellos, 800.000 trabajan de forma legal en la comunidad. Marruecos es el país de orígen de la mayor comunidad extranjera en Cataluña, 234.054 personas que suponen el 17,1% de los extranjeros residentes en esta comunidad. Los siguen rumanos (6,3%) italianos (5,9%) y colombianos (5,6%).

El 22% de los extranjeros

Unos datos que convierten a Cataluña en la primera receptora de inmigrantes. Concentra el 22% de los 5,5 millones de extranjeros residentes en España según los datos del INE para 2022, muy por delante de Madrid, por debajo del millón de extranjeros, o Andalucía, con medio millón de habitantes más. Mientras Valencia es la comunidad con más extranjeros europeos, Cataluña lidera el ranking de inmigrantes procedentes de África y Asia, y Madrid los procedentes de América.

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, cree que "Cataluña se ha convertido en el epicentro de la llegada de inmigrantes ilegales de España", y advierte que la inmigración supone "un problema para los intereses de los catalanes, para los salarios, para los servicios públicos, para la convivencia, y, por supuesto para la seguridad".

En los primeros compases de la campaña electoral, Garriga, candidato a la presidencia de la Generalitat, presentó el documental "Hacia la república islámica de Cataluña" en Hospitalet de Llobregat, toda una declaración de intenciones sobre cual sería el eje de su campaña en Cataluña. Vox apela a los decepcionados de PSOE y PP que, especialmente en la conurbación metropolitana de Barcelona, consideran que la inmigración los está expulsando de sus barrios.

Barcelona es el municipio con más volumen total de extranjeros, 384.660 del más de millón y medio de habitantes de la capital catalana. Pero aquí la colonia italiana encabeza la comunidad migrante, integrada por muchos trabajadores expatriados de alto nivel adquisitivo. Son el blanco de las críticas de partidos como los Comunes o la CUP, que los señalan como responsables del aumento del precio de la vivienda, pero no de los detractores de la inmigración.

Las tensiones se centran en las ciudades metropolitanas como Hospitalet, con 267.617 residentes extranjeros censados, el 24,4% de la población, con marroquís y colombianos como las comunidades más numerosas. Aunque la población extranjera de Hospitalet reúne a más de un centenar de nacionalidades de origen.

Aunque el área metropolitana de Barcelona no es la que registra mayor porcentaje de población extranjera. Según el estudio elaborado por el Idescat en 2023, las comarcas que presentan una proporción más elevada de población extranjera son la Segarra, en Lleida, con un 28,8% y el Alt Empordà, en Girona, con el 25,4%.

Guissona, ejemplo de integración

La explicación de la primera posición de la Segarra está en Guissona, un municipio en el que la población extranjera supera a la española, con un 53% de población foránea, que acumula 49 nacionalidades en sus poco más 7.000 habitantes. Sin embargo, es también un ejemplo de integración. La explicación está en la cooperativa Área de Guissona, que da trabajo a esa nueva mano de obra que no deja de llegar a la comarca.

No sucede lo mismo en municipios del interior de Cataluña o en comarcas como el Maresme, donde en los últimos dos años han crecido los conflictos con grupos de jóvenes magrebíes ex tutelados a los que se ha relacionado con múltiples delitos, pese a que tiene un porcentaje de extranjeros del 12%, inferior a la media catalana. También en el Gironès, con municipios como Salt, con un 37% de su población inmigrante.

Es el caldo de cultivo en el que ha crecido la Aliança Catalana de Sílvia Orriols, que gobierna el Ayuntamiento de Ripoll y aspira a entrar en el Parlament el próximo 12M. En Ripoll la comunidad marroquí ha pasado del 2% del censo municipal en el año 2000 al 15,6% en 2022. Un porcentaje importante, pero muy inferior al de los extranjeros que viven en lugares como Vic (28,8%).

"La inmigración no se no se integra" aseguraba Orriols en un debate televisivo. "Somos el 35% de catalano-parlamentes donde hace cien años éramos el 95%, esto demuestra que no ha habido integración". La líder de AC responsabiliza a los inmigrantes, que a su juicio "no tienen voluntad de integración; hay excepciones pero en general conviven en guetos y crean sus contra-comunidades". Tampoco hay "voluntad política para integrarlos, ni estrategia para hacerlo", criticando la gestión de la Generalitat.

Aunque la clave, para Orriols, está en el número de inmigrantes. "En un municipio con un 5% de inmigrantes la integración es factible y del todo probable; en Ripoll donde son el 15% ya es más difícil, en una ciudad como Manlleu donde superan el 25% es muy improbable que se integren. En Salt, donde son el 50% del censo y el 90% en las aulas la integración es una quimera" asegura, manejando unas cifras que no concuerdan con las del Idescat.

Seguridad

En este contexto, la clave está en la seguridad. El ataque de un hombre armado con un hacha, hace dos semanas, en un centro comercial de Badalona "no es un casos aislado", asegura Garriga, como "tampoco son aisladas las operaciones policiales contra el islamismo, en las que Cataluña es líder, ni las detenciones de extranjeros por delinquir, que en 2022 fueron el 60%".

Hamza Warris causó "un clima de terror e histeria" el pasado 27 de marzo en el centro comercial Magic de la localidad catalana de Badalona al entrar "con un pañuelo palestino en la cabeza" y "un hacha de grandes dimensiones" con la que golpeó "un expositor" de un McDonalds, según el relato del juez de la Audiencia Nacional Joaquín Elías Gadea, que ha asumido la investigación como caso de terrorismo.

Aunque la principal preocupación de los partidos no se centra en el terrorismo de raíz islamista, que Cataluña ya sufrió con los atentados del 17A en Barcelona y Cambrils, sino por los pequeños delitos de multi-reincidentes que han multiplicado la sensación de inseguridad.

Menas y multi-reincidencia

El pasado diciembre, una decena de alcaldes de Junts de la comarca del Maresme se unieron para reclamar la expulsión de un grupo de menas que acumularon 260 detenciones en siete meses. El alcalde de Calella, Marc Buch, acusó al grupo de haber incendiado una vivienda y de atacar a la policia, "y a los tres días ya estaban en la calle".

Junts, como el PP, reclama reformas legales permitan expulsar a los delincuentes multi-reincidentes para evitar también la sensación de inseguridad. Según un informo del Departamento de Interior de la Generalitat un 32,4% de personas afirmaba haber sido víctima de un delito en el año 2022. La criminalidad en Cataluña creció un 7,2% en 2023 según el Balance de Criminalidad del Ministerio del Interior, con un fuerte aumento de los hurtos en el cuarto trimestre (170.000) a los que se sumaron más de 50.000 robos con violencia y en domicilios.

Unos datos que Vox y AC asocian al hecho de que los extranjeros ya suponen la mitad de la población penitenciaria de Cataluña, desde el pasado julio, para reclamar más expulsiones.

También el candidato del PP a la Generalitat, Alejandro Fernández, apunta en este sentido en una entrevista a El Independiente. "Nosotros tenemos claro que aquellas personas que vengan a España para trabajar y cumplir nuestras leyes son bienvenidos, y aquellos que son multi-reincidentes y hayan convertido el delito en su modus vivendi tienen que ser fulminantemente expulsados. Es insostenible tener a gente con 15 o 20 delitos que saben que no pagan ningún precio y siguen delinquiendo. Esta gente tiene que ser expulsada."

Qué hacer con los mena

En este contexto impactaba especialmente el anuncio de un nuevo reparto de menas procedentes de Canarias. Desde el Govern se apresuraron a recordar que ya tiene bajo su tutela a 1.337 menores, el 12% del total, pese a no ser una comunidad fronteriza como Andalucía o Canarias y reclaman más recursos para hacer un acompañamiento adecuado. Según datos de los Mossos, entre noviembre y febrero, 355 menores recién llegados a Cataluña durmieron en dependencias policiales. De estos, 198 lo han hecho en comisarias de Barcelona, mientras que los 157 restantes lo han hecho en comisarias del resto de Catalunya.

Fuentes sindicales de la Guardia Urbana de Barcelona señalan además que el aumento de menores no acompañados ha incidido también en el aumento de hurtos en la capital catalana. Los alcaldes del Maresme que denunciaron la situación en esta comarca costera de Barcelona admitían igualmente que "alguna cosa falla en las políticas de inmigración cuando nos pasa esto" en referencia al caso de los 11 jóvenes multi-reincidentes, muchos de los cuales habían estado alojados en centros de acogida de Calella tutelados por la Direcció General d'Atenció a la Infància (DGAIA) pero que quedaron en situación de desamparo al cumplir la mayoría de edad, por lo que optaron por hacer de la delincuencia su modo de vida.