"Bulos", "desinformación", "fakenews", "pseudomedios"... el lenguaje político del presidente del Gobierno se ha llenado de descalificativos hacia aquella prensa que, dice, forma parte de la "maquinaria del fango", término que repitió no menos de cuatro veces durante la entrevista del pasado lunes en TVE. En su carta "a la ciudadanía" no dudó en apuntar hacia los medios de comunicación que habían publicado informaciones sobre su esposa, Begoña Gómez, acusándoles de tener clara orientación "derechista" y/o "ultraderechista", además de participantes de una conspiración contra su persona mucho más amplia.

Ahora dice haberse embarcado, tras cinco días de reflexión, en una cruzada para apartar de la vida pública dicho "fango" con la vista puesta en la prensa y en la Justicia. «Propondremos medidas y acciones para prestigiar nuestra democracia», dijo solemne en esa misma entrevista televisiva. «Los criterios con los que deberíamos trabajar son legalidad, todas las medidas tienen que ser legales y conformes a nuestro ordenamiento constitucional. Tenemos que ser transversales porque esto es algo que nos afecta a todos. Yo defiendo la libertad de prensa, pero lo que es inadmisible es defender todo este fango, todos estos bulos, toda esta desinformación. Creo que es muy importante que no haya confrontación, esto no es contra nadie, ni contra un poder ni contra un medio de comunicación», explicó, pero sin más concreciones.

La prensa frente a los abusos del poder

En todo caso, el Gobierno dice haber empezado a estudiar una respuesta que, paradójicamente, podría encontrar encaje con un reciente reglamento de la UE sobre "libertad de los medios de comunicación", destinado a "proteger a los periodistas y prestadores de servicios de comunicación" frente los abusos del poder, más con el foco puesto en países como Polonia o Hungría. Sin embargo, en su trasposición a la legislación española podría reinterpretarse por el Gobierno para crear un modelo aparentemente similar, ajustado a los 'estándares' del inquilino de la Moncloa.

El texto, aprobado por el Parlamento Europeo el pasado 26 de marzo, esto es, hace poco más de un mes, marca una serie de normas comunes "para el buen funcionamiento del mercado interior de los servicios de medios de comunicación" y tiene como principal novedad la creación de un Comité Europeo de Servicios de Medios de Comunicación con afectación tanto a los medios públicos como privados, bien sean estos escritos, televisivos, radiofónicos y grandes plataformas.

Consejo de Prensa u organismo regulador

No pocas veces se ha planteado en España una regulación de la profesión periodística a través de un Consejo de Prensa u organismo regulador, y la creación de ese Comité Europeo puede dar cobertura a Moncloa para crear o promover una figura similar en España. Eso sí, según dicha normativa éste órgano debería actuar "con plena independencia en el desempeño de sus funciones o en el ejercicio de sus competencias. En particular (...) no pedirá ni aceptará instrucciones de ningún Gobierno, institución, persona u organismo", es decir, debe quedar garantizada su plena autonomía, aunque todo dependería de la composición del mismo o de atajos para sortear las recomendaciones europeas.

Ahí es donde puede encontrar el Ejecutivo una grieta por donde colarse si opta por esta vía más allá de una nueva vuelta de tuerca a la publicidad institucional que reciben los medios. No obstante, la UE deja muy claro que los Estados miembros, incluidas las autoridades y organismos reguladores nacionales,"respetarán la libertad e independencia editorial efectivas de los prestadores de servicios de medios de comunicación en el ejercicio de sus actividades profesionales" y no podrán "interferir ni tratar de influir en las políticas ni decisiones editoriales".

Sin embargo el texto abre una pequeña puerta a la adopción de medidas "si están debidamente justificadas y proporcionadas" y además, si son "motivadas, transparentes, objetivas y no discriminatorias" que puedan afectar al pluralismo de los medios de comunicación o a su independencia editorial. En todo caso, el Comité Europeo de Servicios de Medios de Comunicación puede, por propia iniciativa o previa solicitud, denunciar si una medida normativa o administrativa de cualquier país miembro puede afectar al funcionamiento de la prensa. De ahí que, del mismo modo que puede dar a Moncloa cobertura para la creación de un organismo regulador bajo el argumento de que sigue el ejemplo de la Unión, puede dar al traste con su idea de intervenir la prensa.

Malestar de las asociaciones de prensa de España

Las alusiones críticas del presidente del Gobierno a los "bulos" y los "pseudomedios" motivaron un comunicado de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), que cuestionó que "una situación tan excepcional se resuelva trasmitiendo una duda sobre la libertad de expresión", al tiempo que recordaba que "para combatir los bulos y las informaciones falsas existen mecanismos en nuestro sistema judicial e incluso en el ámbito profesional".

También alerta la Comisión Europea respecto a los retos que acechan al pluralismo y la libertad de los medios de comunicación, recordando que algunos Estados miembros han adoptado medidas normativas "y es probable que otros Estados miembros más lo hagan", profetiza. Ello conlleva "el riesgo de ahondar las divergencias en los enfoques nacionales y las restricciones a la libre circulación en el mercado interior. Por consiguiente, es necesario armonizar determinados aspectos de las normativas nacionales relacionados con el pluralismo de los medios de comunicación y la independencia editorial, para garantizar así unas normas estrictas en dicho ámbito".