En junio de 2022, con Alberto Núñez Feijóo prácticamente recién aterrizado en el liderazgo del PP propuso al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dos planes, uno económico y otro relativo a "la independencia judicial y la calidad democrática en España", que según dijo ayer el líder de la oposición, Sánchez nunca respondió. La alusión era en respuesta a las palabras del jefe del Ejecutivo pronunciadas poco antes apelando, precisamente, a la necesidad dijo, de abrir un proceso de "regeneración democrática".

Lo cierto es que la propuesta del PP, si bien es diametralmente opuesta al modelo de Justicia de los socialistas, que se han abrazado a la tesis de la lawfare, sí fue objeto de debate en alguno de los puntos referidos a la renovación del CGPJ y el cambio de modelo en la elección de sus miembros. El PSOE llegó a aceptar como fórmula de compromiso que el CGPJ recién nombrado con el modelo vigente presentara a las Cámaras, "en un plazo de seis meses desde su toma de posesión, una propuesta de reforma del sistema de elección de los vocales del turno judicial que mejore la independencia del proceso y que garantice una decisiva participación de los propios jueces y magistrados en la elección".

Es cierto que al Gobierno en poco o nada comprometía ese redactado, que a fin de cuentas no tenía por qué ser vinculante y, según publicó este medio en su momento, tenía el plácet de Moncloa. Pero en el resto de las propuestas no hubo ninguna aproximación o, simplemente, se ignoraron. Los populares pedían, por ejemplo, derogar la reforma que impide al CGPJ tomar casi cualquier decisión estando en funciones. De hecho, no sólo se va a a mantener, sino que los socios de Sánchez le animaron ayer a que modifique las mayorías parlamentarias necesarias para renovar este órgano, cuestión que, de hecho, pactó con Unidas Podemos, pero luego no cumplió por advertencias de la Comisión Europea.

Suma y sigue. El plan del PP incluía la regulación de las “puertas giratorias”, de modo que los jueces y magistrados que fueran nombrados para cargos de elección política o de gobierno, con rango superior al de director general,
"no podrán reingresar al servicio activo hasta transcurridos dos años a partir del cese en los referidos cargos". También proponían impedir que quienes hubieran desempeñado cargos vinculados a la política en los cinco años
inmediatamente anteriores pudieran ser nombrados vocales del CGPJ.

Incompatibilidad entre política y judicatura

Esa incompatibilidad entre política y judicatura la hacían extensiva los populares a la independencia de la Fiscalía General del Estado, de modo que no pudieran ejercer esta función "quienes hayan desempeñado cargos
políticos en los cinco años anteriores", con la mirada puesta en el nombramiento de Dolores Delgado, que pasó del ministerio de Justicia y del mitin electoral a la Fiscalía.

Además, para impedir que en el Consejo no se reprodujera el juego de mayorías y minorías conforme a la adscripción ideológica de sus miembros "todos los altos cargos de la carrera judicial pasarán a ser nombrados por mayoría de tres quintos (13 votos de los 21)", lo que obligaba a acuerdos transversales. Esta fue una cuestión contemplada en su momento siendo el negociador Teodoro García Egea por parte del PP.

Se trata de las líneas generales de una propuesta que no fructificó en ninguno de sus apartados y que se contrapone a la que, en teoría, pondrá sobre la mesa el Gobierno tras advertir Sánchez que su continuidad no es un "punto y seguido, sino un punto y aparte". Otra cosa por dilucidar es si ese proyecto regenerador del inquilino de la Moncloa alcanza también a la prensa lo que habló largo y tendido en la entrevista de anoche en TVE.