Un juzgado de Palma ha abierto diligencias contra el director del Servicio de Salud de Baleares (Ib-Salud), Javier Ureña, por la denuncia del PSOE que le acusa de prevaricación al dejar expirar la reclamación del sobrecoste de las mascarillas compradas por el Govern a una empresa investigada en el caso Koldo. En su escrito, el magistrado del juzgado de instrucción 7 de la capital balear, Antoni Garcías, señala que el PSOE acusa a Ureña de los delitos de malversación, prevaricación y tráfico de influencias en la instrucción del expediente de reclamación de 2,6 millones de euros a la empresa Soluciones de Gestión. El juez ordena el traspaso de las diligencias al ministerio fiscal para que se pronuncie.

A raíz de la pandemia mundial de la covid-19, el Govern balear presidido por la actual presidenta del Congreso, Francina Armengol (PSOE), compró en abril de 2020 un total de 1,5 millones de mascarillas por 3,7 millones de euros a la empresa Soluciones de Gestión, investigada por la Audiencia Nacional. Las mascarillas no eran de la calidad exigida para su uso sanitario, según certificó la Conselleria de Salud en cuanto se recibieron, por lo que quedaron almacenadas.

Los socialistas mantienen que ellos iniciaron en julio del año 2023 el expediente de reclamación de 2,6 millones, la diferencia entre el valor de las mascarillas FPP2 pagadas y las quirúrgicas recibidas, un 70 % más baratas.

Por su parte, el actual director general del Ib-Salud, Javier Ureña, sostiene que el Govern de Armengol jamás informó al ejecutivo de Marga Prohens del sobrecoste de esas mascarillas, ni inició tal reclamación a la empresa investigada. El expediente de reclamación, explicó en su día, lo firmó él mismo el 24 de agosto de 2023 por un total de 2,6 millones de euros, aunque finalmente caducó. En marzo pasado, el Ib-Salud abrió un nuevo expediente administrativo para exigir los 3,7 millones de euros, la totalidad del dinero pagado a Soluciones de Gestión.

El PSOE sospecha que Ureña dejó caducar la primera reclamación por presiones de la trama presuntamente corrupta que se investiga en el caso Koldo y trató de eludir esa responsabilidad con un nuevo expediente tramitado sin el aval de los servicios jurídicos del Govern.

La Fiscalía Europea anunció la apertura de una investigación por presuntos delitos de malversación de fondos públicos, prevaricación y tráfico de influencias en los contratos firmados durante la pandemia por los servicios de salud pública de Canarias y Baleares para el suministro de mascarillas con empresas de la trama. El Govern balear pagó con fondos de la Unión Europea (UE) la totalidad del coste de las mascarillas.