Al final pasó lo que todo el mundo sabía que iba a pasar. El líder de la Mocro Maffia detenido en enero y puesto en libertad recientemente, Karim Bouyakhrichan, no ha acudido a firmar al juzgado y se encuentra desaparecido. "Probablemente lleve semanas en Marruecos", señalan fuentes policiales. Ahora el mismo juzgado que decretó su libertad quiere que se le vuelva a detener.
Según ha podido saber El Independiente de fuentes jurídicas, el Juzgado de Instrucción número 4 de Marbella dictó este martes dos órdenes de busca y captura contra el capo de la Mocro Maffia investigado en una causa por tráfico de drogas y blanqueo de capitales, tras constatar que no ha cumplido con la medida cautelar que le obligaba a firmar quincenalmente en una sede judicial.
Las dos requisitorias dictadas y comunicadas ya a los organismos competentes son una orden europea de detención y una orden internacional de detención contra el prófugo, que fue puesto en libertad el pasado mes de febrero merced a una decisión de la Audiencia de Málaga que revocó el ingreso en prisión que había dictado contra él este juzgado de instrucción.
La detención de Bouyakhrichan fue un hito para la Policía española. Llevaban cinco años detrás de él, y el pasado 25 de enero los mandos de las distintas unidades que consiguieron darle caza dieron una rueda de prensa en Madrid para poner de relieve la operación. Sus colegas holandeses lo celebraron por todo lo alto el arresto.
La libertad
El Juzgado de Instrucción número 4 de Marbella acordó su ingreso en prisión provisional al apreciar la existencia de riesgo de fuga, al tiempo que el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno recibió una orden de detención europea (ODE) de Países Bajos. Moreno preguntó a Marbella si tenía impedimentos para entregarlo y desde ese juzgado se le comunicó que sí, dado que tenía una causa abierta en España.
La defensa Bouyakhrichan recurrió su ingreso en prisión, recurso que fue estimado -con la oposición de la Fiscalía y pese a la existencia de riesgo de fuga- el 22 de febrero por la Audiencia Provincial de Málaga, que acordó su puesta en libertad con medidas cautelares.
Lo hizo en contra del criterio del fiscal, que advirtió al tribunal de que el detenido estaba reclamado por Países Bajos y de que su fuga "entorpecería de forma muy grave la investigación judicial".
El tribunal optó por ponerle una fianza de 50.000 euros, la obligación de comparecer judicialmente cada quince días y la retirada del pasaporte, con la prohibición de salida del territorio nacional.
Las fuentes policiales consultadas señalan que el juzgado "tiene un marrón importante encima". Otras se preguntan si es que los jueces son inmunes a la corrupción. Apuntan que, igual que los policías, los guardias civiles o los vigilantes de Aduanas pueden formar algún eslabón de esta red con solo mirar hacia otro lado, en el caso de la Justicia no tiene por qué ser distinto. "Hay que empezar a pensar que cualquier institución del Estado está en el punto de mira de ellos. Buscan penetrar en las estructuras del sistema", reflejan.
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