"Sí que sentí en algún momento peligro por mi vida. De hecho mi integridad física resultó dañada gravemente y tengo secuelas psíquicas". Este ha sido uno de los testimonios que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha escuchado este martes dentro de la causa de Tsunami Democràtic. Dos agentes de los antidisturbios, jubilados por los altercados del 18 de octubre de 2019 y que están personados en la causa, han prestado declaración a petición propia.

Los policías han relatado como fue aquella jornada. Miles de personas, unas 3.000, los asediaron durante horas. En un momento, vieron como grandes baldosas de más de 50 centímetros caían de los tejados. Varias de ellas les golpearon, causándoles lesiones que les han obligado a jubilarse antes de tiempo.

A la salida de la declaración, que empezó a las 10 de la mañana, uno de ellos atendió a los medios, respaldado por el bufete Fuster Fabra y el sindicato Jupol. Su nombre es Ángel y ha explicado que su mayor objetivo ahora mismo es que "no se vuelvan a producir porque fueron una auténtica salvajada". "Nos consideramos víctimas del terrorismo y que tenga las repercusiones que tenga que tener", ha manifestado.

Ante el juez ambos han explicado los golpes que recibieron en brazos, manos y cabeza. Además de ellos dos, hay otros dos agentes personados. Los dos que han declarado hoy están a la espera de que el Ministerio del Interior los considere víctimas del terrorismo.

45 minutos

Los dos policías han contado al juez que, una vez sufrieron las lesiones, la ambulancia tardo 45 minutos en llegar al hospital porque los manifestantes le cortaban el paso. Una vez en el centro hospitalario, varias personas se acercaron hasta allí para seguir increpándolas con los agentes postrados en la cama.

Ángel era un veterano agente de la UIP (los antidisturbios). Durante su carrera ha estado en múltiples manifestaciones, como las del metal en Vigo o los mineros en Asturias, y ha sostenido que en ninguna de ellas sufrió una violencia de tal magnitud como la que hubo ese día en la plaza de Urquinaona, según él "la más dura de todas".

En su caso, un adoquín de gran tamaño lanzado desde una azotea le dio en su brazo derecho. "Todos los días me levanto y veo una herida de 18 centímetros", ha respondido a la pregunta de si el proceso judicial le servirá para superar lo ocurrido. Mientras hablaba, se le entrecortaba el relato, y visiblemente emocionado.

Querían un muerto

Los dos policías están representados por el abogado José María Fuster-Fabra, quien también ha hecho declaraciones tras la comparecencia de sus patrocinados, a los que ha acompañado también el portavoz nacional del sindicato policial Jupol.

El letrado ha insistido en que los dos han destacado ante el juez que estaban convencidos de que los manifestantes querían que hubiese un muerto, un agente fallecido, y ha resaltado que la violencia extrema "todo el mundo la recuerda" por las imágenes que pudieron verse en televisión ese día.

Respecto a la organización que observaron en los manifestantes, Fuster-Fabra ha señalado que los dos agentes han relatado que percibieron que sabían donde estaban ubicadas las diferentes unidades y cuando se les agotaba el material antidisturbios aprovechaban para atacar y esa unidad tenía entonces que ser remplazada por otra.

Se trataba por tanto de grupúsculos bien organizados que colaboraban entre ellos. En total, según han dicho, tuvieron que enfrentarse a entre unas 2.000 o 3.000 personas que les atacaron con mucha violencia y virulencia.