El pleno del Senado, de mayoría absoluta del PP, ha oficializado el veto a la ley de amnistía este martes, aún con la resaca de las elecciones catalanas muy presente. La proposición de ley del Grupo Socialista, aprobada a mediados de marzo por el Congreso de los Diputados, volverá ahora a la Cámara Baja para su aprobación definitiva y publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). El veto parlamentario no supone impedimento para que el pleno del Congreso avale igualmente la norma, cabe destacar. El PP, pese a todo, ha querido remarcar su rechazo a la ley, sobre todo, tras lanzar un conflicto institucional a la Cámara que preside Francina Armengol sin éxito ni rectificación alguna.

El veto a la amnistía ha sido apoyado, tras una votación por llamamiento, por los representantes de PP (144 representantes), los tres de Vox y la única de UPN, ubicados los cuatro en el Grupo Mixto. También la senadora de Coalición Canaria. En contra del veto se ha pronunciado el resto de los grupos: PSOE, el Grupo Republicano de Izquierdas (ERC, EH Bildu y BNG), el Plural (Junts) PNV y la Izquierda Confederal (Más Madrid, Eivissa i Formentera al Senat o Compromís), cuya ha sido de 113 [cinco senadores no han votado]. Se ha hecho de acuerdo al procedimiento legal recogido tanto en la Constitución Española (artículo 90) como en el Reglamento del Senado (artículos 106 y 122). Que dice que, "pasados dos meses a partir de la recepción del texto" se puede "oponer su veto o introducir enmiendas" siendo aprobado por mayoría absoluta. Frente a ello, "el Congreso puede levantarlo ratificando por mayoría absoluta (...) o simple transcurridos dos meses desde la interposición del mismo". Sucede igual que cuando se aplican enmiendas: el Congreso puede rechazarlas y dar el puntillazo definitivo a la ley sometida a tramitación.

Los populares se inclinaron por el conflicto institucional [del que denuncian que Armengol no tenía competencias para rechazarlo] y este veto en lugar de proponer enmiendas parciales como sucede con otras tramitaciones cotidianamente. Tampoco han querido ir al Tribunal Constitucional con el planteamiento de conflicto institucional. Irán con un recurso de inconstitucionalidad al Alto Tribunal una vez esta norma quede aprobada definitivamente sobre el papel. El 26 de mayo Génova ha convocado una protesta multitudinaria contra, entre otros asuntos, la amnistía. Algo que también servirá de trampolín para las europeas, ya con la campaña iniciada.

En su intervención plenaria, la portavoz popular en el Senado, Alicia García, ha sido la encargada de defender esta propuesta de veto que ya fue aprobada en la Comisión de Justicia del Senado la semana pasada. La particular de Vox, por el contrario, no. La finalidad es la misma, pese a todo. García ha vuelto a desplegar los argumentos emitidos por su formación hasta hoy. Principalmente ha apuntado que esta ley "no tiene cabida en la Constitución", y ha asegurado que es "una reforma" de la misma "encubierta". Por otro lado, ha destacado que la amnistía es el resultado de un "mercadeo" a cambio de los siete votos de Junts para la investidura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El PP renuncia a lleva el conflicto institucional con el Congreso al TC, pese a considerar que Armengol invadió competencias del pleno al rechazarlo

García ha calificado la amnistía como un "inmenso fraude democrático" e incluso de "negocio redondo", consecuencia de una "ambición desmedida de un presidente que haría lo que fuese para seguir en la Moncloa". Para los populares, la ley acaba con "la igualdad de los españoles y la convivencia". En palabras de García, lejos de garantizar la "convivencia" esta norma tendrá como consecuencia una "factura" que terminarán "pagando todos los españoles a un precio descomunal impuesto por los que quieren destruir España". A su juicio, los resultados electorales en Cataluña no suponen un aval a la norma del Gobierno, porque también exige la voluntad "del resto de España", ha valorado García, que ha alumbrado el avance hacia un sistema iliberal.

En la defensa de su texto particular, la senadora de Vox, Paloma Gómez, ha destacado que la ley "borra la separación de poderes". "Sin capacidad el judicial, el poder legislativo embarra constantemente, nos lleva al fango de Sánchez, un dictador", ha determinado. En coordinador jurídico de Vox y cabeza de lista en las europeas, Jorge Buxadé, ha asegurado que si el PP no lucha "hasta el final" contra la amnistía, serán "cooperadores necesarios de una ley inconstitucional y antinacional".

El PSOE sí la ve avalada con el resultado de Cataluña

Las elecciones catalanas no han quedado ausentes en el pleno. Liderando una oposición casi general que ha apoyado la aprobación de la amnistía y rechazado el veto de los populares, el PSOE ha alentado la idea de que el apoyo amplio al PSC en Cataluña "ha dejado un mensaje claro". Y ese es que "los catalanes convalidan la apuesta de Sánchez y [Salvador] Illa por la convivencia y la reconciliación". Así se ha pronunciado el senador socialista Antonio Magdaleno, poniendo en valor la crecida de 33 a 42 escaños del PSC, su mejor resultado tanto en representantes como en votos.

Según ha expuesto, "la mayoría de los catalanes ha pasado página ya" respecto al procés. "Si alguien tiene la capacidad de unir y servir en Cataluña y el resto de España somos los socialistas". "Los resultados en las elecciones del domingo ponen de manifiesto que España no se rompe y que Cataluña no se va y que al PP se le ha caído el discurso", ha argumentado antes de finalizar su intervención. Silván Rodríguez, del PP, ha dicho que ese argumento es falaz, porque "en Cataluña no se ha votado la amnistía, le corresponde a las Cortes". Igualmente ha determinado que el PP, el partido "que más se ha opuesto" a la ley, es el que más ha crecido en proporción y escaños. Pasó de tres a 15 diputados regionales y más de 232.000 sufragios frente a los 220.000 de Illa.

Aunque Junts, y frente al optimismo del PSOE, ha dejado un mensaje nítido: "Lo único que dejamos atrás es la represión y la injusticia, lo demás sigue presente". Así se refería Josep Lluís Cleries. "La amnistía en ningún caso significará una renuncia a la independencia, lo que hace es devolver a la política lo que siempre ha pertenecido" a ella, "abriendo una ventana de oportunidad". Desde ERC, Joan Josep Queralt ha afeado que "no se ha discutido ninguna línea de la proposición de ley" en todo el debate ni la tramitación. Frente a los mensajes de fractura en la división de poderes que han hecho PP y Vox, éste ha mencionado que "división de poderes no significa igualdad de poderes", dado que "el judicial debe aplicar lo que el legislativo establece".

El próximo 30 de mayo la amnistía será aprobada definitivamente en el Congreso, aunque hay posibilidad de que se prorrogue el pleno por coincidir con la campaña electoral de las europeas. Fuentes del Congreso aún no lo descartan. Sí indican que su aplicación será lenta. Alejan la posibilidad de fractura del Gobierno nacional por intereses de Junts como se está especulando. Porque "a Puigdemont le interesa una buena aplicación" y no que la ley pueda verse afectada a la primera de cambio.