El Juzgado de Intrucción número 1 de Barbate (Cádiz) ha pedido a la Guardia Civil que "informe sobre la cadena de mando seguida, con identificación de sus personas, que dio finalmente la orden a los agentes de la Guardia Civil de entrar en el agua con la patrullera el día 9 de febrero de 2024".

El juzgado rechaza la petición de la Fiscalía de archivar la causa, en la que están denunciados un general y un coronel, y ha acordado incoar diligencias previas para depurar responsabilidades en la Benemérita. La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), que presentó la denuncia inicial y ha sido aceptada como acusación popular, ha señalado en un comunicado que el juez ha requerido al Instituto Armado que remita las órdenes que se dieron aquel día y las personas que las emitieron.

Además, ha acordado la incorporación a los autos de las declaraciones prestadas por los guardias civiles supervivientes a los hechos sucedidos el 9 de febrero de 2024 en el puerto de Barbate. Como ya publicó El Independiente, los supervivientes manifestaron las inaceptables condiciones de seguridad y de falta de medios para poder prestar el servicio que les había sido ordenado.

La AUGC recuerda en una nota que "la prevención de los riesgos laborales es un derecho de todos los miembros de la Guardia Civil y una obligación principal para quienes ejercen el mando y conducen las operaciones".

Más denuncias

La asociación Justicia para la Guardia Civil (Jucil) también se sumó a estas acusaciones y denunció por un presunto delito de homicidio por imprudencia y delitos de lesiones graves al general jefe de la Zona de la Guardia Civil de Andalucía y al coronel jefe de la Comandancia de Cádiz como responsables de aquel operativo, según informó la semana pasada.

Jucil interpuso esta denuncia tras analizar las declaraciones ante el juez de los cuatro guardias civiles que sobrevivieron al ataque de la narcolancha, al constatar que “los superiores denunciados tenían constancia plena de que los medios eran insuficientes y, aun así, obligaron a los guardias civiles a realizar una intervención policial fuera de sus capacidades y aptitudes”.

Estas diligencias se hacen en paralelo a las que el mismo juzgado desarrolla para identificar a los tripulantes de la narcolancha que acometió la fatal embestida, causando la muerte de Miguel Ángel González y David Pérez.