Primer varapalo de la legislatura para el PSOE, pero también en seis años de gobierno progresista. Y provocado por las diferencias con su socio de Gobierno, con Sumar. Los socialistas no ha logrado validar su primera iniciativa legislativa en este periodo: el inicio de la tramitación parlamentaria de su proposición de ley para prohibir el proxenetismo. Una apuesta rescatada de la anterior legislatura tras decaer por el adelanto de elecciones hace casi un año.

A los socialistas les ha sido imposible conseguir el apoyo de su socio de coalición, Sumar, algo ya anticipado en la mañana del martes. Pero tampoco ha arrancado una abstención al PP, quien en el mandato anterior se mostró favorable al compartir la visión abolicionista. En concreto, el PSOE ha conseguido el apoyo del BNG y Coalición Canaria. Escueto frente a las abstenciones de Podemos y Vox. Contrarios se han posicionado PP, Sumar, ERC, PNV, EH Bildu y Junts, así como UPN. Son 122 a favor, 184 en contra y 36 abstenciones.

El rechazo de Sumar lo ha justificado este martes en rueda de prensa la diputada Gala Pin, de la cuota de los comunes. Una confluencia catalana que destaca internamente por defender una postura regulacionista. Es decir, regular la actividad de las prostitutas que lo deseen. Y que, por ejemplo, éstas coticen en la Seguridad Social. El rechazo se ha producido por este visión dispar con los socialistas, pero, especialmente por la ausencia de interés, denuncian, de llegar a un acuerdo conjunto. El portavoz de los magentas, Íñigo Errejón, denunciaba esta mañana que una propuesta de "tres páginas", reducida, no puede abordar una problemática como esta. Desde el grupo llevan denunciando desde abril el corte electoralista de la misma, lanzada justo antes de las vascas, catalanas y europeas. Y ya amagando desde enero, con las gallegas de fondo.

Creen que se ha buscado dividir a Sumar, con sensibilidades distintas. Pero, no obstante, desde el grupo apuntan que, una propuesta tan básica, que "no resuelve nada", ha hecho "fácil" llegar a un consenso. En rueda de prensa, a primera hora de actividad parlamentaria, Pin advertía de que la prostitución se ve "atravesada generalmente por la desigualdad, por un racismo estructural, muchas veces también por la transfobia y la pobreza". Y opinaba que "el PSOE no aborda en absoluto soluciones a ninguna de estas cuestiones estructurales".

Es más, defendía que esta norma condenaba a "mayor precariedad, clandestinidad, indefensión y vulnerabilidad a muchos mujeres que ejercen la prostitución". "Si queremos hablar de los derechos de estas mujeres, hay que hablar de reformar la Ley de Extranjería, entre otras", comentaba. Palabras que han sido avaladas por Aina Vidal, líder parlamentaria de los comunes y coportavoz de Sumar. Ella ha calificado la propuesta de "un gran error" del PSOE. El compromiso de los socialistas es conseguir sacar adelante esta norma y que no decaiga como el la legislatura anterior, cuando la fractura de Unidas Podemos, con los comunes en contra, impidió alcanzar un consenso.

Pin, en el debate, dijo que "no vamos a permitir que un partido que se siente hegemónico haga electoralismo con sus cuerpos y con sus vidas", con clara hostilidad. La portavoz socialista de la comisión de Igualdad, Andrea Fernández, se ha centrado en apelar a los populares a cumplir con la voluntad expresada en 2022.

"Apostemos por la negociación, sé que hay muchas personas en el PP y Sumar que creen en esta iniciativa", dijo Fernández, pidiéndoles "lealtad" a ambos y citando textualmente unas palabras del Grupo Popular de la legislatura anterior: "La persecución del proxenetismo en todas sus formas es también nuestro objetivo. Les animo a que no se dejen presionar por nada y por nadie". "Aquí estamos, con las convicciones de los que creen en la igualdad" y están "en contra de la peor violencia a las mujeres". "Les ruego que no lleguen tarde a este gran avance social", instó la socialista. Quien arrancó el aplauso de la ministra de Igualdad, Ana Redondo.

Con clara actitud de rechazo, pero sin aclarar la posición de voto final, la portavoz popular en la misma comisión, Ana Alós, ha pedido a dar marcha atrás a esta iniciativa y trabajar en una "integral". Vienen con afán de "dividir", ha señalado Alós, aludiendo a sus socios. Pero también de querer tapar asuntos como el caso Koldo registrándola después de estallar el caso. "Nuestra postura es la misma. Somos los primeros comprometidos en acabar con la violencia contra las mujeres, ¿pueden decir ustedes lo mismo después de la ley del 'solo sí es sí'?". "Esta ley es insuficiente, no da alternativas a las mujeres, las abandona a su suerte".

La tensión era palpable esta jornada, que hasta la diputada de ERC, Pilar Vallugera, utilizó íntegramente el castellano para calar en los socialistas: "Quieren destrozar vidas a golpe de Código Penal". Cargó diciéndoles que desde el escaño "es muy fácil decir que esas mujeres son perversas, malas, indignas...". Les acusó, después, de querer romper la mayoría de la investidura. Con una proposición de ley que, como en 2022, proponía modificar dos artículos del Código Penal. También aumentar las condenas por proxenetismo. Ampliar las penas de prisión a la tercería locativa y perseguir a los clientes con multas e incluso cárcel. Sobre todo si se trata de personas dependientes o menores. Desde Podemos, Martina Velarde les echó en cara que esto no se soluciona cambiando el documento penal.

Duras fueron también las posiciones de PNV, EH Bildu y Junts. La abertzale Bel Pozueta dijo que la propuesta era "un despropósito" y algo "irresponsable". Junts, el socio más arisco de la legislatura, a través de Pilar Calvo, apuntó que con las medidas debatidas, el PSOE buscaba "mandar a las mujeres vulnerables a la clandestinidad". La sorpresa de la tarde también la dio Vox. Abolicionista confirmado, antaño defendió la necesidad de garantizar alternativas a las mujeres que ejercen y quedarían más expuestas socialmente. Este martes, María Ruiz se reclamaron penas más duras, no sin acusar al Gobierno de electoralismo.