El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha suspendido hoy la toma de declaración de quien fuera dirigente de ETA, Soledad Iparragirre, 'Anboto', como integrante de de la cúpula de la banda durante el secuestro y asesinato en 1997 del concejal del PP de Ermua, Miguel Ángel Blanco. La suspensión se ha decretado por incomparecencia del abogado de la exdirigente de ETA. Con su comparecencia culminaba la toma de declaración de los cinco dirigentes de la banda terrorista que estaba prevista para comunicarles su procesamiento por este caso.

En julio de 2017 formaban parte del Comité Ejecutivo de ETA. Fue cuando la banda secuestró y asesinó al concejal del PP en Ermua, Miguel Angel Blanco. El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, considera que pueden ser responsables 'intelectuales' de aquel crimen y continúa con el procedimiento. El paso dado por el magistrado esta semana aborda la fase final previa al juicio, con las declaraciones indagatorias de los investigados y la comunicación de su procesamiento. Se trata de José Javier Arizkuren Ruiz, 'Kantauri', Miguel Albisu Iriarte, 'Mikel Antza', Ignacio Gracia Arregi, 'Iñaki de Renteria' y Soledad Iparragirre, 'Anboto'.

El pasado 7 de mayo el magistrado fijó las citaciones para tomarles declaración y comunicarles oficialmente su procesamiento en esta causa. Hoy, con la declaración de 'Anboto' debían concluir las citaciones de todos ellos. Por el momento no se ha fijado fecha para citar a Iparragirre. El lunes fueron 'Iñaki de Rentería' y 'Mikel Antza' quienes comparecieron ante el juez, ayer lo hizo 'Kantauri' y para hoy está prevista la declaración por videoconferencia desde la prisión de Zaballa (Alava) de Iparragirre.

El magistrado considera que todos ellos podrían tener responsabilidad penal en aquel asesinato que conmocionó el país en el verano de 1997 y que supuso el principio del fin de la banda. En julio de 2022 el magistrado estimó que podría haber responsabilidades en la cúpula de la banda que integraban, no por su participación material en el secuestro y asesinato sino por su decisión de no impedirlo pese a tener autoridad y capacidad para ello al ocupar la dirección de la organización terrorista.

Niegan las acusaciones

En el auto de procesamiento se les impuso una fianza solidaria de 2 millones de euros a todos los acusados. Ante esta medida cautelar impuesta por el magistrado ayer 'Kantauri' se declaró insolvente para poder hacer frente a ella. Como el resto de acusados, Arizkuren Ruiz ha negado los hechos por los que García Castellón quiere acusarles de un delito de secuestro y asesinato con agravante de alevosía. En el caso de 'Antza' y 'Rentería' no manifestaron nada en relación a la fianza impuesta.

La asociación de víctimas Dignidad y Justicia, una de las acusaciones del procedimiento, solicitó al juez el embargo de sus bienes al no haber depositado la fianza, y el magistrado encargó realizar una investigación patrimonial de los cuatro.

El juez concluyó que la decisión de secuestrar al concejal vasco requirió el consenso de todos los integrantes de la dirección de ETA y que los cuatro exjefes pudieron haber impedido el asesinato del joven edil pero no lo hicieron, lo que evidencia "una voluntad inequívoca en la producción del resultado".

Manuel García-Castellón, el mismo juez que hace casi 27 años comenzó a investigar este atentado, ve improbable que los miembros del comité ejecutivo de ETA no ordenasen un atentado como este ni que lo perpetrase un comando sin mediar planificación previa, órdenes concretas y específicas, emanadas de la principal estructura directiva de la banda terrorista.