El titular del Juzgado de Instrucción número 41, Juan Carlos Peinado, cree que sí hay "flecos" de los que tirar para seguir investigando el papel de la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, en la adjudicación de varios contratos al empresario Carlos Barrabés. Según confirman fuentes cercanas de la investigación, el magistrado se ha apoyado en el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para citar como testigos a seis personas y seguir componiendo el puzle de los negocios de Gómez para determinar si hubo o no delitos de tráfico de influencias o corrupción en el sector privado.

El informe que han remitido los agentes tiene más de 100 páginas y se encarga de corroborar y comprobar uno a uno los datos de las noticias de prensa en los que se basó la denuncia de Manos Limpias. Según publicó 'El País', la UCO no apreció indicios delictivos en el comportamiento de Gómez, pero las fuentes consultadas recalcan que el juez ve algunos "hilos" que pueden guiar algo más las pesquisas.

Peinado eligió a la unidad de élite de la Guardia Civil no por casualidad, sino porque son ellos los que se han hecho cargo del 'caso Koldo' que comparte algunos nombres de los protagonistas de la denuncia de la asociación de Miguel Bernard. Citadas voces señalan que el juez ha analizado el informe y considera que debe escuchar a una serie de personas.

Se trata del empresario y consultor Carlos Barrabés; un socio de este, Luis Antonio Martín Bernardos; así como David Mateo Cerco Jiménez, CEO de Red.es entre julio de 2018 y mayo de 2021 y desde febrero de este año forma parte de Acento, el lobby de José Blanco; Alberto Martínez Lacambra, director general del organismo adjudicador entre junio 2021 y agosto 2023; Ignacio Espejo Saavedra Herández, director de la asesoría jurídica en Red.es; y Luis Prieto Cuerdo, director de economía de Red.es.

Estas seis personas no formaban parte de la denuncia inicial de Manos Limpias, pero sí se repiten sus nombres en el informe de la UCO, según mencionadas fuentes. Aparecen en las actas y procesos de adjudicación de los contratos que consiguió Barrabés, por lo que el juez Peinado les ha citado a declarar los próximos 6 y 7 de junio en una causa que permanece secreta.

Las pesquisas indagan en dos líneas: en las adjudicaciones que recibió una Unión Temporal de Empresas (UTE) participada por la empresa Innova Next, de Carlos Barrabés, desde Red.es, un organismo entonces dependiente del Ministerio de Economía, y en la concesión de una ayuda por el Covid a Air Europa. Pero las fuentes consultadas exponen que esta segunda línea de investigación ha quedado relegada por la primera en este momento.

En el caso de la aerolínea, el Gobierno le otorgó un rescate de 475 millones de euros en plena pandemia, el de mayor cuantía dado aquellos meses. Gómez mantenía relación con el director general de Globalia, matriz de Air Europa, Javier Hidalgo, a través de un hub de innovación con el que la mujer de Pedro Sánchez participaba en el sector turístico. Esta parte de la denuncia apunta a que Gómez se sirvió de su papel de esposa del líder del Ejecutivo para que la empresa consiguiese la ayuda económica millonaria, si bien es muy complicado demostrar este extremo, según apuntan fuentes jurídicas.

En el otro caso, el de Innova Next y las concesiones de Red.es, la mujer de Pedro Sánchez aportó una serie de cartas de recomendación que Barrabés adjuntó a su propuesta. La UTE consiguió la mejor nota en la valoración subjetiva de la calificación, y terminó llevándose tres lotes por un total de 10,2 millones de euros. Esta línea, sin embargo, es más palpable puesto que existen hasta dos misivas rubricada por la esposa de Sánchez y es en esto en lo que podría apuntalarse la base del delito de tráfico de influencias.