Acabar con 50 años de provisionalidad y conflicto soterrado entre los vecinos y la Junta constructora de la Sagrada Familia. Es el ambicioso objetivo que se ha propuesto el el Ayuntamiento de Barcelona, que este jueves se reunió con representantes vecinales para anunciar que quiere pactar la definición de la fachada de la Gloria de la Sagrada Familia y modificar el Plan urbanístico que en 1976 definió una avenida, la ideada originalmente por Antoni Gaudí, que supondría tirar al suelo un millar de viviendas situadas frente a la que debe convertirse en la entrada principal del templo. El Ayuntamiento quiere dar espacio a la escalinata, pero también deja claro que las expropiaciones las pagará el patronato de la Sagrada Familia.

Maqueta a escala 1:12. Foto feta al museu, al fons es llegeix "TOQUEU RES". Retocada

Gaudí imagino una basílica monumental, con parques adyacentes y avenidas que permitieran ir descubriendo la Sagrada Familia desde los puntos de acceso. Y una fachada principal, la de la Gloria, que incluía una escalinata que desembocaba en una gran avenida. El Plan General Metropolitano (PGM) de 1976 asumió parte del proyecto de Gaudí y reservó un amplio paseo de dos manzanas para poder acceder a la escalinata de la basílica desde la Avenida Diagonal.

Un PGM que no impidió al Ayuntamiento, todavía franquista, de Joaquín Viola autorizar la construcción de 99 viviendas, además de locales comerciales, despachos y cuatro plantas de parking a la promotora Núñez y Navarro. Se les otorgó entonces un derecho de suelo de 50 años, confiando en los lentísimos progresos en la construcción del templo durante prácticamente todo el siglo XX. Pero llegaron las Olimpiadas, la explosión turística de Barcelona y el descubrimiento de la obra de Gaudí, apreciada ya antes por los turistas japoneses, que dispararon los ingresos de taquilla del templo. Y con ellos, la velocidad de construcción de la Sagrada Familia.

Una década para culminar el templo

El pasado marzo, la Junta constructora puso fecha a la finalización de las obras del templo: 2034. Y el Ayuntamiento que lidera Jaume Collboni decidió que ha llegado el momento de asumir el reto y "cerrar una solución a la solución urbanística definitiva para fachada dela Gloria", tal como anunciaba este jueves la teniente de alcalde de Urbanismo, Laia Bonet.

Collboni no es el primero que lo intentará. Otro socialista, Jordi Hereu, fue el primero en explorar un acuerdo con vecinos y el patronato de la Sagrada Familia a principios de siglo. El patronato llegó a poner 30 millones de euros sobre la mesa para sufragar las expropiaciones necesarias para aplicar el PGM y abrir el paseo desde la calle Mallorca hasta la Diagonal. Pero el Ayuntamiento consideró esta cantidad insuficiente.

El ex alcalde Xavier Trias también lo intentó, con un abanico de ocho propuestas que no desencallaron el problema entre unos vecinos que reclaman seguir en sus viviendas y un patronato que defiende la obra diseñada por Gaudí. También lo intentó su sucesora, Ada Colau, a cuyo equipo corresponden las tres propuestas que tienen ahora sobre la mesa los vecinos.

Solución pactada

El vicepresidente de la Asociación de Afectados, Francesc Pla, reconocía que la propuesta de Colau, una avenida más modesta que afectaría a 171 viviendas "era un documento de trabajo, no un plan definitivo". Y ponía en valor el compromiso del gobierno local, que se compromete a llegar a un "acuerdo definitivo" a lo largo de este mandato y modificar el PGM "que es la espada de Damocles que tenemos sobre todos nosotros" para acabar con la afectación urbanística que pesa sobre todas las viviendas que el PGM de 1976 convertía en una avenida.

"La situación de provisionalidad tiene que acabar con el calendario definitivo del fin de las obras", aseguraba Bonet, quien advertía además que el acuerdo "debe pasar por la garantía de derecho a la vivienda". La teniente de alcalde se mostró convencida de que la fecha límite impuesta por el progreso en la construcción del templo obliga al acuerdo. "Tenemos que ser capaces de hacerlo para traducir el PGM de 1976 en una nueva realidad jurídica fruto de la solución urbanística que acordemos".

Paga la Sagrada Familia

Bonet dejó claro además que será el patronato de la Sagrada Familia quien asuma el coste de las expropiaciones o traslados de las familias afectadas por la solución finalmente escogida. "Si la solución pactada comporta la expropiación forzosa, quien la tiene que afrontar es el beneficiario de la expropiación, que no es el Ayuntamiento" argumentaba Bonet tras reunirse con los vecinos.

Desde la Junta Constructora de la Sagrada Família, por su parte, señalan que "como depositarios de la obra de Gaudí, tenemos el compromiso de hacer posible el conjunto del proyecto pensado por él en su totalitat". Pero añaden que el proyecto debe acabarse en base a un acuerdo con el Ayuntamiento y "encontrando soluciones justas para todos". Los vecinos reclaman una mesa a tres, en la que participen tanto los responsables municipales como la Junta. Pero de momento es el Consistorio quien pilota las negociaciones entre las dos partes enfrentadas.

Así, el gobierno local ha mantenido también dos reuniones con la Junta constructora, que recordaba en declaraciones a El Independiente que el anterior gobierno local se comprometió a trabajar en posibles solucions urbanísticas y que crearía una mesa de trabajo con Ayuntamiento, vecinos y Junta. "Como ya hemos manifestado anteriormente, estamos abiertos al diálogo, por tanto valoramos positivamente" el paso dado ahora por el equipo de Collboni.