La imprevisibilidad e inestabilidad de la legislatura -como bien lo demostró ayer la decisión del Gobierno de retirar su proyecto de Ley del Suelo para eludir su segunda derrota parlamentaria en tres días- ha llevado a la dirección popular a sopesar todos los escenarios posibles, entre ellos, el de una nueva convocatoria electoral. Entienden que la legislatura se encamina a una situación de total y absoluto bloqueo en la que el Ejecutivo de coalición sólo ha sido capaz de sacar adelante la Ley de Amnistía y la de Enseñanzas Artísticas Superiores, mientras los Presupuestos Generales del Estado para este año acabaron en la basura y los del año que viene no están garantizados.

Pero los populares barajan incluso una fecha probable de elecciones generales, muy vinculada a lo que ocurra en Cataluña con Salvador Illa o con Carles Puigdemont. Si finalmente ninguno de los dos consigue ser investido presidente de la Generalitat y la comunidad va a una repetición electoral, "Pedro Sánchez puede aprovechar esa coyuntura para hacer coincidir las generales con las catalanas" a mediados del mes de octubre, explican las fuentes consultadas.

Creen que así se le abre "una ventana de oportunidad" para tomar aún más voto prestado de Sumar en toda España y aprovechar además su condición de primera fuerza política en Cataluña, bebiendo, entre otros, de ERC, en caída libre. A fin de cuentas, los 19 diputados del PSC del 23-J se quedan pequeños a lado de los 25 cosechados por José Luis Rodríguez Zapatero en las generales de 2008. Cataluña fue entonces la clave de su triunfo electoral.

Dificultades para sacar adelante los Presupuestos de 2025

También albergan serias dudas en el primer partido de la oposición respecto a las posibilidades reales de Sánchez para sacar adelante las Cuentas del Estado para 2025. Coinciden en ese análisis con Sumar, que no compartió la decisión del jefe del Ejecutivo y de su titular de Hacienda, María Jesús Montero, de aparcar los Presupuestos de este año y creen que hay más dificultades objetivas para conseguirlo ahora. No obstante, en la reciente reunión de la comisión de seguimiento del pacto de coalición, los magentas espolearon a sus interlocutores socialistas para arrancar la negociación presupuestaria en cuanto pase el 9-J y dedicar para ello todo el verano si es necesario. Pero mientras a Sumar no le interesa un escenario electoral a corto o medio plazo, los populares desean que sea "cuanto antes mejor", según admite un destacado dirigente del núcleo duro de Génova.

Sánchez puede convocar elecciones a partir del miércoles 29 de la próxima semana, cuando se cumple el plazo de un año desde que anunció la disolución de las Cámaras. Fue justo tras el batacazo electoral que los socialistas sufrieron en las locales y autonómicas del 28-M de 2023 cuando, contra todo pronóstico, anunció un día después la celebración de legislativas el 23-J, en una decisión no exenta de riesgos que, finalmente, le permitió seguir en Moncloa tras pagar, eso sí, el peaje de la ley de amnistía.

Tiene pues, expedito el camino para llamar a los españoles a las urnas. Superado este escollo sería el calendario electoral catalán el que marcaría los plazos según la hipótesis de Génova. El 10 de junio se constituye el Parlament y la composición de su Mesa dará las primeras pistas respecto a si hay pactos o no con otras fuerzas políticas que permitan la investidura de Illa, el ganador de la contienda electoral del 12-M, o de Puigdemont, quien lejos de asumir su derrota insiste en volver al Palacio de la Generalitat como Josep Tarradellas tras su exilio. A partir de ese momento se abre un periodo de diez días hábiles para la celebración del pleno de investidura, lo que coloca la fecha tope en el día 25 del mismo mes.

Pero si para entonces no se ha producido ni la primera vuelta de una sesión de investidura "se pone en marcha el reloj de la democracia", lema creado en 2016 por Pedro Sánchez cuando se sometió a una votación parlamentaria abocada al fracaso tras su pacto con el entonces líder de Ciudadanos, Albert Rivera, y tras la espantada de Mariano Rajoy. Significa abrir otro plazo, este de dos meses, hasta el 25 de agosto, para seguir intentando investir a un presidente. De no ser posible, se procedería a la disolución automática de la cámara y a la repetición electoral, con una nueva cita ante las urnas a mediados de octubre.

Decalaje de fechas para la convocatoria

Pero aquí surge no obstante un decalaje en las fechas. Porque los plazos de una repetición electoral no son los mismos que los de un adelanto o convocatoria ordinaria. La LOREG -ley electoral por la que se rige también Cataluña, una de las pocas comunidades que no tiene legislación propia en esta materia- acorta los plazos del procedimiento electoral en caso de repetición a 47 días, mientras que Sánchez está obligado a respetar el plazo de 54. Quiere decir que debería disolver Congreso y Senado una semana antes para hacerlas coincidir con las catalanas, arriesgándose a que hubiera un acuerdo in extremis a los que son tan dados en en Cataluña.

Sí habrá, en cambio, una imagen de unidad entre Pedro Sánchez y sus socios el próximo jueves 30, cuando el Congreso levante el veto del Senado a la ley de Amnistía. Será el punto y final de su tramitación parlamentaria y habrá que ver si la misma es suficiente para asegurar al inquilino de la Moncloa cierta estabilidad a corto y medio plazo.