El Tribunal Constitucional finalmente tendrá que decidir si la derogación de la ley de memoria democrática en Aragón se ajusta o no a la Carta Magna. El Gobierno de Pedro Sánchez acude al tribunal de garantías después de haber intentado el diálogo con el Ejecutivo autonómico de PP y Vox y que preside el popular Jorge Azcón, pero este no se quiso avenir a ningún acuerdo, así que la salida que tenía la Moncloa era la del recurso ante el TC, y es lo que aprobó este martes el Consejo de Ministros.

Lo anunció el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. El Ejecutivo, expuso, interpone el recurso de inconstitucionalidad contra el conjunto de la ley 1/2024 de Aragón —la que deroga a su vez la ley autonómica 14/2018, de memoria democrática, que impulsó en su momento el Gabinete del socialista Javier Lambán— con el aval del Consejo de Estado.

Torres denuncia que invitó al diálogo al Ejecutivo de Azcón y este, en un gesto "inusual" se negó a buscar un acuerdo en torno a su ley

Torres insistió en que si el Gobierno acude al tribunal de garantías es porque el 2 de abril remitió una comunicación oficial al Ejecutivo aragonés para intentar llegar a un acuerdo, como prescribe el artículo 33.2 de la ley orgánica del TC. El 16 de mayo, reprochó, en un gesto "inusual" —porque las comunidades autónomas "se sientan a negociar" con el Estado para pulir las diferencias en torno a una disposición normativa—, Aragón respondió por escrito que "rechazaba esta invitación del Gobierno de España al diálogo".

Con el dictamen favorable del Consejo de Estado, y como mañana se cumplía el plazo legal para presentar recurso, el Consejo de Ministros decidió elevar la impugnación, haciendo suyas las conclusiones del máximo órgano consultivo del Gobierno. Sostuvo Torres que el Derecho internacional reconoce el deber de memoria y obliga a España a acatarlo. Esa obligación, remarcó, está satisfecha a través de la ley estatal de memoria democrática (20/2022).

El Consejo de Estado encuentra que hay vulneración competencial y que Aragón incumple el "principio-deber de colaboración con el Estado" con su derogación de la ley autonómica de memoria. El ministro reseñó algunos ejemplos de la nueva norma aragonesa, como la retirada de la señalización de los campos de concentración y de los lugares de memoria, la eliminación del sistema educativo de la necesaria reparación de las víctimas, la supresión del mapa de fosas o la dificultad de acceso a la información de las asociaciones memorialistas.

El Gobierno cree que hay invasión de competencias, porque la desprotección de las víctimas imposibilita que se pueda cumplir lo que prevé la ley estatal de memoria

La invasión en las competencias del Estado se fundamenta, dice el Gobierno, en que la desprotección en que se deja a las víctimas del franquismo "imposibilita el cumplimiento de las previsiones" contenidas en la ley estatal de memoria democrática, "en aquellas cuestiones de la exclusiva competencia autonómica que no puede suplir el Estado con su actuación (ámbito educativo, de patrimonio histórico y cultural de titularidad autonómica, archivos autonómicos, o medios de comunicación autonómicos)".

Los informes de la ONU

Además, Aragón violaría los artículos 10 y 15 de la Constitución española, porque el estatus jurídico de las víctimas comprendidos en las normas internacionales proporcionan pautas de interpretación relevantes para enjuiciar la conformidad con la Carta Magna de una ley.

El ministro reprocha al PP no solo que no atienda su llamada al diálogo, sino que no tenga en cuenta los informes de la ONU que instan a España a proteger a las víctimas del franquismo

Recuerda el Gobierno que el 30 de abril le llegaron los informes del relator especial de la ONU sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición; del grupo de trabajo sobre las desapariciones forzadas o involuntarias y del relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias. Informes que recordaban el deber de los Estados de adoptar medidas legislativas para proteger a las víctimas de desapariciones forzadas y que instaban a España a "garantizar el estricto respeto de los estándares internacionales de los derechos humanos en materia de preservación de la memoria histórica". Los derechos fundamentales, recuerda el Ejecutivo, han de interpretarse, de acuerdo con el artículo 10.2 de la Constitución, conforme a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de los tratados internacionales en esta materia.

Torres subrayó que el Ejecutivo de PP y Vox en Aragón "no solo dice no al Gobierno de España", sino a los informes de la ONU. El ministro preguntó a Alberto Núñez Feijóo y a los presidentes autonómicos de su partido que si realmente condenan la dictadura franquista por qué la retiran de sus llamadas leyes de concordia. Reprocha el Gobierno a PP y Vox que "invisibilicen a las víctimas del bando democrático durante los años de la dictadura franquista" e impidan el "trabajo de las asociaciones memorialistas".

Por todo ello, concluyó Torres, por "defender el deber de memoria, la reparación de las víctimas, la no repetición, la verdad; para impedir que nadie reescriba la historia intentando blanquear la dictadura franquista", el Gobierno recurre al TC. Recurre a la Carta Magna, "esa misma Constitución que algunos [en referencia al PP] dicen defender, pero luego olvidan aplicar". El titular de Política Territorial avisó de que el Ejecutivo acudirá "donde sea preciso para defender los derechos humanos y el Derecho internacional".

El Gobierno avisa de que no permitirá que se "blanquee" la dictadura y de que acudirá "donde sea preciso" para defender los derechos humanos y el Derecho internacional

El Ejecutivo, pues, lleva al TC la ley aragonesa. ¿Hará la Moncloa lo mismo contra las leyes de concordia que están tramitando PP y Vox en Comunidad Valenciana y Castilla y León? Torres respondió que el Gobierno central actuará en el momento en que esas proposiciones de ley se conviertan definitivamente en normas en vigor. "Si se terminan aprobando como las conocemos, indudablemente arbitraremos el mecanismo inicial [de diálogo, la del 33.2] y luego también iríamos al Tribunal Constitucional", sostuvo. La decisión, añadió, "no está en manos del Gobierno", sino de los que han presentado esas iniciativas. O sea, PP y Vox. A ellos apeló Torres para reconsiderar el contenido de esas proposiciones. A frenar sus intenciones, porque de lo contrario el camino será el mismo: el recurso ante el TC.