Navarra ha reconocido oficialmente a las 12 primeras víctimas de torturas y abusos policiales cometidos por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado o por grupos de extrema derecha. Se trata de hechos ocurridos entre 1969 y 1994. Son los primeros expedientes en los que la Comisión de Expertos creada a partir de la Ley de víctimas por ‘motivación política’ aprobada en 2019 da por acreditada la existencia de tales abusos.

El reconocimiento se ha oficializado con un acto institucional celebrado este jueves en el Baluarte de Pamplona y en el que ha asistido la vicepresidenta segunda del Ejecutivo de Chivite, Ana Ollo, consejera de Memoria y Convivencia, así como algunas de las víctimas y sus familias. Con estos reconocimientos, además de oficializar su condición de víctimas, se igualan las indemnizaciones a las que tendrán derecho y que se equiparan a las de las víctimas del terrorismo. El Gobierno navarro ha presupuestado para este año cerca de un millón de euros.

La consejera Ollo ha reconocido que el reconocimiento "llega tarde" y es "incompleto". Ha recordado cómo ha sido necesaria casi una década para hacerlo realidad, tras la anulación de la anterior norma aprobada por el gobierno de Uxue Barkos en 2015 por parte del Tribunal Constitucional. Ha destacado que un acto de este tipo hubiera sido "inimaginable" no hace mucho y que al menos palía levemente el "olvido institucional" que estas víctimas han padecido: "Habéis vivido una invisibilización de vuestra victimización y la revictimización que supone la desmemoria", ha asegurado Ollo.

El representante del Foro Gogoa, Guillermo Múgica, ha apelado a la necesidad de construir una convivencia justa: "Necesitamos una convivencia con memoria. Sin saldar las cuentas pendientes, sin restablecer los puentes rotos, ¿acaso podremos vivir en paz?", se ha preguntado.

Misma indemnización que las víctimas de ETA

De esta forma, Navarra se suma al País Vasco en el reconocimiento de víctimas provocadas por excesos policiales o por la acción de grupos de extrema derecha durante el franquismo, la Transición y los años de la lucha contra ETA. Hasta enero de este año la comisión encargada de evaluar las denuncias presentadas había aceptado 41 casos para continuar con su investigación en aras a certificar la veracidad de los hechos denunciados. Se estima que hasta el año 2027, cuando concluye el plazo previsto para presentar este tipo de denuncias, -ocurridas a partir de 1950 en adelante-, se pueden admitir a trámite cientos de casos.

Entre las doce primeras víctimas figuran dos casos de muerte a consecuencia de abusos policiales, tres casos de heridos por arma de fuego durante los altercados de los Sanfermines de 1978 y otro más por heridas provocadas por un mal uso del material antidisturbios durante una carga policial. A ellos se suma el reconocimiento de cuatro casos de torturas de carácter psicológico o físico durante su detención y dos casos más a las que se acredita como víctimas por las heridas sufridas en atentados reivindicados por grupos de extrema derecha.

Las indemnizaciones a las que tendrán derecho se igualan a las que ya están reconocidas a las víctimas de ETA: 250.000 euros en casos de fallecimiento, 500.000 euros si se provocó una gran invalidez, 180.000 euros por una incapacidad permanente absoluta, 100.000 euros por una incapacidad permanente total y 75.000 euros si es sólo parcial.

Entre las víctimas reconocidas destaca el caso de Mikel Zabalza, uno de los episodios más oscuros de la ‘guerra sucia’ contra ETA librada en el cuartel de Intxaurrondo. Este joven navarro (Orbaizeta, 1952) era conductor de autobuses en San Sebastián. El 26 de noviembre de 1985 fue detenido junto a su novia y parte de su familia por la Guardia Civil acusado de estar vinculado con ETA. Todos ellos, a excepción de Mikel, fueron puestos en libertad poco después. Los agentes de Intxaurrondo aseguraron en la versión oficial que Zabalza escapó cuando fue trasladado para localizar un ‘zulo’ de la banda y que en su huida se ahogó. Su cuerpo apareció en el río Bidasoa el 15 de diciembre con evidentes signos de haber sido torturado. El reconocimiento de su caso por parte del Gobierno de Navarra se suma al que también hizo de su caso el Ejecutivo vasco de Urkullu.

Mikel Zabalza y Mikel Arregi

El otro caso de muerte violenta en el que se implica a la Guardia Civil es el de Mikel Arregi, quien en 1979 murió a consecuencias de los disparos de varios agentes en un control policial en la localidad de Etxarri Aranatz. Arregi tenía 31 años y era concejal de la localidad de Lakuntza.

Entre las víctimas reconocidas figuran José Ramón Vélez, José Miguel Fernández y Fermín Ilundáin, heridos en el tiroteo policial ocurrido durante los Sanfermines de 1978. Gloria Bosque es otro de los casos acreditados por torturas o el de Carmen Garatea, quien sufrió un atentado contra la sede del PCE perpetrado por la extrema derecha. Otro de los casos es el de Joanes Molina, quien cuando tenía 16 años perdió un ojo por el impacto de una pelota de goma de la policía. Las torturas de un grupo de la extrema derecha y los dos intentos de asesinato son las razones por las que se reconoce como víctima a Iosu Imaz.

La Comisión de Reconocimiento y Reparación, encargada de reconocer y documentar estos casos, está compuesta por nueve personas, entre ellas peritos forenses, una psicóloga y varios responsables del área de Memoria y Convivencia del Ejecutivo foral y expertos del ámbito universitario y social. El organismo está previsto en la ley navarra sobre la que se sustentan estos reconocimientos. Una norma que fue recurrida ante el Constitucional por el PP, Vox y Ciudadanos y que finalmente, tras dos años paralizada, fue avalada en mayo de 2021 por el alto tribunal. El TC consideró que el reconocimiento que se proponía no suponía una intromisión en la vía judicial penal ya que tan sólo se pretendía activar un instrumento administrativo a través del cual reparar a las víctimas y no determinar culpabilidades de carácter penal.