La ley de amnistía es ya una realidad está a un paso de quedar en manos de los jueces. Este jueves concluyó su tramitación parlamentaria, de seis meses y medio, y fue aprobada definitivamente por el Congreso por 177 votos a favor y 172 en contra en un pleno de enorme tensión inducida por Vox. Ahora solo separa la norma de los tribunales la sanción del Rey y su publicación en el Boletín Oficial del Estado, que puede demorarse como mucho 15 días. Será entonces cuando la ley entre en la siguiente fase, en la de su aplicación. Y en el Gobierno confían en que, pese a todo, encuentre su cauce. Probablemente haya demoras, creen, porque se elevarán cuestiones de inconstitucionalidad y consultas prejudiciales al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), pero al final no habrá manera de bloquearla. "La ley es la ley", advierten varios ministros y en la Moncloa.

El Ejecutivo se ha cuidado de lanzar críticas directas y en público a la actuación de los jueces en estos largos meses de tramitación. En privado sí latía ese malestar por las concentraciones de los togados contra la norma en varios puntos de España, o por los intentos del juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón por boicotear el texto. Pero, puertas para fuera, el Gobierno se imponía el "respeto", la distancia. Y este jueves no podía ser menos. Interpelado por los periodistas si la Justicia acatará la ley de amnistía, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, recordó que la norma recibió el espaldarazo jurídico del Consejo de Europa a través de la Comisión de Venecia, y "uno de los valores" que pone de manifiesto su informe es que "respeta la separación de poderes", porque "la decisión última en la aplicación de la ley, como no puede ser de otra manera en un Estado de derecho, la tienen los jueces y tribunales". Es decir, que una vez que la ley entre en vigor, será la Justicia la que tenga que aplicarla. Ninguna observación más.

Esperamos que los jueces cumplan con la ley", apuntalan en el círculo de Sánchez, "confiamos en que los jueces apliquen la ley, como es su obligación", coinciden en la cúpula del PSC

Bolaños, uno de los muñidores del texto, defendió a lo largo de toda la tramitación que la iniciativa "entró constitucional" en el Congreso y saldría constitucional de él. Es decir, que el Gobierno no tiene dudas de que la ley pasará el filtro del Tribunal Constitucional, pero también el del TJUE, a quien el Ejecutivo ha estado mirando en todo momento, consciente de que jueces y tribunales se dirigirían a él. De ahí que se haya negociado y examinado cada palabra, cada coma del texto, para blindarlos frente a los seguros recursos. Eso explica la convicción del Gobierno de que será imposible sortear la medida de gracia, que según sus cálculos alcanzará a unas 400 personas, entre independentistas y policías acusados. "Por supuesto que la amnistía la aplicarán. El Tribunal Supremo, el Constitucional y el TJUE", responde con contundencia a este diario un miembro del Gabinete de la absoluta confianza del presidente. "Esperamos que los jueces cumplan con la ley", apuntala otro responsable del círculo de Pedro Sánchez. "No creemos que vaya a quedar en papel mojado", tercia otro ministro de mucho relieve. "Confiamos en que los jueces apliquen la ley, como es su obligación", convergen también en la cúpula del PSC.

Lo que sí esperan en la Moncloa es que jueces y tribunales "puedan enredar un poquito", demorando la aplicación de la ley acudiendo tanto al TC como al TJUE. La norma ordena que los órganos judiciales competentes apliquen la amnistía "con carácter preferente y urgente" en el plazo máximo de dos meses, "sin perjuicio de los ulteriores recursos, que no tendrán efectos suspensivos". Además, con la entrada en vigor de la ley —que se producirá el mismo día en que se publique en el BOE—, los jueces deben proceder al "inmediato" alzamiento de todas las medidas cautelares que pesen sobre los potenciales beneficiarios de la medida de gracia (órdenes de busca y captura e ingreso en prisión así como las órdenes nacionales, europeas e internacionales de detención).

Choque con García Ortiz

Los cuatro fiscales del procés —Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Fidel Cadena y Jaime Moreno—, muy críticos con la norma, trasladaron este jueves al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que el delito de malversación no es amnistiable porque la propia norme lo excluye y porque "afecta a intereses financieros de la UE". Ellos cuatro, que apreciaron rebelión en el procés —el TS en su sentencia de 2017 condenó a los líderes por sedición, un escalón inferior—, se apoyan en la jurisprudencia del Supremo.

Los fiscales del 'procés' entienden que la malversación no es amnistiable y que no se pueden alzar las cautelares contra Puigdemont

Se remiten a la respuesta que dieron los jueces cuando el Gobierno impulsó la supresión de la sedición y la rebaja de la malversación. El TS entendió que el desvío de fondos entraña siempre un lucro, aunque no haya enriquecimiento personal. Por eso PSOE, ERC y Junts pactaron una redacción pretendidamente más afinada. La ley considera que son perdonables los delitos de malversación "siempre que no haya existido propósito de enriquecimiento", entendido este como la obtención de "un beneficio personal de carácter patrimonial". Los fiscales entienden que se sustrajeron fondos públicos para desintegrar España y proclamar la independencia, dinero que no fue devuelto, así que no cabría aplicar la amnistía ni, por tanto, alzar las medidas cautelares, porque la malversación no sería perdonable. Una lectura que afectaría de lleno a Carles Puigdemont y a Oriol Junqueras, entre otros. La unificación de doctrina corresponde al fiscal general del Estado. La opinión del ministerio público, en todo caso, no es vinculante. "Lo que digan estos fiscales no nos preocupa mucho. Son los que vieron rebelión y el TS les corrigió", remarcan en la Moncloa.

En el círculo de Sánchez recalcan que ahora no pasará como con la reforma de la malversación de diciembre de 2022. "Aquí, la decisión última no es del TS. Es del TC y del TJUE", advierten. Lo comparte un ministro: "Si jueces y tribunales acuden al Constitucional y a la Justicia europea, tendrán que esperar a la doctrina que emane de ambos órganos, no se pueden anticipar y fijar un criterio antes". Y es que si algo está claro es que las dudas que se planteen ante el TC y al TJUE paralizan la aplicación de la amnistía en el caso concreto para el que se presente la cuestión, hasta que esos órganos se pronuncien. Pero la norma como tal no queda bloqueada. "Es que ni el Supremo ni cualquier juez o tribunal se puede convertir en un intérprete de la ley. Esa potestad es del TC o del TJUE. Que el Supremo o que un juez tenga que aplicar la doctrina del Constitucional o de la Justicia europea no le convierte en un intérprete de ellos. Y lo mismo pasa con las medidas cautelares", explica este mismo ministro. Se calcula que el TJUE puede tardar hasta un año y medio o dos años en emitir su criterio.

Es que ni el Supremo ni cualquier juez o tribunal se puede convertir en un intérprete de la ley. Esa potestad es del TC o del TJUE", dice un ministro

En el Gobierno no creen posible que Puigdemont pudiera entrar en prisión en cuanto pusiera un pie en España. "Ningún juez, y menos el Supremo [que es el que tiene que decidir la suerte procesal del expresident y de Junqueras], se va a atrever a decretar una medida privativa de libertad cuando hay una amnistía en marcha, porque saben que si el TC o el TJUE avalan la norma ellos podrían ser acusados de prevaricación", señala el ministro citado.

Otro compañero de Gabinete comparte plenamente ese criterio: "Es normal que los jueces planteen cuestiones prejudiciales al TJUE o eleven sus consultas al TC, es normal que protejan sus competencias si tienen dudas acerca de una ley sobre la que no tienen clara su conformidad con la Carta Magna, pero no tendría sentido que le metieran en la cárcel. Podrían, en todo caso, decretar otras cautelares como retirada del pasaporte o comparecencia periódica ante un juzgado". Otro integrante del Ejecutivo cree que, como máximo, el TS podría reclamar un domicilio a Puigdemont, pero nada que suponga un recorte de su libertad. "La ley es la ley, y hay que cumplirla", reiteran ambos y repiten desde la Moncloa.

"No se ha visto nunca"

Desde el Gobierno, defienden que la norma "está bien pensada, madurada, bien construida y constitucional". Pero recalcan, en línea con Bolaños, que ahora a quienes toca hablar es a los jueces. Porque el Ejecutivo y los grupos parlamentarios ya han hecho su trabajo.

Sí hay inquietud con la guía antiamnistía enviada a los 5.000 jueces de toda España donde se les facilitan cuestionarios para elevar cuestiones ante el TC y el TJUE

No obstante, hay un foco de inquietud que preocupa al Gobierno. El pasado fin de semana, La Vanguardia informaba de que un grupo de jueces difundió el 20 de mayo a sus 5.000 compañeros de carrera una guía contra la amnistía, en la que se le facilitaban formularios para elevar cuestiones de inconstitucionalidad o prejudiciales. Una guía remitida a través del servidor del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Al Ejecutivo sí le inquieta que "desde determinados sectores" se quiera dar una "orientación" a todos los jueces de España, para que hagan "una lectura interesada de la norma", porque "no compartan la ley".

"No deben hacer eso, no se deben manifestar contra una ley, que es legítima porque sale de un Parlamento legítimo, salvo que compartan [con PP y Vox] que somos unos colonizadores okupas", señalan en el primer anillo de poder de Sánchez. "¿Pero cómo no va a inquietarnos? Es que eso no se ha visto nunca", "es que no es nada habitual y hay jueces muy cabreados con eso, pero que nadie se equivoque: los jueces no funcionan con argumentarios y cada uno hace lo que entiende oportuno", abundan dos miembros del Gabinete.

Si los tribunales dificultan la aplicación de la ley, "nadie podrá reprochar políticamente nada al Gobierno", recuerda un veterano dirigente

Fuera del Ejecutivo, en el partido, hay dirigentes que sí recelan más de los jueces por la aplicación que hagan de la amnistía. "Sí intentarán boicotear la aplicación de la ley —opina un veterano responsable próximo a la cúpula federal del PSOE—. Doy por hecho que muchos órganos jurisdiccionales plantearán cuestiones ante el TC y el TJUE, y eso suspenderá el procedimiento. Pero nos preocupa relativamente. Políticamente, nadie podrá reprochar nada al Gobierno. El Gobierno y el Parlamento llegan hasta donde llegan. Los independentistas saben que no le pueden pedir lo imposible al Gobierno. Claro que aspiramos a que los jueces apliquen una ley orgánica aprobada por las Cortes Generales, pero tampoco estamos deseando ver a Puigdemont en Girona". El razonamiento es semejante al que se pudo ver hace año y medio, cuando el TS desmontó la reforma de la malversación: el Ejecutivo adujo que hizo la modificación del Código Penal que pactó con ERC, y ahí acababa su tarea: los jueces eran los responsables de interpretarla. Claro que si ahora la amnistía naufragara, "aumentará la sensación de lawfare contra el Gobierno en el segmento progresista de la sociedad", acaba este responsable.

"Ya estamos en otra fase"

En Ferraz y en el Ejecutivo, no obstante, quieren volver a centrarse en la campaña de las europeas del 9 de junio, en la recta final. "No vamos a dar más recorrido a esto. La amnistía ya está descontada para nosotros, y no vamos a dar cancha a la ultraderecha. Ya estamos en otra fase". El capítulo de la amnistía, de los seis meses largos de tortuosa tramitación de la norma que da sustento y sentido a la legislatura y a la segunda investidura de Sánchez, es ya pasado para la Moncloa. El presidente mira ya la pantalla del 9-J.

Sánchez saca pecho de la amnistía desde su mitin de campaña en Barakaldo: "Se ha superado la mayor crisis territorial de la historia de España en Cataluña", "cuando gobernaba el PP"

De hecho, tras la aprobación definitiva por el Congreso, el líder socialista viajó hacia Barakaldo (Bizkaia), a un mitin de campaña con su candidata, Teresa Ribera, y el líder del PSE, Eneko Andueza. Allí sacó pecho de la medida de gracia. Porque los socialistas están convencidos de que deben presumir de ella, más aún tras la victoria de Salvador Illa en las catalanas del 12 de mayo.

"Hoy han ganado los valores socialistas de avance social y convivencia" y se ha "superado la mayor crisis territorial de la historia de España en Cataluña en 2017, cuando gobernaba el Partido Popular", clamó. "Gracias a la apuesta por la convivencia, hoy España está más unida que en 2017 con el Gobierno del PP", comparó. Sánchez reprochó a los populares que lleven "seis años diciendo que España se hunde y se rompe, pero Illa gana en Cataluña y la economía española va imparable, como Taylor Swift". Era difícil sustraerse, desde luego, al fenómeno cultural que ha llenado páginas y minutos de radio y televisión: el doble concierto en Madrid de la estrella americana, de Taylor Swift. Con razón el presidente llevaba puesta en su muñeca una de las pulseras que llevan sus fans. Amnistía, 9-J, Illa y Swift. La fórmula del PSOE para una "remontada" que da por segura.