Cinco años pueden ser una eternidad. Un lustro es tiempo suficiente para realizar transformaciones, renuncias y mudanzas de piel sustanciales. El PSOE se presenta a las elecciones europeas del próximo 9 de junio con una programa electoral acorde a los nuevos tiempos que escenificó Pedro Sánchez hace dos años con el histórico cambio de posición en el litigio del Sáhara Occidental, haciendo pedazos 47 años de neutralidad activa y consenso de los principales partidos en el contencioso de la ex colonia española ocupada por Marruecos.

En las europeas de 2019, con el actual jefe de la diplomacia europea Josep Borrell como cabeza de cartel, el PSOE dejó escrita una promesa categórica: “Los y las socialistas consideramos que la UE debe también promover la solución del conflicto de Sáhara Occidental, a través del cumplimiento de las resoluciones de Naciones Unidas que garantizan el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui”. Por aquel entonces Ferraz seguía apostado públicamente por la hoja de ruta marcada por las Naciones Unidas, que ha tratado de impulsar la celebración de un referéndum de autodeterminación en el Sáhara obstaculizado reiteradamente por el régimen alauí.

Hasta dos referencias

La defensa del derecho de la libre determinación del pueblo saharaui era entonces la línea tradicional de los sucesivos programas electorales del PSOE, no solo en las citas europeas sino también en las generales desde el restablecimiento de la democracia. En 2019, Ferraz agregaba al párrafo anterior otro en el que redoblaba su compromiso: “Por ello, trabajaremos para alcanzar una solución del conflicto que sea justa, definitiva, mutuamente aceptable y respetuosa con el principio de autodeterminación del pueblo saharaui, así como para fomentar la supervisión de los derechos humanos en la región, favoreciendo el diálogo entre Marruecos y el Frente Polisario, con la participación de Mauritania y Argelia, socios claves de España, que el enviado de la ONU para el Sahara Occidental está propiciando”.

Una mención hasta en dos ocasiones del derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui -por su quedaban dudas del nivel de compromiso- que ha quedado completamente erradicado del programa con el que se presenta a las elecciones europeas de 2024, con la vicepresidenta Teresa Ribera como candidata y reclamo. En esta ocasión, el articulado es escueto, vago y se ha eliminado la referencia al derecho antes reivindicado por partida doble y al representante del pueblo saharaui, el Frente Polisario. “En relación con el Sáhara Occidental, promoveremos también desde el marco de la UE acciones de apoyo al Enviado Personal del Secretario General de Naciones Unidas y encaminadas a alcanzar una solución en el marco de las Naciones Unidas. Impulsaremos asimismo la ayuda humanitaria de la Unión Europea a la población saharaui en los campamentos”.

En apenas cinco años, el PSOE también se ha dejado por el camino la coletilla de una solución “mutuamente aceptada por las partes” y cualquier otra referencia que pueda incomodar a Marruecos, en pleno idilio con la monarquía de Mohamed VI. Una purga acompasada al giro copernicano que marcó la carta en la que Sánchez reconocía el plan de autonomía de Marruecos para el Sáhara como “la base más seria, creíble y duradera” para la resolución del diferendo. La actual posición socialista ha sido defendida contra y marea, a pesar de las derrotas parlamentarias que ha ido acumulando el PSOE en el Congreso de los Diputados, donde el resto de partidos -incluidos sus socios- le han afeado la unilateralidad del volantazo o las sucesivas concesiones a Marruecos sin resultados y le han reclamado un regreso a la posición tradicional.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, saluda al rey Mohamed VI, durante su encuentro mantenido en Rabat este 21 de febrero de 2024. | POOL MONCLOA / BORJA PUIG DE LA BELLACASA

Giro en el Sáhara sin frutos

El alineamiento con las tesis de Marruecos en el Sáhara, el último territorio por descolonizar de África y sobre el que España ostenta aún el título de potencia administradora, ha situado al país en una situación inédita en el Magreb: su apoyo lo ha colocado por delante de cualquier posición mantenida por otros países europeos.

Y, pese a esa supuesta luna de miel por la que atraviesan las relaciones hispano-marroquíes, la diplomacia alauí ha seguido insistiendo en la marroquinidad de las ciudades autónomas ante los foros internacionales. Primero cuestionaron que el reino tuviera “fronteras terrestres” con el español  en Ginebra y más tarde censuraron en Bruselas las “declaraciones hostiles” de un comisario europeo sobre las plazas españolas de Ceuta y Melilla. El portavoz del Gobierno marroquí ni siquiera rectificó tras una queja escrita de Exteriores español y se mantuvo en sus trece, vulnerando el compromiso esbozado públicamente por Sánchez de que ambos países evitarían en lo venidero ofenderse en materia de integridad territorial. Como muestra de las trabas, las aduanas de Ceuta y Melilla siguen cerradas.

En una legislatura en el Europarlamento marcada por el Marogate, la compra de diputados por el lobby marroquí, y el revés del acuerdo pesquero entre la UE y Marruecos, el PSOE se retrató en enero de 2023. Entonces el Parlamento Europeo aprobó una condena histórica de la represión de periodistas en Marruecos en mitad del Marocgate y entre presiones del régimen alauí, que ha desplegado su diplomacia en Estrasburgo para tratar de impedir sin éxito una moción histórica. Unos esfuerzos que, en el caso de los parlamentarios del PSOE en la Cámara, surtió efecto: los 17 socialistas españoles votaron en contra del texto consensuado, entre otros, por el grupo socialdemócrata, tras amenazar Rabat con suspender la Reunión de Alto Nivel entre España y Marruecos. Uno de aquellos eurodiputados, el ex ministro de Justicia Juan Fernando López Aguilar, declaró después: “Marruecos es un socio estratégico; si hay que tragar sapos, se tragan”.