Aunque los populares han abierto varios frentes contra Pedro Sánchez y las actividades empresariales de su esposa, Begoña Gómez, mantienen, al menos de momento, de momento su decisión de no personarse como acusación popular en la causa abierta en el Juzgado 41 de plaza de Castilla y en el que debe comparecer el 5 de julio. A diferencia de otros procesos judiciales en los que el PP se ha personado, esta vez, salvo cambio de estrategia, prefieren mantenerse a cierta distancia y no unirse al bloque que forman Vox, Manos Limpias, Hazte Oír y el abogado Aitor Guisasola, esto es, la "coalición ultraderechista" de la que habla de forma reiterada el presidente del Gobierno y en la que incluye de todos modos a los populares.

La idea es dejar que la instrucción del juez Juan Carlos Peinado "siga su curso" y que el volcado de la información contenida en los móviles y ordenadores de la 'trama Koldo' continúe revelando detalles en torno a este caso y nueva información sobre la inquilina de la Moncloa. Desde Génova insisten en que la responsabilidad política "recae en Sánchez, no en su esposa", de ahí que hayan elevado el tono pidiendo su dimisión tras conocerse la fecha de comparecencia en el juzgado y la foto de paseillo que ello conlleva.

Sin embargo, ya ha pasado el plazo para sentar al jefe del Ejecutivo en la comisión de investigación del Senado antes de las elecciones de este domingo, aunque ayer decidieron acelerar la presentación de su denuncia ante el TSJ de Madrid por conflicto de intereses al no inhibirse de la decisión sobre el rescate millonario a la aerolínea Air Europa, cuya empresa matriz, Globalia, financió el África Center de Gómez. Precisamente, Peinado ha abandonado esta vía de investigación para centrarse en los contratos públicos que obtuvo el empresario Juan Carlos Barrabés y al que Gómez recomendó a través de distintas cartas firmadas de su puño y letra.

Las comisiones parlamentarias están pasando desapercibidas

El Grupo Popular del Senado intenta estrechar el cerco en torno a las actividades de Gómez y ayer llevó a la comisión de investigación a Leticia Lauffer, quien fuera CEO de Wakalua Hub, filial de Globalia. Lauffer admitió contactos con Gómez para proyectos de innovación y el patrocinio por 40.000 euros del IE África Center, aunque finalmente, explicó, sólo se abonaron 1.700 en dos billetes de avión. La portavoz del Grupo Popular en el Senado, Alicia García, cree que esta comparecencia demuestra que "en el epicentro de la trama de corrupción está Begoña Gómez y la Moncloa, tal como está investigado la Justicia". Considera que Wakalua "es la prueba evidente de que las actividades de Begoña Gómez en África Center coincidieron en el tiempo con el recate de Air Europa, por lo que tanto Sánchez como su esposa tienen muchas explicaciones que dar”.

Lo cierto es que tanto la comisión del Senado, como la del Congreso, creada en réplica a la primera, están pasando bastante desapercibidas con poco impacto en los medios y en las sucesivas campañas electorales que llevamos encadenadas desde las elecciones vascas, pues el 'caso Koldo' estalló poco después de las autonómicas gallegas.

Precisamente, sobre la coincidencia de los pasos del juez Peinado con el calendario electoral, que este martes denunciaba Pedro Sánchez acusando al juez de "condicionar el desarrollo normal de la campaña europea", desde Génova replican que el 'caso Gürtel' estalló el 25 de febrero de 2009 "a cuatro días de las primeras elecciones autonómicas" que ganó Feijóo. Entonces, recuerdan, "gobernaba el PSOE en España y en Galicia" y el juez que dicta la primera providencia, Baltasar Garzón, era "ex diputado del PSOE, condenado por prevaricación en una causa que afectaba a dirigentes del PP e inhabilitado 11 años por el Supremo". Por ello, critican que "ahora hable el PSOE de 'normas no escritas' y de decisiones judiciales que influyen en campañas electorales...".

El frente de la Comunidad de Madrid y de la Junta Electoral Central

Además, la Comunidad de Madrid ha decidido abrir otro frente y constituir una comisión de investigación en la Asamblea para fiscalizar si el rector de la Complutense, Joaquín Goyeche, tuvo "trato de favor" y "nepotismo" con la esposa del presidente a la que presuntamente permitió registrar a su nombre su software que pertenecía a la Universidad. El portavoz del PP en la Asamblea, Carlos Díaz-Pache, explicó ayer tras registrar la petición que "en las últimas semanas hemos ido conociendo irregularidades y es necesario un esfuerzo para investigar las responsabilidades políticas y académicas respecto a esas cátedras". Sin embargo, problemas de calendario retrasan esta comisión a después de las vacaciones de verano. Incluso se habla del mes de octubre.

Y el último paso de la ofensiva popular pasa por la Junta Electoral Central (JEC), ante la que el PP presentará una denuncia por "la utilización, del Consejo de Ministros para hacer campaña a favor del PSOE" y atacar al PP, según explicó la secretaria general popular, Cuca Gamarra. La ministra portavoz, Pilar Alegría, aprovechó la rueda de prensa del pasado martes para repetir el argumentario monclovita de la "máquina del fango" y de la conspiración "ultraderechista" contra la esposa de su jefe de filas. No sería la primera vez que multan al Gobierno por usar la sede gubernamental para hacer política. De hecho, hasta Sánchez fue multado por el órgano que se ocupa de la limpieza de los procesos electorales.