El instructor del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha dado un paso más en la querella interpuesta por el novio de Isabel Díaz Ayuso (Alberto González Amador) contra los dos fiscales que lo investigaban por un fraude a Hacienda. El juez ha decidido llamar a declarar como testigo a la fiscal jefa de Madrid, Almudena Lastra, y a su responsable de prensa como testigos para esclarecer quién dio la orden de publicar una nota a los medios de comunicaciones con datos sobre el procedimiento de González Amador.

Ambos testigos han sido agendados para pra el próximo jueves 13 de junio, de acuerdo al escrito al que ha tenido acceso El Independiente. El juez ha preguntado además a la Fiscalía General que aclare de quién provino la indicación de publicar ese texto que contenía fragmentos de un correo interno entre un fiscal y el letrado de González Amador.

No hay mucho misterio porque el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, ya ha dicho públicamente que fue suya la responsabilidad última y que lo que pretendía era desmontar una noticia incierta. Se había publicado que la Fiscalía había ofrecido un pacto al
Novio de Ayuso para no llegar a juicio una vez reconoció que había defraudado al fisco en 2020 y 2021, pero en realidad había sido al revés. Fue su letrado el que se puso en contacto con los investigadores para reconocer el delito antes de que estos llegaran a denunciar.

Para González Amador el hecho de que desde el Ministerio Publico se distribuyera esa nota aclaratoria que contenía entrecomillados de las conversaciones privadas fue un delito de revelación de secretos y otro contra la intimidad. Por eso, denunció tanto al fiscal del caso Julián Salto como a la fiscal jefa provincial Pilar Rodríguez.

Ahora, será la superior de estos dos, Almudena Lastra, la que tenga que declarar de forma obligatoria (al ser testigo) y contar cómo se produjeron los hechos. Fuentes con conocimiento de lo sucedido, explican que Lastra se negó a la publicación y pidió la orden del fiscal general por escrito.

Como ha venido contando este medio, si el asunto termina alcanzando a García Ortiz, la causa tendría que trasladarse al Tribunal Supremo donde él está aforado. De ser así, las fuentes de su entorno aclaran que si la Sala de lo Penal determina imputarlo, él se plantea dimitir. Fuentes del Ministerio Publico defienden desde el principio, eso sí, que no hubo delito alguno porque el correo de González Amador que se plasmó en la nota ya había sido publicado previamente y, sobre todo, porque prevalece el derecho a la información veraz.