El Gobierno de coalición se ha jactado en público de que su apoyo a la población saharaui en los campamentos de Tinduf (Argelia) no sólo no se ha visto afectado por el histórico cambio de posición en el litigio del Sáhara Occidental sino que ha ido aumentando las partidas destinadas a los cerca de 200.000 saharauis que permanecen desde hace medio siglo siglo en uno de los lugares más inhóspitos del planeta. Una inyección económica que, sin embargo, dejó sin gastar alrededor de 3,85 millones de euros en 2023, confirman a El Independiente fuentes de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid), dependiente del ministerio de Asuntos Exteriores que dirige el socialista José Manuel Albares.

Esta cantidad, presupuestada inicialmente, no se desembolsó finalmente en 2023. “Es un dinero que no ha llegado a los campamentos”, denuncian fuentes del Frente Polisario consultadas por este diario en una coyuntura marcada por la carestía de alimentos básicos. El año pasado, con todo, fue un año de aportaciones récord a los campamentos, con una partida gastada que llegó a los 11,65 millones de euros, frente a los 8,3 millones de 2022, una tendencia de incremento gradual.

El significativo aumento del último año se debió a la aprobación de una enmienda presentada por el PNV al articulado de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2023. En noviembre de 2022, la iniciativa del PNV arañó 7 millones de euros adicionales que debían destinarse a la Agencia de la ONU para los refugiados con el concepto de mantenimiento de la infraestructura de los campamentos de refugiados saharauis. La enmienda salió adelante con los apoyos de PP, Ciudadanos, Unidas Podemos, Más País, Compromís, Junts, BNG y EH Bildu, pero el rechazo del PSOE y ERC.

"Se han comido el dinero"

Desde entonces, el PNV ha afeado al PSOE en el Congreso de los Diputados no haber gastado el total de la partida para los campamentos y ha denunciado la opacidad en los datos. Fuentes de la formación vasca consultadas por este diario insisten que “la información que el grupo ha podido recabar la partida no ha sido ejecutada”.

En su respuesta a las preguntas del PNV, el Ejecutivo reconoció haber modificado el objeto de la ayuda al considerar que “”el mantenimiento de las infraestructuras no es una prioridad del trabajo de las agencias humanitarias en los campamentos, y que se va a invertir esta cantidad en otros conceptos, atendiendo a las necesidades de la población refugiada saharaui identificadas en el diagnóstico de nuestros socios de Naciones Unidas”.

Sin embargo, ese cambio del objetivo aprobado inicialmente por la mayoría de los grupos parlamentarios en la Cámara Baja no logró ejecutar el montante final. Fuentes conocedoras de la situación han señalado a este diario que la principal razón para que esos 3,85 millones de euros no hayan salido finalmente de las arcas públicas y no hayan llegado a los campamentos es la falta de capacidad de las agencias de la ONU para absorber y gestionar tal cantidad de dinero. “Es un dinero que se han comido”, se quejan desde el Polisario.

Un paciente en un hospital de los campamentos de refugiados saharauis de Tinduf (Argelia). | FRANCISCO CARRIÓN

Recortes en las raciones alimentarias de la ONU

La situación es especialmente grave en los campamentos de refugiados saharauis. En marzo un consorcio de ONG que trabajan desde hace décadas sobre el terreno alertó del “continuo deterioro de la situación humanitaria, que afecta directamente a más de 173 600 personas”. El comunicado recalcaba en que la reducción de las raciones alimentarias de emergencia distribuidas por el Programa Mundial de Alimentos (PMA) de cerca del 30%, desde noviembre de 2023, “está afectando a decenas de miles de familias refugiadas que dependen casi exclusivamente de estas raciones para su subsistencia, ante la falta de alternativas sostenibles en una zona árida y desértica con condiciones climáticas extremas”.

La ONU advierte de un empeoramiento de las tasas de anemia entre las mujeres embarazadas y lactantes y el retraso del crecimiento entre la población infantil

Las últimas encuestas realizadas por el PMA y ACNUR sobre la situación nutricional en los campamentos muestran “un empeoramiento de los indicadores nutricionales, en particular las tasas de anemia entre las mujeres embarazadas y lactantes y el retraso del crecimiento entre la población infantil, menor de cinco años, amenazados los progresos realizados hasta 2020”. La pandemia del Covid19 primero y más tarde y la irrupción de la guerra en Ucrania han provocado la inflación de los productos de alimentación en el mercado internacional ahondando la situación ya delicada en Tinduf.

La del Sáhara, ex colonia española ocupada desde 1975 por Marruecos vulnerando el derecho internacional, es una crisis olvidada para la comunidad internacional. Las ONG se han quejado sistemáticamente de que la multiplicación de las crisis afectan a la financiación de los programas de la ONU, “con una reducción de alrededor del 20% de ACNUR en todos los sectores básicos, como la salud, el agua o la educación”.

Una coyuntura en la que este año podría repetirse el escenario de que parte del dinero reservado por la cooperación española para la población saharaui no acabe alcanzando los campamentos. La falta de nuevos presupuestos generales para 2024 ha causado que se prorroguen las cuentas del año pasado y también la misma cuantía de la ayuda a la población saharaui, unos 15,5 millones de euros. Fuentes gubernamentales consultadas por este diario aseguran que la intención es, este año, desembolsar toda la partida presupuestada.