Moncloa acepta la oferta del PP de una reunión con la UE para el CGPJ pero reitera el plazo de 15 días

Solo queda una oportunidad para el acuerdo. Solo una. Y es el PP el que tiene en su mano aprovecharla o no. Es el mensaje que deja el Gobierno a Alberto Núñez Feijóo. O pacta la renovación del Consejo General del Poder Judicial antes de julio —en un plazo de 15 días, por tanto—, o bien el Ejecutivo promoverá con sus socios una reforma para privar al órgano de los jueces de su potestad para hacer los nombramientos de la cúpula judicial. Los populares rechazan una reunión a dos con el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y exigen que en esa cita esté presente de nuevo la Comisión Europea. El Ejecutivo acepta, no pone pegas. Pero recalca que el plazo es el que es, y no se moverá de él: 15 días.

Es más, según informaron fuentes de la Moncloa, Bolaños se puso en contacto en la tarde de este miércoles con la vicepresidenta de Valores y Transparencia de la UE, Věra Jourová, para trasladarle su voluntad de retomar las negociaciones con el PP para desbloquear el CGPJ, y le sugirió dos fechas: este mismo viernes en Madrid o bien la próxima semana en Bruselas. Ahora, una vez recogido el guante por parte del Ejecutivo tras la advertencia del PP de que no aceptaría un encuentro a dos, solo con el ministro, todo queda a expensas de la respuesta de la Comisión.

Si no hay pacto, la alternativa que el Ejecutivo de coalición pondrá sobre la mesa no será la rebaja de las mayorías, sino una reforma para quitar al CGPJ su facultad para nombrar la cúpula judicial

La jornada se convirtió en un frenesí de mensajes de ida y vuelta del Gobierno al PP y con Bruselas como último punto de destino. Arrancó el presidente en TVE, en La hora de La 1. Allí fue donde lanzó su órdago: si antes de julio no hay acuerdo con el PP, si los populares continúan "con este bloqueo", "las negociaciones se acabaron" y PSOE y Sumar llevarán una propuesta al Congreso para acabar con el "secuestro" del órgano de gobierno de los jueces. "El día de la marmota", después de más de cinco años y medio, "desde hace más de 2.000 días, se acabó". No habrá más concesiones a Génova, insistió. Si no hay pacto, la alternativa que el Ejecutivo de coalición pondrá sobre la mesa no será la rebaja de las mayorías, sino una reforma para quitar al CGPJ su facultad para realizar los nombramientos de magistrados del Supremo o de los Tribunales Superiores de Justicia. Pedro Sánchez remitía así al llamado plan Guilarte, a la propuesta que llevó a las Cortes el presidente suplente del órgano, el conservador Vicente Guilarte.

El paso siguiente dado por el Gobierno llegó a través de un mensaje. El que remitió Bolaños al vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, para citarle el viernes en Madrid a una reunión con la que retomar las conversaciones. El PP primero respondió de forma airada, avisando de que no aceptaría "chantajes", ni "bravuconadas" por parte del Gobierno. "Sus urgencias no son las nuestras", sostuvieron fuentes de la dirección popular.

"Encuentro a tres con carácter urgente"

Después, Génova comunicó que Pons se había dirigido por la tarde a la vicepresidenta Jourová para "informarle del intento del presidente del Gobierno de desestabilizar la negociación mantenida con el Partido Popular y con la supervisión" de Bruselas "para la mejora del modelo judicial de nuestro país". Ante el "ultimátum y el chantaje" de Sánchez, el dirigente conservador solicitó "un encuentro a tres con carácter urgente".

En el Gobierno no vieron con malos ojos la respuesta de los populares, porque suponía, decían, que el PP decidía volver a la mesa de negociación. Y si quería que regresara la Comisión Europea a su papel de mediadora, no habría problema. Eso explica, de hecho, que Bolaños se pusiera en contacto con Jourová para trasladarle su voluntad de una reunión a tres para reanudar las negociaciones con el PP, con esa doble propuesta de fecha: el viernes en Madrid, si se puede desplazar la vicepresidenta, o bien la próxima semana en Bruselas. El ministro aún está recuperándose de su operación de urgencia por apendicitis, la que motivó su ingreso en el hospital Ramón y Cajal de Madrid el lunes por la tarde.

Si quieren con Europa, será con Europa. Pero el reloj corre. Si quieren llegar a un acuerdo, aquí estamos, pero el día de la marmota se acabó", advierten desde Ferraz

"Lo importante es que hemos conseguido que vuelvan a sentarse. Si quieren que intervenga Jourová, bien. Ellos sabrán. En junio termina el plazo para cerrar el acuerdo", sentencian fuentes del máximo nivel de la Moncloa. "Si quieren con Europa, será con Europa. Pero el reloj corre. Si quieren llegar a un acuerdo, aquí estamos, pero el día de la marmota se acabó", afirman a su vez desde Ferraz, el cuartel general socialista. La posición del Gobierno, por tanto, es clara: si el PP prefiere negociar con la supervisión de la Comisión Europea, no habrá problema, pero sin más dilaciones.

Bruselas es quien debe responder ahora. Jourová asumió el expediente de las negociaciones Ejecutivo-PP para el desbloqueo del CGPJ el pasado abril, una vez que el comisario de Justicia, Didier Reynders, salió temporalmente del Ejecutivo comunitario para centrarse en su campaña para la secretaría general del Consejo de Europa. Él se reincorpora a sus funciones el próximo 25 de junio. Bolaños, Pons y Reynders mantuvieron tres reuniones —dos en Bruselas y una tercera en Estrasburgo—, y la cuarta, que se iba a celebrar a finales de marzo en Madrid, se canceló a petición del PP. Nunca hubo más encuentros. Pero el comisario sí dijo a primeros de abril que las dos partes estaban "muy cerca" del acuerdo para la renovación del CGPJ, por lo que faltaba solo la "señal" política para decidir "cuándo" hacerlo.

Pero nada se avanzó desde entonces. Se solaparon tres campañas electorales —las vascas del 21 de abril, las catalanas del 12 de mayo y las europeas del 9 de junio— y no había clima propicio, por tanto, para el entendimiento. Pero el Gobierno ya avisó, antes de los últimos comicios, que no esperaría más una vez acabado el ciclo electoral. Y eso fue lo que verbalizó explícitamente este miércoles Sánchez desde la tele.

La modificación legislativa que delineó el presidente, sin embargo, no procuraría la renovación del órgano de gobierno de los jueces por sí misma. Porque lo que busca es vaciar de funciones al CGPJ, restarle el "incentivo perverso" que tiene para el PP, pero los componentes del órgano no serían relevados, porque no se rebajarían las mayorías, según dijo el propio Sánchez. La ley exige una mayoría cualificada de tres quintos de Congreso y Senado para la elección de los 12 miembros del turno judicial y los ocho del cupo de juristas de reconocido prestigio.

Bruselas ya advirtió de que censuraba una rebaja de esas mayorías, porque mermaría la pluralidad del órgano, por eso la Moncloa enterró la propuesta de reforma que había registrado con Unidas Podemos la pasada legislatura, una vía que, al menos por ahora, no ha vuelto a explorar. La solución del Ejecutivo busca aliviar la situación del TS, de los TSJ, de las audiencias provinciales o de la Audiencia Nacional, que ya acumulan muchas bajas no cubiertas, dado que lo que sí que hicieron PSOE y Unidas Podemos fue quitar al CGPJ de su poder de realizar nombramientos mientras estuviera en funciones. Ahora se trataría de que esa competencia, directamente, saliera del órgano, por lo que controlar el Consejo no tendría ya mayor interés político. La Comisión Europea pide dos cosas: la renovación "con carácter prioritario" del CGPJ, como quiere el Ejecutivo español, pero también iniciar, "inmediatamente después", el proceso para una reforma del modelo de elección de los vocales, de tal manera que los jueces seleccionen a sus pares, en línea con lo que desea el PP. Pero Bruselas demanda ejecutar ambas cuestiones de manera consecutiva, mientras que Génova exige acompasar las dos.

Lo que pretende el Ejecutivo es aliviar la situación de los tribunales, que acumulan muchas bajas no cubiertas, y restarle interés político al bloqueo

Dos semanas y media por delante es el plazo para sellar un acuerdo entre el Gobierno y el PP. Este intento puede ser el definitivo, el que triunfe después de cinco años y medio de bloqueo —el actual Consejo, nombrado en diciembre de 2013, en tiempos de la mayoría absoluta de Mariano Rajoy, entró en funciones en diciembre de 2018, y desde entonces su mandato está vencido—, o bien el que dé paso a una reforma del modelo sin consenso con el PP.