Toda la legislatura está, en realidad, abocada a un stand by de duración incierta. Porque todo depende de cómo se resuelva la gobernabilidad en Cataluña. Y es pronto para saber si Salvador Illa logrará ser investido o la comunidad irá de nuevo a las urnas en octubre. Pero el Gobierno intenta seguir avanzando con sus compromisos con sus socios, intentando equilibrar, compensar a ERC sin descuidar a Junts, mimar a Junts sin olvidar a ERC. Un delicadísimo juego que por ahora no le ha estallado en las manos. A costa de una ralentización extraordinaria de la actividad legislativa, en comparación con el frenesí del mandato anterior, en el que se aprobaron 216 leyes.

Uno de los compromisos de investidura contraído por los socialistas con ERC, y medular, era la condonación de 15.000 millones de euros a Cataluña. Una medida que, como figura en el acuerdo suscrito por los republicanos y ha repetido desde entonces el Ejecutivo, será extensible a todas las comunidades autónomas. Incluidas, por tanto, las lideradas por el PP, que son 11 —más Canarias, que vicepreside—. Hacienda ha estado trabajando desde noviembre pasado en la plasmación técnica de este mecanismo, y comenzará "pronto", según avanzaban este jueves fuentes del Gobierno, a dialogar con las autonomías para calcular las respectivas cuantías. El ministerio ha concluido que el instrumento necesario para habilitar esa condonación de la deuda territorial ha de ser una ley. Una ley y no una disposición de menor rango. Y esto es importante porque, al requerir del visto bueno del Parlamento obliga también al PP a retratarse. La foto no será fácil de digerir para la dirección de Alberto Núñez Feijóo, que incluso pidió a sus barones que rechazaran ese alivio fiscal.

El acuerdo con Cataluña supondrá la asunción, por parte del Estado, de un 20% de la deuda de la Generalitat con el FLA: 15.000 millones de euros

El acuerdo firmado con ERC el pasado noviembre se indicaba que con el fin de "sanear la situación financiera de la Generalitat y facilitar su vuelta a la financiación en los mercados de deuda, se procederá a tramitar una modificación legal de alcance general para todas las comunidades autónomas de régimen común que permita la asunción por parte del Estado de parte de la deuda autonómica con este". El documento esbozaba cómo tendría que hacerse el cálculo: se determinará qué parte del incremento del pasivo obedece al impacto negativo del ciclo económico. En el caso de Cataluña, la operación supondrá la asunción, por parte del Estado, de un 20% de la deuda vida contraída por la Generalitat con el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA). El coste para el Estado será de 15.000 millones de euros, que se traducen en un ahorro de en torno a 1.300 millones en intereses.

El trabajo de Hacienda, a partir de la firma del acuerdo con ERC, ha sido "interno", para afinar los cálculos y hacerlos extensibles a todas las CCAA. Pero en breve arrancan las conversaciones con todas ellas, según indican en el ministerio. El punto de destino será la redacción de la norma: "Se hará por ley", confirman desde el Ejecutivo, porque esa es la herramienta que han avalado los servicios jurídicos. Y es que hasta ahora no se había concretado cómo se canalizaría la modificación legal necesaria para posibilitar la quita autonómica.

Acuerdo de legislatura de PSOE y ERCDescarga

Tal y como precisan desde el entorno de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, la cancelación de la deuda podría tramitarse vía real decreto ley —en cuyo caso se requiere la convalidación del Congreso en los treinta días siguientes— o vía proyecto de ley —un procedimiento bastante más largo, que exige de informes previos y el paso por Congreso y Senado—. Pero la consecuencia es la misma: que todos los grupos parlamentarios tendrán que fijar posición. También el PP.

Cataluña, la comunidad que más debe al FLA

El Gobierno da por hecho que sacará adelante esa ley con el apoyo de sus socios y espera que también de los populares. Pero, como deslizan en el equipo de Montero, podría suceder que el PP lo rechazara en el Congreso y luego las comunidades gobernadas por sus barones sí aceptaran la quita, porque lógicamente alivia sus respectivas arcas públicas. Pero entonces, advierten, saltarían a la vista las contradicciones del principal partido de la oposición. El PP, en cualquier caso, "quedará retratado", añaden en el Gobierno.

La reforma del modelo de financiación sí parece mucho más complicada porque Hacienda quiere un acuerdo con el PP y no tiene "una posición"

Cataluña es la comunidad que más debe al FLA (74.087 millones de euros, según los datos del Banco de España, a diciembre de 2023), seguida de Comunitat Valenciana —gobernada por el PP, 50.083 millones—, Andalucía —también del PP, 25.337 millones—, y Castilla-La Mancha —liderada por el PSOE, 12.635 millones—. Madrid no está adscrita a este mecanismo, pese a ser una comunidad del régimen común, como no lo están Euskadi y Navarra, que tienen un sistema económico propio, el foral. La región madrileña tiene contraída deuda no con el Estado a través del FLA, sino con terceros. El acuerdo con ERC incluía también la posibilidad de acudir a transferencias "para la cancelación de la deuda en el caso de endeudamiento con terceros distintos del Estado, caso de ser necesario".

02.11.2023, Barcelona Firma del acuerdo PSOE-ERC. foto: Jordi Play/PSC
El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños (i), estrecha su mano con el hasta ahora presidente de ERC, Oriol Junqueras (d), tras la firma del acuerdo para la investidura de Pedro Sánchez, el pasado 2 de noviembre de 2023 en Barcelona. | PSC / JORDI PLAY | PSC / JORDI PLAY

El alivio fiscal a las CCAA puede llegar a salir adelante en esta legislatura, pero será mucho más complicado que quede aprobado un nuevo sistema de financiación autonómica. Montero insistió este jueves en RNE que quiere impulsar una "reforma global", negociada de forma multilateral con todas las CCAA, que a su vez atienda las "singularidades" de territorios como Cataluña, informa EFE. Pero a lo que no está dispuesta Hacienda es a diseñar una "financiación singular" y única para Cataluña, como exige ERC como condición indispensable para investir a Illa.

"Tenemos que hacer ambas cosas. Tenemos que ser capaces de impulsar un modelo que sea válido para todas las comunidades —señaló la ministra, haciendo un llamamiento explícito al PP para llegar a un acuerdo— y Cataluña también tendrá que ver satisfechas sus necesidades de las competencias singulares que tiene".

Es decir, lo que pretende Hacienda es dar vida a un nuevo modelo de financiación único para todas las CCAA del régimen común (todas, menos Euskadi y Navarra), pero que a su vez compense las "cuestiones singulares" de Cataluña —sus competencias propias como Mossos d'Esquadra, prisiones o en materia judicial— y de otros territorios —como el carácter insular de Baleares y Canarias—. Nada que ver, inciden en Hacienda, con el cupo catalán que quiere ERC.

Montero insiste en que está dispuesta a negociar "cuestiones singulares" para compensar a Cataluña por sus competencias extra, pero no una "financiación singular" como exige ERC

"No vamos a negociar nada fuera del marco del modelo de financiación, y el problema es que el PP no tiene una posición común. La financiación se negocia multilateralmente, y lo que sí hablaremos de forma bilateral es la condonación de la deuda", señalan fuentes muy próximas a Montero. En definitiva, la quita autonómica podrá salir adelante porque será una ley que recabe el apoyo parlamentario, pero el nuevo modelo de financiación probablemente no vea la luz porque Hacienda quiere el acuerdo con el PP, y no lo ve por la senda del acuerdo, porque ni siquiera los barones conservadores tienen una posición única.

La enmienda de totalidad retirada 'in extremis' por Junts

Entretanto, el Ejecutivo se anda con pies de plomo en su relación tanto con ERC como con Junts. Este jueves, salvó una votación importante en el Congreso: los posconvergentes habían presentado una enmienda de totalidad al proyecto de ley de creación de la Oficina Española de Derechos de Autor y Conexos. La retiró en el último momento porque había pactado con el Gobierno la inclusión de una cláusula catalana para poder leyes en el Congreso siempre que se reconozca el ámbito competencial de la Generalitat.

El partido de Puigdemont logra incluir en la ley que crea la Oficina de Derechos de Autor la 'cláusula catalana', que exigirá para todas las iniciativas, a cambio de sus siete votos

El diputado de Junts Eduard Pujol lo vendió como un gran triunfo de su formación, pues ese mecanismo se incorporará a todas las leyes y será una constante en las negociaciones con el Ejecutivo, ya que si no se suma a la redacción "no tendrá el voto a favor del grupo". Y los siete votos del partido de Carles Puigdemont son fundamentales. "La enmienda de Cataluña es este mecanismo que permite corregir los textos cuando no llevan de entrada el respeto competencial que corresponde al marco competencial de la Generalitat de Cataluña", explicó.

Los socios del Ejecutivo quitaron hierro a la cláusula catalana. En la Moncloa indicaban que el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, según les había trasladado, simplemente se había remitido a la redacción del Estatut catalán. Y el portavoz de Sumar, Íñigo Errejón, recalcó que ese mecanismo es algo que "lleva haciéndolo el PNV mucho tiempo, no explícitamente, reivindicando que haya una página que lo diga o una línea que lo diga". Las sumas en la Cámara, admitió, son complejas y "hace falta más mano izquierda", pero a la postre "las leyes salen" y "la legislatura avanza".

PSOE y Sumar quitan hierro a la 'cláusula catalana' de Junts y se congratulan del éxito en las votaciones: "La legislatura avanza"

La misma lectura hacían desde el Ministerio de la Presidencia, agregando que la maquinaria, aunque más lenta, no para: se ufanaban de que la ley de creación de la Oficina de Derechos de Autor había superado el debate de totalidad este jueves con 314 apoyos (incluido el PP, incluso), por los 33 en contra de Vox. Y también el Congreso convalidó por unanimidad —347 votos a favor, una abstención de un diputado de la formación de Santiago Abascal— la suspensión de los desahucios hipotecarios para deudores en situación de vulnerabilidad hasta el 15 de mayo de 2028, una medida que lleva prorrogándose más de una década, desde 2013. "Y en breve llegará la ley de paridad y otras tantas, y así semana a semana", señalaban.

Una "legislatura compleja"

Pero la ley maestra que permitirá estabilizar al Ejecutivo y conceder una mirada larga a la legislatura serán los Presupuestos Generales del Estado para 2025. Y solo saldrán aprobados si se desanuda la gobernabilidad en Cataluña. Y, por ahora, es difícil hacer pronósticos, aunque los obstáculos que se están cruzando —el último, la composición de la Mesa del Parlament, de mayoría independentista y con el posconvergente Junts de presidente, el pasado lunes— no invitan a mantener un total optimismo.

En el Gobierno creen que el acuerdo de ERC con el PSC en el Ayuntamiento de Barcelona "allana el camino" para investir a Illa, pero advierten de que hay "mucha precaución"

En la Moncloa apuntan que el acuerdo de ERC con el PSC para incorporarse al Gobierno de Barcelona puede ser un paso en la buena dirección. "Creemos que allana el camino para que Illa pueda ser president", indican. Pero ese pacto ha de ser validado por las bases republicanas de la capital catalana y, en última instancia, por la dirección nacional del partido, y ese referéndum interno ha sido aplazado: ayer por la tarde se tuvo que posponer por falta de aforo dada la afluencia imprevista de militantes. Señal, por cierto, de que se movilizaron los afiliados más contrarios al entendimiento con el PSC, según admitían en la cúpula de ERC.

"Pero cualquier cosa que digamos en estos momentos le va mal a ERC. Está todo el mundo que no quiere que se hable. Hay mucha precaución. Hay ruidos internos en todos lados y nadie quiere que el Gobierno diga nada ni a favor ni en contra", reflexionan en el núcleo duro del presidente. Tampoco se atreven a pronosticar si el gesto de Junts de este jueves, retirando su enmienda de totalidad a una ley del Gobierno, preludia una normalización de las relaciones. A fin de cuentas, todo queda sujeto a lo que ocurra en Cataluña, pero al menos el Ejecutivo intenta estabilizar las relaciones con sus socios, sin herir a ninguno de ellos, guardando equilibrios y manteniendo la prudencia en las declaraciones.

Sánchez insiste en que acabará la legislatura y no habrá adelanto electoral. Y no ve una repetición de las catalanas en octubre

Pedro Sánchez, durante su comparecencia en la Moncloa con el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, fue preguntado de nuevo por la duración de la legislatura. El jefe del Ejecutivo se felicitó del apoyo del Congreso a las dos iniciativas sometidas a debate este jueves, y reconoció que está es "una legislatura compleja, sin duda alguna", pero si hay un Gobierno "que puede gestionar y manejar esa complejidad es el de PSOE y Sumar". "No hay ninguna otra alternativa al Gobierno de coalición progresista", recordó.

El presidente no mostró preocupación por el escenario adverso que se le está levantando al PSC y a su primer secretario, Salvador Illa. Advirtió que el nuevo Ejecutivo en Euskadi, de PNV y PSE, se conformará la próxima semana, cuando hayan pasado dos meses de las elecciones vascas. "Estoy convencido de que también en Cataluña habrá Gobierno. Y, por tanto, no iremos a ese escenario de repetición" de los comicios en octubre, remachó. De nuevo, descartó un adelanto de las generales o la hipótesis de que haga coincidir estas con las segundas urnas en Cataluña. Insistió en que por delante quedan "tres años para seguir implementando políticas progresistas, de derechos, de empleo, de convivencia y de compromiso con la paz en el escenario internacional". Sánchez apuntaló su argumentación con dos últimos buenos datos económicos: el cuarto desembolso de los fondos europeos aprobado el miércoles por la Comisión Europea o la revisión al alza de las cifras de crecimiento económico por parte de entidades como el BBVA.

—Somos un Gobierno en plena forma, ¿verdad, vicepresidenta? —preguntó Sánchez, miró a Yolanda Díaz, la líder de Sumar, sentada enfrente de él. Era su manera de expresar su confianza en que la coalición es fuerte pese a la renuncia de la vicepresidenta segunda a sus cargos orgánicos. Su manera de subrayar que el Gobierno es estable. Los nubarrones, sin embargo, siguen ahí.