Fue una de las cuestiones que más tiempo consumió de la reunión de la comisión de seguimiento del pacto entre el PSOE y Sumar. Dentro de las llamadas medidas para la regeneración democrática, se habló, y mucho, de los medios de comunicación, más que de la Justicia o del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Y el principal acuerdo al que llegaron fue la puesta en marcha, tras las elecciones europeas, "de una comisión de expertos para abordar el tema de las fake news, de la desinformación y de los pseudoperiodistas en el Congreso de los diputados", así la menos lo han explicado a El Independiente fuentes de los socios minoritarios de la coalición.

Se trataba de "poner contenido al punto y aparte" del que habló el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuando decidió, tras cinco días de supuesta reflexión, que no se iba, que se quedaba. Hubo coincidencia en que el de la prensa se trata de un asunto "complejo y difícil", de ahí que acordaran la constitución de este grupo para que estudie "la legislación internacional y la forma en que países de nuestro entorno regulan la actividad periodística", al menos, los que lo hagan, al margen de las medidas ya previstas sobre el reparto de publicidad institucional. En el escueto comunicado que divulgaron PSOE y Sumar de su cita del pasado 16 de mayo se limitaron a hablar de la creación de un grupo de trabajo entre los socios de Gobierno para "desarrollar medidas de regeneración democrática", sin más concreciones.

Algo más avanzó el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, el martes de la semana pasada en una entrevista en La hora de La 1 de TVE al aludir a una directiva de la Unión Europea sobre la libertad de los medios de comunicación y citar por cuatro veces consecutivas lo de la "máquina del fango". Realmente es un reglamento, aprobado el pasado mes de marzo, y sobre el que este medio ya informó en abril, cuyo objetivo es, contra las pretensiones de Moncloa, proteger la "libertad de los medios de comunicación, a los periodistas y prestadores de servicios de comunicación", según su propio enunciado.

La parte más llamativa de este reglamento es la creación de un Comité Europeo de Servicios de Medios de Comunicación, que afecta tanto a los medios públicos como privados y a grandes plataformas, no así a las redes sociales, que quedan excluidas. El Gobierno de coalición parece mirarse en ese comité europeo como un modelo a seguir, aunque los criterios que regirán su funcionamiento, según el texto europeo, son "plena independencia en el desempeño de sus funciones o en el ejercicio de sus competencias. En particular (...) no pedirá ni aceptará instrucciones de ningún Gobierno, institución, persona u organismo".

Y aquí surgen varios interrogantes, esto es, cuál será el criterio para la elección de esos expertos de los que hablaron PSOE y Sumar, quién compondrá el comité y hasta dónde llegará el alcance de sus propuestas y si viene para quedarse como un órgano estable supervisor de la prensa. Cabe recordar que el partido de Yolanda Díaz lanzó en la campaña de las elecciones generales del 23-J una controvertida propuesta para expulsar de la profesión a aquellos informadores que "manipulen y desinformen".

Sumar presentó una propuesta para expulsar y multar periodistas

Se montó tal polvareda que los magentas se vieron obligados a dar marcha atrás bajo el argumento de que se trataba de un "error en el proceso de elaboración y transcripción" del programa electoral, pero antes de ese borrado instaban a la redacción de un código deontológico periodístico "que acabe con las informaciones falsas y contemple graves sanciones y la expulsión de la carrera periodística a quien manipule y desinforme".

Además, el jefe del Ejecutivo explicó este domingo en una entrevista en La Vanguardia que este mes de julio presentará lo que calificó como "plan de acción democrática" que incluirá también cambios en ley orgánica sobre el derecho al honor y la del derecho a la rectificación".

Podemos también ha incidido en este asunto y presentado una proposición de ley en la que deja entrever algunas de las obsesiones de esta formación contra una serie de periodistas como Antonio García Ferreras, Ana Rosa Quintana o Pablo Motos para que revelen "sus intereses económicos". "Los ciudadanos tienen derecho a conocer cuáles son los condicionantes y contextos de la información y las opiniones que reciben", alegan en la exposición de motivos.

Para terminar de cerrar el círculo, el presidente del Gobierno se ha venido despachando en las últimas fechas contra aquella prensa que ha publicado informaciones sobre las actividades empresariales de su esposa, Begoña Gómez, bajo acusaciones de mentir, de ser pseudomedios y de tener tendencia "claramente ultraderechista". Así lo escribió en su primera 'carta a la ciudanía' cuando se conoció que el juez Juan Carlos Peinado había abierto diligencias a raíz de una denuncia de la organización ultra Manos Limpias por presuntos delitos de tráfico de influencias y de corrupción en los negocios contra Gómez. El día que el juez Peinado puso fecha a la comparecencia ante el juzgado de la inquilina de la Moncloa (el 5 de julio próximo) hubo otra misiva para acusar al magistrado de querer interferir en el proceso electoral de las europeas.

Alvise entra en escena

Están pues los medios de comunicación en el punto de mira del Ejecutivo y de algunos de sus socios, junto con la justicia y los partidos oposición, los que conforman, dicen, una conspiración para "quebrar" al presidente del Gobierno mediante lo que llama una y otra vez la "máquina del fango". Además, Sánchez se ha abonado a un nuevo mantra que tiene como protagonista al activista ultra Alvise Pérez, quien, con su candidatura Se Acabó La Fiesta, consiguió el pasado 9-J tres eurodiputados. No ha perdido ocasión el presidente del Gobierno para citarlo en mítines, sesiones de control parlamentarias y entrevistas y hablar de un nuevo trifachito, el que formarían PP, Vox y Alvise.

Curiosamente de lo que menos se habló en la reunión de la comisión de seguimiento del pasado 16 de mayo fue de la renovación del Consejo General del Poder Judicial, según han confesado las mismas fuentes de Sumar. "Se trató muy por encima porque no parecía que ellos quisieran hablarlo ahí", en alusión a la delegación socialista, por lo que, al menos en ese momento, no se les adelantó nada de los planes de Sánchez de lanzar un ultimátum al PP, tras cinco años de bloqueo del órgano de gobierno de los jueces, ni, mucho menos, detalle alguno sobre qué es lo que pasa por la mente del jefe del Ejecutivo cuando habla de "cambios" en las competencias de nombramientos del mismo.

La delegación socialista estaba encabezada por la vicepresidenta primera y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero; el ministro de la Presidencia y de Justicia, Félix Bolaños; la portavoz de la ejecutiva federal del partido, Esther Peña, y el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Rafael Simancas. Por parte del socio minoritario acudieron el ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun; la directora de Gabinete de la vicepresidenta segunda, Virginia Uzal; el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, y la secretaria de Organización, Lara Hernández.