Junio sigue avanzando y no hay todavía acuerdo para desbloquear el Consejo General del Poder Judicial, cuyo mandato caducó hace cinco años y medio. Más de 2.000 días. Apenas quedan diez días para que se cumpla el plazo dado por el presidente al líder de los populares y nada parece haberse movido. Al menos, puertas para fuera. No hay "avances", constatan en el Gobierno. Pero en la Moncloa ya avisan de que si Alberto Núñez Feijóo rechaza acordar la renovación del órgano de gobierno de los jueces, no tendrá oportunidad de elegir al número dos del Banco de España, la otra gran institución pendiente de relevo. Igual que puede hacerse casi imposible entonces un pacto para la cobertura de un magistrado del Tribunal Constitucional, para la sustitución de seis consejeros de RTVE o para el reemplazo de cinco miembros de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. El Ejecutivo quiere pactar todo el paquete, pero sobre todo la pieza clave, el CGPJ. "El PP no puede elegir qué órganos quiere renovar y cuáles no", advierten en el equipo de Pedro Sánchez.

Es cierto que públicamente el Gobierno no ha utilizado esa carta. Es decir, que no ha amenazado de forma directa al PP con dejarle fuera de órganos cuya renovación total o parcial es ya necesaria. Pero sí ha deslizado que no es posible una elección a la carta. "Parecería lógico que en todos los mandatos de renovación [de los órganos pendientes] estuviera el PP", decía la vicepresidenta primera del Ejecutivo y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, el pasado 4 de junio, apenas unos días antes de la salida del gobernador del Banco de España (BdE), Pablo Hernández de Cos, al cumplirse sus seis años en el cargo. Lo importante, aseguraba Montero en aquel momento, era comprobar si "la actitud de bloqueo" del PP se mantendría o no en unos casos sí y en otros no. "No tiene ningún sentido bloquear la renovación del CGPJ y que sí se preste a renovar otros órganos", sostuvo.

Todo depende de la actitud que demuestre el PP en la renovación del CGPJ. No puede ser que no quieran hablar de renovarlo y nos pidan su cuota en RTVE", señalan en el Ejecutivo

Desde entonces, el Gobierno no ha vuelto a pronunciar un mensaje similar dirigido al PP. Pero sí mantiene que no se puede deslindar el Poder Judicial de las otras renovaciones pendientes. Y la prueba de fuego es el órgano de gobierno de los jueces, por su importancia constitucional, porque hace más de cinco años y medio que venció su mandato, por el coste económico y de funcionamiento que está generando el bloqueo en la Justicia. "Al final, todo depende de la actitud que demuestre el PP en la renovación del CGPJ. No puede ser que no quieran hablar de renovarlo y nos pidan su cuota en RTVE. Si su actitud en el Consejo sigue siendo de bloqueo, no podemos darles la tele, por ejemplo", razonan en el primer círculo de confianza de Sánchez.

Otra fuente muy próxima al presidente incide en la misma línea: "Está relacionado todo, pero no está condicionado nada. Si hay un ambiente en el que hay facilidad para llegar a acuerdos, será más fácil todo, y si hay un bloqueo en lo principal [el CGPJ], el contexto será más complicado. Ojalá entremos en todo. Siempre hemos querido pactar todo desde que entramos en el Gobierno. Hemos llegado a muchos acuerdos con el PP. Aquí la pregunta es si [Feijóo] puede, si los elementos más extremistas del PP que no están por la labor quieren. Porque el PP tiene ultraderecha en su interior".

El mandato de Hernández de Cos acabó el 11 de junio y el de la subergobernadora, que ha asumido sus funciones aunque con menos poder, concluye el 11 de septiembre

El gobernador del BdE, Hernández de Cos, acabó su mandato el pasado 11 de junio. Las riendas las pasó a asumir entonces la subgobernadora, Margarita Delgado. Es la primera vez que la persona que ocupa el puesto de número dos de la institución pasa a ejercer el cargo de gobernador, aunque de forma interina y con menos atribuciones, porque no tiene derecho a voto en las reuniones del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE). Así lo prescriben los estatutos de esta institución europea. Pero el mandato de la propia Delgado concluye el 11 de septiembre, de modo que este periodo de stand by durará poco.

Antes del 18 de julio

Muy poco, de hecho. Este miércoles, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, adelantaba en 24 horas, en RNE, que el Gobierno nombrará nuevo gobernador antes del 18 de julio, que es cuando está agendada la siguiente reunión sobre política monetaria del BCE, en la que quiere que España tenga voz y voto. En el Ejecutivo recuerdan que, según el artículo 24.1 de la ley que regula el Banco de España, el cargo de gobernador es nombrado por el Rey a propuesta del presidente del Gobierno. Es decir, que Sánchez no tiene que pactar su nombre con el PP. Lo que tradicionalmente han hecho los gobiernos es acordar el número dos con el principal partido de la oposición, de tal manera que en la cúpula del BdE estén representados PSOE y PP. Pero la ley no lo exige, no impone el pacto. La elección del subgobernador no tiene por qué ser simultánea a la de su jefe, el gobernador.

En marzo de 2024 caducó el mandato de cinco consejeros de RTVE, y además hay que cubrir la vacante de Pérez Tornero, que dimitió como presidente y consejero en septiembre de 2022

En el TC solo se sientan 11 magistrados. Falta uno. El conservador Alfredo Montoya renunció a su cargo en julio de 2022, de 85 años, por motivos de salud. Su sustituto lo ha de promover el PP —y en ese caso el tribunal de garantías seguiría teniendo mayoría progresista, de siete magistrados frente a cinco, en lugar del 7-4 actual—, pero el Gobierno siempre ha indicado lo mismo: primero, el CGPJ.

En marzo de 2024 caducó el mandato a su vez de la mitad del consejo de administración de RTVE. Tres años antes, cuando Gobierno y PP pactaron la cúpula de la tele, se procedió a un sorteo para saber quiénes de entre sus 10 miembros tendrían que dejar el cargo a los tres años, tal y como ordena la ley. Y fueron elegidos los tres propuestos por el PP —Jenaro Castro, Carmen Sastre y Consuelo Aparicio—, el promovido por el PNV —Juan José Baños— y uno de los aupados por el PSOE —Ramón Colom—. Ellos cinco permanecen en su cargo desde marzo en funciones, pero además el Parlamento ha de cubrir la vacante que dejó José Manuel Pérez Tornero (cuota PSOE), que dimitió como presidente de la Corporación RTVE y como consejero en septiembre de 2022. A Tornero le sustituyó como presidenta interina, primero, Elena Sánchez y, desde el pasado marzo, Conchi Cascajosa.

Margarita Delgado, subgobernadora y ahora gobernadora del Banco de España en funciones, el pasado 18 de diciembre de 2023 en Madrid. | EUROPA PRESS / DIEGO RADAMÉS

Ahora mismo, también hay cinco vacantes —dos de ellas ocupadas en funciones— en la CNMC, y en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) tocará renovar al presidente y al vicepresidente en diciembre de este año. Los consejeros de RTVE sí son elegidos por las Cámaras, pero los de los organismos reguladores (CNMC y CNMV) son nombrados por el Gobierno, aunque por tradición los dos grandes partidos han interlocutado.

"Queda tiempo"

En el Ejecutivo se reconocen desconcertados por la actitud de los populares. "No sabemos lo que piensan porque no emiten. Solo hablan a través de los medios. No sabemos nada del PP", insisten en la Moncloa. Por el momento, no hay fecha para un nuevo encuentro entre los negociadores de Gobierno —el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños— y PP —el vicesecretario de Institucional, Esteban González Pons—, tras las tres reuniones que ambos mantuvieron con el comisario de Justicia de la UE, Didier Reynders.

En la Moncloa sostienen que no saben qué piensa hacer el PP porque "no emite" señales. "Solo hablan a través de los medios", indican

"Sería bueno que hubiese novedades. Pero queda tiempo", apuntaban este miércoles fuentes del Ejecutivo, recalcando que lo que está en marcha aún es ese plan a, la ventana de las conversaciones con el PP. Nada se sabe si se encajará una nueva reunión con la Comisión Europea, que desde enero ha ejercido el papel de mediadora. Bruselas ya advirtió la semana pasada que, para garantizar que ese nuevo encuentro sea efectivo, solicitaba de las partes que llevaran una propuesta conjunta para seguir avanzando. Reynders fue sustituido en su papel por la vicepresidenta de Valores y Transparencia, Věra Jourová, aunque el comisario regresará a su puesto la semana próxima tras la excedencia a la que se acogió para hacer campaña para la secretaría general del Consejo de Europa.

El vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, durante el mitin de cierre de campaña de las europeas, el pasado 7 de junio de 2024 en Valencia. | EUROPA PRESS / JORGE GIL

Solo si cuando arranque julio el Gobierno constata que los populares no se han movido, Sánchez pasará a la siguiente pantalla: la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para arrebatar al CGPJ su "incentivo perverso", según la expresión usada por el presidente hace una semana en la entrevista en TVE. Privar al Consejo, en definitiva, de su capacidad para hacer los nombramientos de la cúpula judicial —audiencias provinciales, Tribunales Superiores de Justicia autonómicos, Audiencia Nacional y Tribunal Supremo—, pero sin que esa potestad pase al Gobierno. Esa modificación legal, si llega, prometió Sánchez, será "respetuosa" con la independencia judicial y con la Constitución y acorde con la normativa europea.

Feijóo se abre al diálogo: "Lo vamos a intentar. Si no quiere romperlo [el Gobierno] como lo rompió la otra vez, lo vamos a intentar". Se puede cerrar "en 15 minutos", dice la Moncloa

El PP emite algunos mensajes públicamente que podrían interpretarse como una mayor disposición al diálogo para la renovación del CGPJ: "Lo vamos a intentar. Si no quiere romperlo [el Gobierno] como lo rompió la otra vez, lo vamos a intentar", manifestó este miércoles en los pasillos del Congreso. Los populares han puesto siempre por delante que junto al relevo del órgano hay que cambiar el modelo de elección de los 12 vocales del turno judicial, para que sean los jueces los que elijan a sus pares. Un sistema que en absoluto comparte el Ejecutivo, que sigue defendiendo que los 20 vocales —los 12 de extracción judicial y los ocho del cupo de juristas de reconocido prestigio— continúen siendo elegidos por Congreso y Senado, porque es en el Parlamento en el que descansa la soberanía nacional. En la Moncloa añaden que si el PP tiene voluntad de llegar a un pacto, entonces se podría firmar "en 15 minutos".

Los "jefes" de Feijóo

En definitiva, el mensaje que traslada el Ejecutivo es que todo depende de la voluntad del PP y de la firmeza que tenga Feijóo frente a las presiones del sector duro de su partido —encabezado por Isabel Díaz Ayuso y José María Aznar—, de Vox y de la derecha económica y mediática. Por eso Sánchez emplazó este miércoles a Feijóo a definirse, a responder a la pregunta de si esta vez cumpliría con la Constitución y accedería a renovar el CGPJ o si, "como siempre", cumplirá "con sus jefe Aznar, [Santiago] Abascal y Ayuso".

La presidenta madrileña advierte a su partido de que si la renovación no supone el cambio del sistema, el PP se arrepentirá: "Sería la estocada final para la separación de poderes"

En la Moncloa apuntaban, de hecho, a las últimas palabras de la presidenta madrileña, de este mismo miércoles y posteriores a las de Feijóo en el Congreso: "Si esa renovación no se hace a través de la modificación del sistema, va a hacer que nos arrepintamos. Sería la estocada final para la separación de poderes y contra el Poder Judicial que está entredicho y dividido por el propio Gobierno. A la democracia le quedan las horas contadas para que este Gobierno pueda tener una separación de poderes y unos contrapesos". Una posición, la de Ayuso, que había "trasladado", dijo, a Génova.

Desde luego, la tensión que se vivió en la sesión de control al Gobierno de este miércoles no era indicativa de un paréntesis en la lucha entre los dos grandes partidos. El presidente insistió en la necesidad de acordar el CGPJ, recordó a Feijóo quiénes son sus "jefes" —Ayuso, Aznar y Abascal— y el líder del PP replicó a Sánchez que su problema no es el órgano de gobierno de los jueces, sino la Justicia, por las investigaciones judiciales abiertas contra su esposa, Begoña Gómez, y su hermano, David Sánchez. Alta tensión de nuevo entre los dos líderes. Nada de fair play, como sí ocurrió en octubre de 2022, cuando los dos partidos estaban negociando y el pacto se tocaba con los dedos de las manos hasta que Feijóo lo rompió con el argumento de que el Ejecutivo no renunciaba a la reforma de la sedición y la malversación.

El plazo es "inamovible" hasta que el presidente, en todo caso, dijera lo contrario. En el Ejecutivo domina la reserva, pero los hay muy escépticos y quienes creen que puede haber una ventana

En el núcleo duro de Sánchez, hay quienes están prácticamente convencidos de que será imposible el acuerdo y otros que creen que esta vez puede cuajar in extremis. Pero la reserva es máxima, en todo caso y no se confirma en la Moncloa, por ejemplo, si hay al menos contactos discretos. En el equipo del presidente insisten en que no quieren dar más detalles del plan b porque ahora están concentrados en que prospere la negociación con el PP, teniendo en cuenta, eso sí, que no se podrá estirar. "Nos damos junio", recuerdan. "Cuando el presidente da un plazo, es inamovible hasta que él diga lo contrario —señala otra persona de ese anillo de confianza—. Quiero pensar que podemos llegar a un acuerdo, pero realmente no tenemos indicios". Al final, concluyen, esa es la clave, si el PP tiene voluntad o no de negociar y de poner fin a más de cinco años y medio de parálisis en un órgano constitucional. Esa será la piedra de toque. Y sin ella será casi imposible acordar las demás piezas.